La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas. Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTS CASTELLÓ. La última sentencia del Tribunal Constitucional sobre las expropiaciones pendientes en muchos municipios puede suponer un duro golpe a las cuentas de muchos ayuntamientos valencianos. El fallo, adelantado por este diario, declara inconstitucionales las prórrogas aprobadas por el Consell y Les Corts Valencianes para permitir a los ayuntamientos aplazar las indemnizaciones por expropiaciones de suelo donde están previstas dotaciones públicas.
En el Consell son conscientes de lo que supone esta sentencia, que abocará a los consistorios a ejecutar dichas adquisiciones de terreno pendientes. Un panorama delicado para los erarios municipales que todavía no se puede cuantificar -los precios de las expropiaciones se fijan al iniciar los procesos expropiatorios, aplazados por la moratoria ahora anulada-, pero la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ya trabaja en un informe para encontrar una salida al embrollo jurídico.
"La Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental está preparando un informe para ver cuáles son las vías de solución para los municipios", explican en ese sentido desde el departamento autonómico que dirige Salomé Pradas, desde donde acusan al anterior Consell, conformado por PSPV y Compromís, de "mala praxis en este asunto". El bloque de izquierdas aprobó desde 2016 varias prórrogas para que los ayuntamientos no tuvieran que hacer frente a estas expropiaciones, pero el fallo del Constitucional permitirá ahora que los propietarios reclamen su derecho a ser expropiados, con sus correspondientes indemnizaciones.
Hay muchos ayuntamientos en esta situación. Uno de los casos más notorios en la provincia de Castellón es el de Vila-real, que prevé que la sentencia implique un desembolso importante para las arcas municipales. "Efectivamente, la sentencia nos afecta mucho", explican desde el consistorio que encabeza el alcalde socialista José Benlloch, desde donde recuerdan que el pleno municipal aprobó por unanimidad pedir una nueva moratoria a Las Cortes Valencianas mediante una enmienda a la Ley de Acompañamiento, que se estaba tramitando en los últimos días, dado que la última finalizaba el 31 de este mes. Ahora, la sentencia hace este camino inútil.
"Evidentemente, esto [la sentencia del TC] lo cambia todo", reconocen en el seno del Ayuntamiento de Vila-real, donde reclaman al president de la Generalitat, Carlos Mazón, una solución urgente. Así, los socialistas de Vila-real acusan al PP de la "ruina que ha generado su partido" en el municipio con "empastres urbanísticos, 55 millones de euros en sentencias, convenios y préstamos pagados en 12 años", a lo que se suma ahora "el riesgo incalculable que supone la nueva sentencia". En ese sentido, señalan que "los técnicos están estudiando el tema" y reconocen la dificultad para concretar el coste que puede suponer al final a las arcas municipales.
El Ayuntamiento de Castellón, por su parte, parece que se escapará de este panorama jurídico por el que atraviesan múltiples municipios de la Comunitat. En el caso de la capital de La Plana, la falta de un Plan General de Ordenación Urbana, que por una parte limitó el desarrollo urbanístico de la ciudad, también ha permitido que el consistorio no haya caído en las expropiaciones rogadas, según explican fuentes del gobierno municipal, donde aseguran que no contabilizan ningún terreno en esta situación.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de València, el concejal de Urbanismo Juan Giner reconocía este miércoles que el contenido era "previsible" tras la cuestión de constitucionalidad que planteó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV): "Es una herencia nefasta que nos han dejado y que ahora debemos afrontar por culpa de la inacción del anterior gobierno", se quejaban desde esta área a este diario, para lamentar que a pesar de que Compromís y PSPV supieran que las prórrogas que estaban validando desde Les Corts tenían un carácter temporal, no plantearan en todo este tiempo modificaciones urbanísticas para obtener esos suelos dotacionales mediante, por ejemplo, aprovechamientos urbanísticos.
