La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, visita el mercado de abastos en Ciudad Real. Foto: EPVALENCIA (EP). La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha respondido este miércoles al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que anunció que iba a presentar alegaciones ante el Consejo de Estado por el por el trasvase Tajo-Segura. Así, ha asegurado que éste defiende el interés de su comunidad y el Gobierno, el de todo el país.
En declaraciones a los medios desde Ciudad Real, Rodríguez ha defendido la actuación del Ejecutivo, que según ha indicado ha preparado unos informes "que han sido aprobados por la mesa del agua" y elevados al Consejo de Estado. Asimismo ha sostenido que lo que trata de hacer el Gobierno Central es poner al río Tajo un nivel de caudal ecológico que no tenía hasta ahora "para dar cumplimiento a la normativa europea y a las sentencias del Tribunal Supremo".
Rodríguez ha hecho estas declaraciones después de que Puig anunciara este martes que pretende presentar alegaciones ante el Consejo de Estado sobre el trasvase Tajo-Segura. El presidente valenciano también exigió al Ejecutivo de mantener el precio del agua desalada y expresó su "rechazo frontal" a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de anular la subvención, que triplicará su coste. En este sentido, la ministra ha destacado la inversión por parte del Gobierno de 650 millones de euros en desaladoras, que a su juicio van a garantizar la buena gestión de los recursos hídricos "también para el sector de la agricultura".
Mientras, Puig ha insistido este miércoles en una entrevista en Onda Cero en que no aceptará ninguna "imposición" sobre las condiciones del trasvase. "Lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua, que se ha cambiado sustancialmente, se tiene que mantener", ha insistido un día después de solicitar audiencia al Consejo de Estado para conocer la redacción final que ha llegado a este órgano consultivo sobre el proyecto de real decreto del plan hidrológico que afecta al Tajo-Segura, con el objetivo de poder presentar alegaciones.
En concreto, el proyecto normativo aprobado por el Consejo Nacional del Agua a finales de noviembre incluía una disposición adicional novena que el Consell ve esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase, por lo que Puig ha rechazado cualquier modificación o supresión de este punto. El president ha dicho que está en contacto con la ministra Teresa Ribera, y que "ella sabe perfectamente lo que pasó": que había una propuesta del Ministerio que aceptó la Generalitat en el Consejo del Agua y que "ahora es obvio e indiscutible que se ha producido un cambio y ahí está el motivo de las discrepancias".
"Nuestra posición no es cerrada en absoluto, se puede discutir de todo (...) Desde luego, estamos en el marco de la negociación porque queremos llegar a un acuerdo", ha reiterado. También ha reconocido que el Tajo debe estar "en plenas facultades" y ha asegurado que nadie está más de acuerdo con eso que las regiones receptoras del agua de este río. Ha vuelto a exigir que el agua depurada de la Comunidad de Madrid ayude a "revitalizarlo" y que la desalada tenga un precio justo para los regantes, además de resaltar el "enorme esfuerzo" de la Comunitat y de Murcia por la reutilización de los recursos hídricos.
Por su parte, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, desde Alicante, ha abogado por la negociación "desde una posición de firmeza" para defender los intereses "no solo legítimos, sino justos" de los regantes. No obstante, ha precisado que la Generalitat no entrará en ninguna guerra, pues considera que "las guerras del agua nunca traen agua". España ha recalcado que la Generalitat "no está de acuerdo" con el aumento del caudal ecológico y se ha posicionado "al lado de los regantes", al tiempo que ha apostado por "llegar a acuerdos". "La Generalitat no busca votos con el agua, busca que los regantes tengan el agua que necesitan", ha aseverado.
En este sentido, ha destacado que el Consell trabaja en ello "desde una posición de firmeza y reivindicación conjunta con los regantes, pero sin buscar ningún tipo de guerra". "Las guerras del agua nunca traen agua. Lo que trae agua es la negociación, desde una posición de firmeza y de defensa de unos intereses no solo legítimos, sino justos para los regantes", ha enfatizado. Cuestionado sobre si el IVF podría ayudar a que el coste del agua desalada fuera más asumible para los regantes, España ha asegurado que la entidad apoya al sector agrícola de la provincia de Alicante. "En este caso, la decisión del precio del agua desalada es una decisión que tiene que tomar el Gobierno de España".
