Hoy es 15 de agosto
ORIHUELA (EP). El Consell ha señalado que se ha visto "obligado" a autorizar este viernes el recurso contra el Real Decreto que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura al haber aprobado finalmente el Gobierno central una nueva redacción de la disposición adicional novena "distinta" a la acordada, por lo que ahora debe "defender los intereses del pueblo valenciano y de sus regantes" ante un texto "arbitrario y contrario a la legalidad".
Así, lo han señalado este viernes la portavoz del Consell, Aitana Mas, y la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, para dar cuenta de este recurso, que incorporará la petición de la suspensión cautelar de los caudales ecológicos.
Al respecto, Navarro, preguntada por si este recurso supone un pulso más contra el Gobierno central, ha replicado que el Gobierno sabía la intención del Consell de interponer el recurso por "la absoluta discrepancia" por cómo aprobó finalmente la disposición adicional novena, que "no es la que se sometió a consulta pública ni se corresponde con lo votado en el Consejo Nacional del Agua".
Así, ha lamentado que pese haber tenido "toda la comunicación posible" para que no fuera ese el texto, finalmente el Gobierno central sí que lo ha aprobado "conociendo nuestra discrepancia", por lo que ahora el Consell está "obligado a defender los intereses de los valencianos" y "de los beneficiarios de este trasvase tan importante para boca y riego" ya que la disminución de estos caudales, según los estudios, supondrá que "llegarán 100 hc3 menos de agua", lo que supondrá "un grave perjuicio para nuestros intereses".
Navarro ha explicado que el recurso se ha aprobado este viernes --una semana después de la publicación en el BOE del Real Decreto-- porque para poder presentarlo se necesitaba del informe de la Abogacía de la Generalitat que debía estudiar cómo quedaba finalmente el texto aprobado por el Ejecutivo. Por tanto, ha recalcado, "no ha habido ningún retraso".
En ese sentido, la vicepresidenta y portavoz, Aitana Mas, ha vuelto a insistir en que este Consell "no hace política ficción ni recursos sobre notas de prensa" porque es un Gobierno "serio y riguroso" y, como tal, debía "esperar a que se publicara el decreto". Por ello, ha replicado al presidente del PPCV, Carlos Mazón, -- que ha criticado que la Generalitat sea la última en presentar el recurso- que aquellas personas que "quieran seguir incidiendo en la confrontación se están equivocado por completo al usar un discurso populista para enfrentar a la ciudadanía".
"Y yo soy muy critica con la gente que quiera hacer política ficción porque el Botànic le mueve la rigurosidad y la seriedad, los gobiernos somos responsables y recurrimos todas las políticas que van contra los intereses de los valencianos, pero recurrimos una vez sepamos qué nos perjudica, lo demás es un acto de fe", ha señalado Mas, que por ello ha defendido que el Consell ha actuado "con total diligencia y en favor de los intereses de los valencianos".
Y es que un poco antes, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, había pedido esta mañana al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que "se deje de engaños" y explique en Orihuela, donde se ha celebrado el pleno del Consell, "el doble juego del PSOE" con el trasvase Tajo-Segura. El también presidente de la Diputación de Alicante ha apuntado, al respecto, que mientras la Generalitat anuncia, "la última y cuando ya todos lo hemos hecho", un recurso ante el Tribunal Supremo por los recortes del trasvase, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ya ha empezado de hecho a recortarlo".
El Pleno del Consell ha autorizado este viernes a la Abogacía General de la Generalitat a interponer un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura.
El Gobierno valenciano incorporará en su recurso la suspensión cautelar de los caudales ecológicos, y recuerda, en el acuerdo aprobado este viernes en Orihuela, que la disposición adicional novena no es la que se sometió a consulta pública ni se corresponde con lo votado en el Consejo Nacional del Agua.
El Consell argumenta que la disposición adicional novena de este real decreto, en su versión enviada al Consejo de Estado y aprobada por el Gobierno central, "no cumple adecuadamente -como expuso de manera acertada el dictamen del supremo órgano consultivo del Estado- con la función coordinadora para la cual fue concebida en origen y carece de la funcionalidad suficiente para llevar a cabo esta coordinación y de compaginar las necesarias exigencias de contar con caudales ecológicos en el plan del Tajo con el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura".
En concreto, el Consell argumenta que la redacción transcrita de esta disposición adicional novena "no es la que se sometió a consulta pública previa, en fechas de 11 de enero a 25 de enero de 2022, y a información pública, en fechas de 3 de febrero a 4 de marzo de 2022". Además, subraya que "tampoco se corresponde con el texto que se sometió en debate y votación en la sesión del 29 de noviembre del 2022 del Consejo Nacional del Agua".
Por ello, señala que al haberse remitido para dictamen del Consejo de Estado una versión del proyecto de norma "diferente al sometido a consulta pública previa, información previa y votación del Consejo Nacional del Agua", la Comunitat Valenciana solicitó acceso al expediente y formuló alegaciones como Administración interesada.
En dichas alegaciones, según establece el texto del acuerdo aprobado este viernes, "se pusieron de manifiesto los motivos por los cuales la nueva redacción de la disposición adicional novena podría no ser conforme a derecho, los perjudiciales efectos socioeconómicos que, de su aplicación, podrían derivarse, así como la falta de rigor técnico en los cálculos y determinación del régimen de caudales ecológicos a aplicar".
El Gobierno valenciano estima, no obstante, que dicho real decreto contempla elementos positivos para la Comunitat Valenciana, como la coordinación de los planes hidrológicos relacionados con el trasvase por el acueducto Tajo-Segura, y la creación de un 'Programa especial de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Acueducto Tajo-Segura', así como del programa de medidas, para lo cual se constituye para cada comunidad autónoma una comisión bilateral de seguimiento, cuyo desarrollo puede ser de enorme interés para evitar una disminución de los recursos disponibles.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este viernes que el Gobierno central, con el Plan del Tajo, además de abordar con "valentía, determinación y perspectiva de futuro" uno de los grandes problemas que afectan al país, como es la falta de recursos hídricos, está "conciliando el interés general".
De este modo ha reaccionado Rodríguez desde Guadalajara, preguntada por la intención del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, de solicitar a la justicia medidas cautelares sobre el Plan del Tajo, al considerar que la redacción del Real Decreto no garantiza que la subida de los caudales ecológicos se produzca en función del análisis de las masas de agua y el estado de las inversiones.
La portavoz del Ejecutivo central, que ha mostrado "respeto absoluto" a Puig, "sabiendo que defiende y vigila los intereses de los valencianos", ha insistido en "hacer comprender" tanto a los valencianos como al resto de españoles que el Gobierno de Pedro Sánchez "lo que hace es conciliar el interés general con valentía, determinación y perspectiva de futuro", dado que la cuestión hídrica tiene que ver con desafíos que deja el cambio climático y la falta de recursos.
Rodríguez ha concluido aludiendo a la cantidad de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se van a destinar para infraestructuras que mejoren la gestión y el uso del agua, como la desalación al Levante.
Por su parte, el presidente de Asaja Castilla-La Mancha en funciones, José María Fresneda, ha recomendado este viernes a Murcia y Valencia, tras la aprobación del Plan del Tajo, que aprovechen "los millones que van a recibir" para incrementar y mejorar los regadíos.