ALICANTE. El complejo judicial comprometido por la Generalitat para ordenar y aglutinar las distintas sedes judiciales repartidas en Alicante comienza a cobrar forma con la licitación de las obras de la denominada Ciudad de la Justicia: un edificio para el que se prevé una inversión de 85,6 millones ubicado en el solar del antiguo cuartel militar de San Fernando, frente a las dependencias del actual Palacio de Justicia de Benalúa.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, han presentado este lunes las líneas centrales del proyecto, en el que han anunciado que se dedicará a la memoria del juez alicantino, Rafael Altamira, cuando se cumple "un siglo desde que este humanista y pacifista luchase por la constitución de la Corte Permanente de Justicia Internacional", según ha ensalzado el jefe del Consell.
Tanto Puig como Bravo han insistido en que la construcción de la Ciudad de la Justicia es "era una deuda histórica" con Alicante, la única capital de provincia de la Comunitat que todavía no disponía de una sede judicial capaz de ordenar los órganos de administración de justicia, que se trata de saldar ahora con la que representa "la mayor inversión de la conselleria de este mandato". En esta línea, ambos han agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Alicante por participar en el impulso del proyecto, al haber facilitado la modificación del planeamiento urbanístico municipal que resultaba necesaria para posibilitar su construcción. Y, sobre todo, para que se pudiese contar con un inmueble con la capacidad y las dimensiones requeridas para albergar todos los órganos de administración de justicia hasta ahora repartidos en ocho dependencias distintas.
En principio, está previsto que las obras se adjudiquen este verano, de modo que su ejecución se pueda iniciar en una fecha todavía por concretar en el último trimestre de este año, pese a que, a lo largo del mandato, se llegó a anunciar su ejecución para mediados de 2021. No obstante, los últimos ajustes introducidos en el proyecto, sobre todo, para ampliar sus dimensiones y dar encaje a las dependencias del Instituto de Medicina Legal (IML), como informó Alicante Plaza, habrían demorado la convocatoria del concurso para encomendar su construcción hasta ahora.
Los trabajos se prolongarán durante 33 meses por lo que se espera que el edificio pueda quedar finalizado a principios de 2025. El proyecto, diseñado por Ayesa, comprende la construcción de un edificio de siete plantas sobre una parcela de 5.600 metros cuadrados posicionada junto a la avenida de Aguilera, en la mitad del solar del antiguo cuartel que permanecía desocupado desde que el Ayuntamiento desarrollase el parque plaza de Benalúa: el mayor parque urbano de la ciudad hasta ahora. El complejo cotará con 46.857 metros cuadrados construidos disponibles, frente a los 19.292 que suman las ocho sedes judiciales actuales a las que está llamado a sustituir.
En él, se agruparán hasta 51 órganos judiciales de todas las jurisdicciones y se contará con reserva de espacio, en su planta séptima, para futuras ampliaciones. Además, contará con un aparcamiento público de 186 plazas distribuidas en dos plantas de sótano, en las que también se ubicará el archivo; otro sótano en el que se situará la sede del Instituto de Medicina Legal (IML) y los calabozos; y una planta baja en al que se situarán los accesos, la Oficina de denuncias y el Registro.
En la planta primera, se situarán todas las salas de vista, salvo dos especiales, de mayor tamaño, que se emplazarán en la planta segunda, junto al centro de mediación y la oficina de atención social. Entre las plantas tercera y quinta su repartirán todos los juzgados; en la sexta, la nueva sede de la Fiscalía, y en la planta ático, el juzgado decano y la secretaría de coordinación.
La distribución de los distintos volúmenes del edificio configurarán una plaza pública accesible por el conjunto de la ciudadanía, de modo que el complejo pueda actuar a modo de elemento que facilite la conexión entre los barrios de Alipark, Princesa Mercedes y Benalúa. Además, el inmueble cumple con los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética al facilitar la permeabilidad de la luz natural e incluir sistemas de autogeneración de electricidad en sus propios materiales, sin necesidad de incorporar placas solares al uso en su cubierta.
En el acto de presentación, en el que no ha habido declaraciones posteriores ante los medios de comunicación, Puig se ha referido al proyecto de la Ciudad de la Justicia como "el mascarón de proa" de los compromisos de la Generalitat con Alicante, como parte de una estrategia en la que también ha citado iniciativas como la construcción de la estación subterránea del tranvía en Renfe, la nueva sede de Distrito Digital en el Puerto, la financiación de la ampliación de la Vía Parque o las mejoras en el Hospital General.
Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha felicitado de la puesta en marcha del proyecto que servirá para mejorar la prestación de justicia y para reconectar los barrios de Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes, y ha reafirmado que, en esta ocasión, ha habido un compromiso real de colaboración entre las dos administraciones para solventar los problemas que se fueron presentando durante su tramitación.
"La colaboración ha sido absoluta; no es habitual que una consellera y un alcalde se sienten, se arremanguen literalmente las mangas y se pongan con los técnicos a trabajar, pero el compromiso era tremendo", ha enfatizado. "La deuda que había con la ciudad de Alicante era inadmisible, y eso desde el principio de este mandato, fue un compromiso de la consellera conmigo", ha señalado. "Hemos tenido que salvar escollos muy importantes, incluida la modificación del PGOU para su encaje, porque no podía la ciudad de la justicia nacer pequeña", ha explicado. Así, ha destacado el papel vertebrador que el futuro complejo judicial, junto al parque plaza de Benalúa habilitado en la parte posterior del solar del antiguo cuartel.