ALICANTE. El nuevo Reglamento de Costas, que debe fijar el desarrollo de la Ley de Costas de 1988 y además incorporar los cambios que introduce la Ley del Cambio Climático, va para largo. Según ha podido saber Alicante Plaza, en el Ministerio de Transición Ecológico se estiman un plazo largo de elaboración del nuevo texto, de varios meses. Hay que recordar que en agosto de 2022 se aprobó un Real Decreto por el que se modificaba el Reglamento General de Costas. Sin embargo, fue anulado por el Tribunal Supremo debido a que en su tramitación se había obviado el trámite de consulta pública.
Ante esta situación, y perviviendo la voluntad por parte de la Administración de introducir reformas en el anterior Reglamento General de Costas del año 2014, se han iniciado de nuevo los trámites para aprobar su modificación, con un periodo de consulta pública que acabó el pasado viernes 22 de marzo.
Este trámite obliga al Ministerio de Transición Ecológica a responder a todas las alegaciones y posteriormente solicitar informes sectoriales. Asimismo, una vez decidido que alegaciones se estima y su justificación, el texto final del Reglamento de Costas debe recabar el informe del Consejo de Estado y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Además, según las fuentes consultadas por Alicante Plaza, el futuro texto no difiere del aprobado en 2022 mediante decreto, y que posteriormente fue tumbado por el Tribunal Supremo por un defecto de forma. En todo caso, el nuevo reglamento incorporaría las directrices sobre cambio climático.
Este lunes, la Generalitat ha anunciado que ha presentado alegaciones durante este periodo de consulta pública. Según ha anunciado la Conselleria de Obras Públicas, Agua, Medio Ambiente y Territorio, solicita al Gobierno que atienda a la realidad de costas como la valenciana, con una importante actividad económica ligada al mar que también se regulará en la futura norma autonómica. También que se tenga en cuenta la diversa caracterización de los temporales de los mares Cantábrico y Atlántico, y Mediterráneo, y su distinta incidencia en costas acantiladas y playas.
"El establecimiento de un criterio uniforme sólo por su aplicación práctica ha provocado líneas poligonales, que se han trasladado a las servidumbres de protección, de imposible comprensión por la ciudadanía, cuya consecuencia ha sido el desprestigio de la legislación de costas", ha remarcado la consellera.