VALÈNCIA/MADRID (VP/EP). El Ministerio del Interior ha reducido en un millón de euros el contrato con las aerolíneas para los vuelos de deportación de extranjeros, un servicio que se licitó en 2016 por 11,8 millones y que se ha convocado este año con un valor de 10,8 millones, impuestos incluídos en ambos casos.
En concreto, según las condiciones publicadas junto al anuncio de licitación de este nuevo contrato, el importe total ascenderá a 9,9 millones de euros sin contar los impuestos, frente a los 10,8 millones, también descontados los impuestos, que se ofertaron en 2016 a las empresas de transporte que quisieran hacerse cargo del servicio.
El objetivo es adjudicar la gestión de los vuelos con los que Interior traslada a los extranjeros bajo custodia policial, ya sea dentro de territorio nacional o para expulsarles a sus países de origen, incluyendo los traslados bajo el paraguas de FRONTEX, por un periodo de 18 meses.
En la actualidad, este servicio está en manos del consorcio entre Air Nostrum y Barceló, que tras ser descalificada por incumplir alguno de los requisitos en la convocatoria de 2016, ganó la pugna legal con la UTE que resultó adjudicataria, Air Europa-Seiftair.
Según el pliego de condiciones, consultado por Europa Press, entre otros requisitos los interesados habrán de contar con aviones con antigüedad no superior a 25 años y distintas capacidades --en una horquilla desde menos de 75 plazas hasta más de 200-- y ofrecer servicios "equivalentes a los de la Clase Turista" incluido un cátering.
Asimismo, la adjudicataria habrá de suscribir, además de los seguros estándar, una póliza específica que garantice la cobertura desde la subida hasta la bajada de la aeronave en cualquier país con una indemnización mínima por persona de 100.000 euros en caso de muerte o invalidez absoluta.
El contrato contempla también una cláusula específica sobre confidencialidad que obliga a la adjudicataria a instruir a todo el personal involucrado para que guarde "la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto se refiere a los servicios objeto" del contrato, como "fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje y en general, cualquier dato que pueda ser relevante" para la misión policial o la seguridad de la aeronave.
Los vuelos de deportación son operaciones policiales de carácter reservado sobre las que el Ministerio del Interior no ofrece información. La única institución en España que publica datos al respecto es el Defensor del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de la Tortura, que recaba anualmente las cifras e incluso envía técnicos a supervisar personalmente algunos de estos vuelos.
Según el último informe disponible, correspondiente a 2016, el Ministerio del Interior fletó en solitario o en colaboración con Frontex un total de 21 vuelos internacionales con los que expulsó a 521 inmigrantes a sus países de origen o procedencia. Además, fletó 69 vuelos desde distintos puntos del territorio nacional con destino a Ceuta para expulsar a 1.219 personas a Marruecos y otros tres a Melilla para hacer lo mismo con otras 18 personas.
