El jefe de la Policía de Alicante dice que la denuncia del caso enchufes trata de apartarle del cargo

ALICANTE. La primera sesión de trabajo de la comisión sobre las presuntas anomalías en las oposiciones a Policía Local de Alicante del denominado como caso enchufes ha permitido que el jefe del cuerpo y presidente del tribunal opositor, José María Conesa, ofrezca por primera vez explicaciones públicas sobre el proceso de selección. Y lo cierto es que su versión supone todo un cambio de perspectiva respecto a las manifestaciones ofrecidas hasta ahora en la medida en que ha sostenido que la difusión del listado con la supuesta relación de aspirantes beneficiados en esas pruebas habría sido una maniobra basada en falsedades para tratar de apartarle del cargo. "Es una denuncia anónima, cobarde y falsa de principio a fin", ha enfatizado, sobre la que no se ha presentado ninguna denuncia en los tribunales con el único propósito de "calumniar" a la que se le ha dado recorrido "sin comprobar ni contrastar nada". "Todo es falso, inexacto y tendencioso", ha proseguido para sostener que se trataba de "un burdo montaje" por parte de "un grupo de indeseables" con el fin de que "rueden cabezas y en concreto la mía como pieza a cobrar".

Conesa -el cuarto compareciente citado que ha respondido ante los miembros de la comisión- ha negado, así, la existencia de irregularidades en el proceso dando lectura a una extensa explicación que llevaba preparada por escrito y ha lamentado el escándalo que, a su juicio, se había llegado a generar a partir de un documento que ha considerado plagado de invenciones al que, según ha recalcado, se le ha dado credibilidad pese a su carácter anónimo y su falta de acompañamiento de pruebas sin respeto al derecho a la presunción de inocencia. 

En esta línea, ha recalcado que en ese listado de aspirantes supuestamente beneficiados por sus relaciones de parentesco o amistad con mandos policiales, con otros policías, con concejales y expolíticos, con representantes sindicales y con personas vinculadas a empresas que prestan algún tipo de servicio para el ayuntamiento -del que dio cuenta inicialmente Radio Alicante, y que se amplificó, acto seguido, a través del programa de emisión nacional de la cadena Ser, Hoy por Hoy- forma parte de un documento más amplio en el que se le atribuiría la comisión de varios delitos con "el objetivo de cargarse al jefe de la Policía". De ahí que haya justificado la interposición de una denuncia en Comisaría para que la Policía Judicial dilucide quiénes son los autores de ese documento que se ha ido distribuyendo a través de redes de mensajería al creer que puede ser constitutivo de un delito de injurias y calumnias con publicidad.

Al respecto, ha dicho confiar en los mecanismos de la justicia y que más pronto que tarde se descubrirá quién o quiénes fueron los responsables de ese documento, de los que ha dicho tener indicios sobre su identidad. En concreto, durante su intervención ante la comisión ha señalado que podría tratarse de tres o cuatro personas del propio cuerpo de Policía, entre los que figuraría algún mando subordinado suyo que podría buscar que se le destituyese para poder ocupar su puesto, otros mandos a los que no se les ha ascendido en los últimos años, o agentes cuyos hijos han participado en las oposiciones sin resultar aprobados.

Además, a preguntas de la edil socialista Llanos Cano sobre los motivos por los que no se había decidido abrir un posible expediente disciplinario contra ellos, Conesa ha señalado que no podía hacerlo acusando sin disponer de pruebas "como han hecho ellos por lo que estamos hoy aquí". Eso sí, ha avanzado que esos expedientes sí se abrirían en el momento en el que exista algún tipo de precisión a partir de la investigación a la que se ha dado curso tras la presentación de su denuncia.

Al margen de ello, ha abundado en las explicaciones ya recogidas en su informe inicial sobre el desarrollo de las oposiciones y la formulación de las pruebas para asegurar que el conjunto del proceso fue poco menos que impoluto. Entre otros puntos, ha insistido en que inicialmente se contaba con 1.529 aspirantes inscritos, de los que solo presentaron reconocimiento médico 913 y que después se redujeron a 570 en el momento de la medición de altura. Ese listado se recortó aún más en la prueba psicotécnica, a la que se presentaron 540 aspirantes y solo aprobaron 283 (el 52%), y tras el examen tipo test, al que se enfrentaron 267 candidatos y aprobaron 159. Por último, ha añadido que al supuesto práctico se presentaron 158 candidatos de los que aprobaron 147 y que, finalmente, la prueba médica la superaron 144 opositores, de los que se propuso a los 92 primeros aspirantes con las mejores notas como candidatos seleccionados. 

