VALÈNCIA (EFE). La consellera de Justicia, Elisa Núñez, lamenta que el proyecto de ampliación de la Ciudad de la Justicia de València que planteó el anterior Gobierno del Botànic "se vendió como un gran proyecto pero comprobamos que es un bluf".
En una entrevista en el marco de los Desayunos de EFE en el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Núñez explica que el proyecto ya dispone de presupuesto para su primera fase pero "no se habían negociado ni los terrenos", una cuestión en la que se trabaja actualmente con la idea de que "estén lo más cerca posible" de los actuales juzgados y que sean de titularidad municipal o autonómica.
"En cuanto dispongamos del suelo y veamos qué planta tenemos será el momento de definir las capacidades y servicios que podrá acoger de este nuevo edificio".
"Hemos de disponer de una Ciudad de la Justicia que verdaderamente responda a las necesidades reales, que no se quede obsoleta en poco tiempo, como podría suceder con otros proyectos de infraestructuras judiciales, como el de Xàtiva, que están siendo revisados", ha añadido la consellera.
En este sentido, Núñez denuncia que el anterior Ejecutivo hizo caso omiso a las necesidades que le trasladaron los actores judiciales, de modo que sus peticiones al Ministerio para la puesta en marcha de nuevos órganos judiciales atendieron más a "criterios ideológicos" que prácticos.
"Llama la atención que en la ciudad de València no se haya creado ningún juzgado de Familia desde 2008, o que en Alicante no se haya puesto en marcha ningún juzgado de lo Social en 28 años", explica la consellera.
La consellera es tajante en lo relativo a la gestión de las Emergencias: "lo que me he encontrado es el resultado del despilfarro, de una gestión absolutamente negligente e ineficaz. Un amasijo de empresas, de órganos que no sabíamos demasiado bien cómo funcionaban, convenios y encomiendas".
"La mayoría de las bases de bomberos forestales tienen unas autobombas de más de 18 años de antigüedad, y algunas hasta 30, con lo cual están en unas condiciones bastante deprimentes. Hay bases en las que si hay un sillón, un microondas o material para entrenar es porque lo han llevado los bomberos", lamenta.
La consellera recuerda que tras los recientes informes de la Intervención General de finales del mes de junio y el último de la Sindicatura de Cuentas sobre el sector público se han producido cambios en la cúpula de Emergencias.
Ahora la gerencia la ocupa "una persona experta, con 30 años de experiencia, y se está trabajando en un proyecto estratégico en el que prima, por ejemplo, el mantenimiento de los refuerzos forestales hasta final de año".
Preguntada por posibles avances en materia de digitalización de los juzgados valencianos, la consellera explica que "en las primeras reuniones" con los responsables del Ejecutivo saliente le transmitieron que el nuevo programa de gestión procesal JustaCV, que lleva meses siendo testado en juzgados de Castellón, "estaba listo para implantarse en toda la Comunitat Valenciana".
"Pero nada más lejos de la de la realidad. Se trata de un programa que en una primera fase nos va a costar 12 millones de euros. Me parece caro, me parece un capricho sin saber si verdaderamente va a funcionar, y más sabiendo que a la anterior consellera -Gabriela Bravo- se le ofreció la posibilidad desde el Ministerio de implantar otro programa de forma gratuita".
El actual Consell ha pedido informes de evaluación de Justa CV y "da problemas", explica Núñez, y si tras unas próximas reuniones con quienes lo han testado sigue sin funcionar de forma adecuada "el 31 de diciembre habrá que buscar un plan alternativo".
A juicio de la consellera, los esfuerzos en esta materia se deberían haber unificado en toda España. "Buscar un único programa de gestión procesal, buscar el ahorro y la eficiencia, en lugar de desarrollos en cada autonomía".
También en este campo, Núñez destaca el proceso de digitalización de 13.000 libros de Registro Civil en la Comunitat Valenciana, que empezó el pasado mes de octubre y que se extenderá al menos durante dos años.
Consultada por la puntualidad de los pagos al turno de oficio, Núñez explica que la Generalitat realiza estos abonos a los letrados con "fondos procedentes del FLA, que la última vez llegaron la mañana del 31 de octubre y fueron transferidos de inmediato".
En referencia también a estos abogados que hacen posible la justicia gratuita la consellera anuncia que el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de hacer frente a los gastos de desplazamientos en los que incurran como consecuencia del reciente proceso de comarcalización de los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer.