El conflicto del topónimo va para largo: le toca al Consell probar que existe otro Castelló en Valencia

CASTELLÓ. El conflicto del topónimo va para largo y parece complicado que se pueda resolver antes de concluir la legislatura. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) todavía debe abrir el periodo probatorio dentro del recurso Contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de la capital de la Plana. Así lo explica el Acord de Fadrell en una respuesta realizada al PP.

Una vez que la Generalitat Valenciana y el consistorio de la localidad valenciana de Castelló (antes Villanueva de Castellón) han contestado a la demanda, ahora les corresponde acreditar por escrito la validez del cambio del nombre. Y no solo eso. También demostrar que la anulación de un decreto supone un riesgo de cometer prevaricación, argumento esgrimido por la administración autonómica desde el primer instante.

Camino de dos años de litigio 

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, a instancias de la alcaldesa, Amparo Marco, presentaron el litigio ante el TSJCV en enero de 2021. En julio de ese año, el mismo departamento aportó la última documentación adicional, que se incorporó al expediente para su valoración por parte de la sala asignada.

Meses después, el máximo órgano judicial autonómico informó al resto de partes implicadas acerca de la existencia de un contencioso. Acogiéndose al plazo legal, tanto el Consell como el municipio valenciano formularon las correspondientes observaciones antes de iniciarse el procedimiento.

Aunque el litigio está en marcha desde hace un año y 10 meses, lo cierto es que la disputa viene de mucho atrás. En junio de 2020, la localidad de la Ribera Alta solicitó a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) un informe para valorar las distintas alternativas sobre un cambio de nombre en función de la historia. La Secció d'Onomàstica señaló que la designación Castelló es "la manera tradicional por la cual es conocida la población en toda la comarca y por todos los vecinos".

El polémico decreto

A partir de ese momento, el Ayuntamiento valenciano inició los trámites para renovar su denominación. Como primer paso, consultó a la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, respecto a la existencia de alguna localidad con el topónimo Castelló a secas. Al constatar que no había ninguna coincidencia en el registro, se dirigió al Consell para plantear la modificación vía decreto.

El dictamen se aprobó el 4 de septiembre de 2020, lo que llevó al Ayuntamiento de la capital de la Plana a pedir su revocación por la vía de la cortesía. La decisión de la Generalitat de rechazar el requerimiento municipal (diciembre de ese mismo año) precipitó el actual conflicto judicial, cuya aprobación por pleno generó cierto debate entre los socios del equipo de gobierno.