Además, ha añadido que la corrección de los exámenes se realizó de manera anónima, sin que los miembros del tribunal conociese la identidad de los aspirantes. En esta línea, ha apuntado que la corrección del examen tipo test se realizó con el sistema de lectura óptica de la Universidad de Alicante (UA). En este sentido, ha explicado que propuso el nombramiento del jefe de la Policía Local de Xàtiva, Antonio Collado, como vocal con la pretensión de "evitar presiones" a las que hubiera quedar sometido cualquier otra persona de la ciudad de Alicante por parte de otros agentes que tuviesen familiares entre los aspirantes al proceso. En cualquier caso, también ha señalado que es habitual que familiares de policías se presenten a las oposiciones, aunque se ha mostrado sorprendido al conocer, tras una averiguación que él había realizado a raíz del escándalo, que en este caso concreto habían concurrido 57 aspirantes con algún grado de parentesco con agentes del cuerpo, "el 43,8% y no los dos tercios que había que trasladar", ha explicado. En todo caso, ha apuntado que en otros procesos previos desarrollados en Alicante el porcentaje había sido algo similar, o incluso superior, así como en las oposiciones de otros ayuntamientos, como los de València o Elche. En esta línea, ha detallado que en los procesos de selección sobre las bolsas de empleo que se llevaron a cabo en Alicante en 2016, el porcentaje de aspirantes que guardaban algún tipo de vínculo familiar con agentes del cuerpo fue del 54%; en 2017, el 55%; y en 2019, el 52%, según la información que él mismo había recopilado en un dossier por escrito después de que estallase la polémica, y que ha facilitado a los miembros de la comisión. Sobre ese punto, ha añadido que, entonces, no se abrió ningún tipo de averiguación al respecto.

Además, a preguntas de los miembros de la comisión, Conesa también ha añadido que, en su opinión, esa supuesta maniobra urdida con la pretensión de lograr descabalgarle no había contado con la participación del alcalde, Luis Barcala, con quien ha asegurado, además, que no había hablado nada sobre el proceso de selección antes de que surgiese la polémica. Es más, ha señalado que, en su opinión, la respuesta institucional que dio el equipo de gobierno, a través del primer edil, con el anuncio de apertura de un expediente de averiguación sobre las oposiciones no implicó dar credibilidad a la denuncia anónima, sino que habría sido una forma de escenificar que se pretendía aportar la máxima transparencia posible sobre el proceso. Otra cosa, ha añadido, es que existiesen otras formas de afrontar la polémica. "Si esto es transparencia, pues bienvenida sea", ha dicho, después de subrayar que estaba deseando poder comparecer ante la comisión para poder responder y ofrecer explicaciones.

En todo caso, ha apuntado que todavía está por ver si los supuestos urdidores de esa trama en su contra pueden haber conseguido su objetivo (forzar que él quede relevado como consecuencia de unas supuestas irregularidades en las oposiciones), aunque ha dicho que, en principio, prevé seguir como comisario principal hasta 2027: el plazo que aún queda para que se produzca su jubilación.

Conesa se ha referido, también, a la admisión de los certificados médicos (que, según los recursos formulados por algunos aspirantes, podían haberse admitido pese a haber perdido su vigencia), para sostener que esos certificados cobran validez en el momento en el que se valoran.

