VALÈNCIA. Según el territorio y el partido que gobierna, la aprobación de los planes de cuenca, y en especial, el del Tajo, ha generado muchas reacciones. Está el rechazo frontal de Murcia y Andalucía; la victoria de Castilla-La Mancha y la posición intermedia de la Generalitat Valenciana, que ha acogido con "moderada satisfacción" los cambios introducidos por el Ministerio en el Real Decreto del Tajo que incluye el recorte del trasvase del Tajo-Segura, pero que establece un seguimiento de la situación de ambas cuencas y fija una nueva planificación en 18 meses, aunque advierte que, "en aquellos puntos que no se ajusten a la posición del Consell en defensa del trasvase y de los regantes", tomará medidas, incluso legales. De esta manera, aunque existen caudales ecológicos, que crecerán de manera progresiva, habrá una comisión que cada año revisará la situación de las cuencas y donde la Generalitat podrán presionar para mantener los caudales trasvasados al Segura.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027, que entre otras novedades incluye el establecimiento de un caudal ecológico mínimo en el río Tajo, que se aplicará de forma progresiva y que tiene como consecuencia el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos de aquí a 2027.
En el texto se admite la evaluación de la situación de ambas cuencas, tanto la cedente, en función de la situación de los caudales, como la receptora, de acuerdo al resultados de las inversiones en el Segura, según fuentes de la Generalitat que han añadido que, además, en 18 meses habrá una nueva planificación hidrológica.
"Los cambios, por tanto, van en la buena dirección", según las mismas fuentes que han añadido que el resto del acuerdo lo valoraran "con detalle y, llegado el caso, se podrán tomar otras vías, incluso legales, en aquellos puntos que no se ajusten a la posición del Consell en defensa del trasvase y de los regantes".
El Consell ha subrayado que la redacción final de las cláusulas que han cambiado les da parte de razón ya que se tendrán que evaluar las cuencas anualmente para trasvasar y habrá nuevas normas en 18 meses meidante una Orden que "fijará los criterios técnicos y metodologías para la determinación de los caudales ecológicos para el conjunto de las demarcaciones hidrográficas, con las especificidades que se requieran, y los criterios y el procedimiento para establecer una zonificación de las masas de agua subterránea como medida de protección, a efectos del otorgamiento de autorizaciones y concesiones", según consta en la 'Disposición final tercera. Actualización de la instrucción de planificación hidrológica'.
La nueva planificación contempla un caudal ecológico mínimo de 7 hectómetros cúbicos (hm3) en 2023 y de hasta 8,65 hectómetros cúbicos en 2026 en el río Tajo, según ha informado el Gobierno y en "el peor de los escenarios" la reducción máxima de agua trasvasable está entre 70 y 110 hectómetros cúbicos, que se compensarán con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío, ha señalado la Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Además ha subrayado que estos recursos hídricos adicionales permitirán "como mínimo" 140 hm3 nuevos, es decir un volumen "superior al agua que se dejaría de trasvasar como pérdida del caudal ecológico incluso en épocas de sequía".
La vicepresidenta ha reconocido al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, su voluntad para que estas inversiones sean "transparentes", "participadas", y que el Gobierno pueda demostrar cómo se van cumpliendo los distintos hitos de la planificación con los respectivos territorios.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, todos los gobiernos afectados por la medida se han pronunciado. Así, el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha avanzado que los servicios jurídicos de la comunidad presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para revertir la decisión "arbitraria, política y sectaria" tomada por el Gobierno central respecto al trasvase Tajo-Segura.
Por su parte, José Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha considerado un "disparate" el recorte del trasvase del Tajo-Segura que implica la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del Real Decreto que revisa los planes hidrológicos de varias cuentas y ha instado al Gobierno a dar "marcha atrás" en un decisión carente de "sentido común" y en la que "no prima el interés general".
"Este es un procedimiento ya habitual por parte del Gobierno, que no respeta los procedimientos habituales para hacer una ley o una modificación legal, en este caso, un trasvase sin consensuar, además, con los sectores y territorios afectados", ha criticado.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado una decisión "histórica" que significa "muchas cosas, y una fundamentalmente, y es que el Gobierno de España ha decidido coherentemente con directivas europeas y sentencias judiciales que el Tajo tenga un caudal mínimo". Para el presidente, "sonroja" que este río fuera el único de Europa sin este caudal mínimo, pero hoy "empieza a acabar", si bien esto no es "el final de todo". "Hoy empieza a cambiar de color y tendencia la humillación del Tajo, de las tierras que baña y de su población. Este acuerdo es la ejecución consensuada de las sentencias que han costado años de esfuerzo y perseverancia", ha indicado.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que comprende el papel desempeñado por los presidentes andaluz y murciano, Juanma Moreno y Fernando López Miras, durante la gestión política en torno al plan de cuenca del Tajo aprobado este martes; al tiempo que ha reconocido que su homólogo en la Comunitat Valenciana y compañero de partido, Ximo Puig, ha buscado "fórmulas más allá del ruido" durante todo el proceso.
A preguntas de los medios tras una rueda de prensa institucional, ha abundado en que Puig "es quien más puede exhibir" haber conseguido la progresividad que se plantea en los caudales ecológicos del río.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
