Elecciones sindicales: coherencia y mejora del empleo público

Los últimos cuatro años vividos por los empleados públicos de la Generalitat han sido tan intensos como extenuantes. Han sacado lo mejor de la capacidad y vocación de servicio públicos del colectivo de trabajadores del Consell y, a la vez, han demostrado las carencias de un sistema que sufre la falta de planificación y los vaivenes políticos.

Por encima de aplicar medidas de mejora y negociar una reforma de la Función Pública en la Comunidad Valenciana que se base en criterios de calidad en la atención a la ciudadanía, el Consell ha centrado sus objetivos en aprobar y aplicar la imposición lingüística. En la práctica, ha generado un problema donde no lo había con la exigencia del requisito lingüístico para el acceso y la promoción al empleo público valenciano.

CSIF ha sido el único sindicato que se ha opuesto desde el principio y lo sigue haciendo. Nuestra organización defiende que el conocimiento acreditado de valenciano sea considerado un mérito y nunca un requisito. El Consell ha preferido desoír las protestas y movilizaciones que hemos llevado a cabo al respecto y enrocarse en su postura carente de negociación.

Esa cerrazón a aplicar mejoras prácticas más allá de obstinarse en la imposición lingüística la hemos sufrido también con el decreto de teletrabajo. El confinamiento demostró la necesidad de una Administración flexible, ágil y que prime la eficacia sobre el presencialismo.

Mientras que el gobierno estatal sí que evidenció una amplitud de miras con acuerdos de teletrabajo, el Consell dilató continuamente abordar este tema. Al final, en abril de 2021, emitió un decreto que, en la práctica, dejaba en manos de las subsecretarías adoptar una decisión al respecto, con el beneplácito final o no de Función Pública, que, empezando por su consellera, ha puesto continuamente trabas al respecto.

El resultado, dos años después, consiste en que no solamente no existe el teletrabajo como una alternativa laboral y un derecho para mejorar la conciliación y la seguridad, sino que se aplica muy indistintamente entre unas consellerias y otras. Llega hasta el punto de que algunas administraciones, dos años después, todavía no han contestado a las peticiones al respecto. En la práctica, están vetando la aplicación de esta modalidad laboral sin responder a los requerimientos ni explicar los motivos.

Este desbarajuste entre consellerias y, sobre todo, la falta de planificación, lo estamos sufriendo también con los continuos cambios de criterio en el cese del personal interino y/o en mejora de empleo, con las denegaciones de plazas en comisión de servicios o con el baremo de reducción de temporalidad. El personal de la Generalitat, que ha demostrado durante años su capacidad y buen hacer, no merece el desprecio que está sufriendo por parte de determinados dirigentes políticos al frente de las máximas instituciones.

En estos cuatro años CSIF ha estado solo denunciando este maltrato a los profesionales de la Administración, el deterioro de sus condiciones, la imposición lingüística o el derecho al teletrabajo. El resto de sindicatos se ha puesto de perfil. Aunque no la compartamos, respetamos esa línea. En cambio, nos parece un engaño al colectivo de trabajadores que ahora UGT, en plena campaña electoral sindical, diga que ha hecho lo contrario de lo que ha hecho. Por mucho que haya elecciones el 23 de mayo, no todo vale.

Por nuestra parte, defendemos la coherencia, la mejora del empleo y, sobre todo, la aplicación de medidas que reviertan en profundizar en un servicio público de la máxima calidad para la ciudadanía. Esto último debería de ser la base de todo lo demás, lo que primara por encima de criterios ideológicos, electorales, falsedades o confrontaciones cainitas.

Mar Auñón,  presidenta de CSIF Administración de la Generalitat Valenciana.