El Gobierno avanza para prohibir la venta a pérdidas... sin mecanismos que lo garanticen

CASTELLÓ. El Gobierno avanza en la nueva regulación de la ley de la cadena alimentaria en la que se sanciona la venta a pérdidas. Pero su nuevo intento para tratar de garantizar unos ingresos mínimos para el campo (se suma a otros que hasta ahora han resultado infructuosos) no deja contentos a los productores. 

Después de que el Congreso de los Diputados aprobase este miércoles la nueva regulación de la ley de la cadena alimentaria que incluye la prohibición de la venta a pérdidas en todos sus eslabones, desde el productor hasta el consumidor final, las organizaciones agrarias han criticado la medida... por incompleta. No en vano, vender por debajo del coste de producción, un hecho por ejemplo muy habitual con los cítricos, que los grandes lineales utilizan como reclamo para el cliente, es uno de los principales problemas que atenazan al sector agrario. 

Las compras de cítricos a resultas, un ejemplo

No en vano, esta venta a pérdidas se transmite de arriba a abajo y perjudica siempre a los agricultores y ganaderos. Por ejemplo, se materializa en los tratos a resultas en el campo, es decir, compras en función del precio al que comercialicen los almacenes posteriormente la fruta, lo que deja en una situación de indefensión total a los citricultores, quienes más suelen padecer esta práctica.

Es por ello que tanto la Asociación Valenciana de Agricultores como La Unió de Llauradors i Ramaders han pedido que la ley, que ahora entra en su trámite en el Senado, vaya más allá. En este sentido, desde AVA-Asaja reclaman "medidas" para garantizar que no se produzca esta venta a pérdidas, entre ellas que un organismo público u oficial establezca y haga un seguimiento continuado de los costes que soporta cada uno de los agentes que intervienen en la cadena de valor.

En esta línea, a la hora de definir la venta a pérdidas, La Unió estima que se debería incluir el precio de compra del producto y los costes fijos y variables de la comercialización, algo que no se ha hecho. "Si no hay elementos para que se cumpla, lo que se ha aprobado es otro brindis al sol, como la referencia de precios a costes de producción que se aprobó en marzo del año pasado", considera el sindicato agrario.

Por ello, en La Unió valoran como una "oportunidad perdida" que la ley no incluya "garantías de efectividad para limitar los abusos y competencias desleales ni la limitación del poder de negociación que tienen determinados eslabones de la cadena alimentaria".

En este sentido, los dirigentes de este sindicato agrario estiman que se debería haber regulado este "poder de mercado", en el que determinados agentes -fundamentalmente las grandes cadenas de distribución europeas- "son capaces de imponer sus condiciones al eslabón más débil de la cadena, que habitualmente es el sector productor". 

Sin publicidad para las sanciones

Asimismo, aunque la nueva redacción de la ley incluye la posibilidad de imponer sanciones por la venta a pérdidas, no establece que estas se publicarán (lo que tendría un efecto disuasorio debido a la mala publicidad para las cadenas), y la práctica tampoco comporta efectos civiles, "de forma que el contrato celebrado será válido a estos efectos", sin que el agricultor o ganadero pueda reclamar daños y perjuicios.

Por otra parte, la normativa no incide en las importaciones procedentes de países terceros, destacan desde AVA-Asaja, que concluye que así la ley de la cadena alimentaria no será efectiva. Por ello, la organización pide al Gobierno y la Unión Europea que revisen los acuerdos comerciales para exigir reciprocidad en materia fitosanitaria, laboral o medioambiental y, de este modo, evitar la competencia desleal de países terceros.