El resto de comparecientes

Antes de que llegase el turno de las explicaciones de Conesa, también han comparecido uno de los vocales del tribunal nombrado por designación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias, Miguel Ángel Palacios, quien también ha defendido que el proceso de selección se produjo sin ninguna incidencia reseñable. Como el jefe de la Policía Local, ha explicado cómo se acordó repartir la propuesta de las 50 preguntas del examen tipo test (una de las cuatro pruebas por escrito incluidas que formaron parte de la comisión) para sostener que él planteó cinco cuestiones concretas, que remitió por correo electrónico a la secretaria del tribunal. Según ha explicado, el segundo vocal designado por la Agencia Valenciana de Seguridad (el organismo autonómico del que depende el IVASPE) aportó otras cinco. Como también ha precisado Conesa, Palacios ha señalado que la secretaria confeccionó otras diez y que tanto el comisario como el tercer vocal (el jefe de la Policía Local de Xàtiva, Antonio Collado) propuesto por Conesa, planteó las otras 15. 

Tras Palacios, también ha comparecido el propio Collado, quien, igualmente, ha sostenido que el proceso se produjo sin ninguna incidencia significativa. Es más, como Conesa, ha realizado una defensa la normalidad y transparencia del procedimiento hasta el punto de lamentar que denuncias anónimas sin rigor hayan podido poner en duda la corrección de las oposiciones.

Tras Collado, ha sido el turno de la secretaria del tribunal, la funcionaria de nivel A1 Remedios Molina, quien ha comparecido a puerta cerrada a petición propia. Según fuentes consultadas, en este caso se ha limitado a explicar que ella confeccionó el examen tipo test a partir de las preguntas que le correspondía plantear a ella y las que le facilitaron el resto de miembros del tribunal en los días previos a la celebración de la prueba. Después, ha señalado que custodió los exámenes impresos, que habían quedado precintados tras su impresión en el servicio de reprografía municipal. Al margen de ello, según las mismas fuentes, ha señalado que fue Conesa quien asumió la elaboración del supuesto práctico: otro de los exámenes que formaban parte de las oposiciones.

También ha comparecido Francisco Vázquez (suplente de Collado) en una comparecencia igualmente a puerta cerrada y José Álvarez (suplente de otro vocal designado por la Agencia Valenciana de Seguridad). De igual modo, ha ofrecido explicaciones la funcionaria Ana Lillo, asesora del tribunal en la elaboración de la prueba psicotécnica, quien ha explicado los factores que se había decidido incluir en la convocatoria para seleccionar a los aspirantes con los perfiles adecuados en cuanto a estabilidad emocional, o capacidad de trabajo en equipo, o capacidad empática, por ejemplo. 

En este sentido, ha señalado que a ella se le designa en cada oposición que se convoca y que siempre acaba siendo ella en el departamento de Prevención de Riesgos Laborales "porque nadie quiere formar parte de una oposición por los problemas que supone". También ha señalado que, a su juicio, es habitual que se presenten familiares de personas que ya forman parte de la Policía Local, pese a los rumores que puedan formular sobre posible nepotismo, al tratarse de un colectivo en el que existe "mucha endogamia, como en el de los maestros". De igual modo, ha sostenido que el proceso ha sido igualitario para todos los aspirantes y ha negado que, en su opinión, hubiesen existido anomalías en su desarrollo, más allá de "lo largo que se ha hecho como consecuencia de la situación impuesta por el covid".

La siguiente en comparecer ha sido Nuria Trenzano, técnica especialista en Deportes en el Ayuntamiento desde hace tres años, asesora del tribunal en el desarrollo de las pruebas físicas. Ha señalado que su prueba "es muy objetiva" porque el resultado es apto o no apto, en base a "medidas o tiempos", y ha destacado que las pruebas son públicas.

De igual modo, ha respondido ante la comisión Andrés García Trillo, como asesor del tribunal en las pruebas médicas, quien ha explicado que su intervención en el proceso se dio en dos fases: en la valoración de los reconocimientos médicos aportados como prueba previa del proceso, y en el examen físico de cada aspirante propiamente dicho. Ha apuntado que él verificó el contenido de los más de 1.200 reconocimientos médicos que se le facilitaron, revisando si contenían lo especificado en las bases. Después, ha señalado que los reconocimientos físicos se dejaban en manos de una entidad externa por una pura cuestión de plazos, y el objetivo de no bloquear el funcionamiento del servicio para atender el resto de sus trabajos, y que después los revisaba el servicio municipal. 

También ha explicado, respecto a la posible caducidad de los certificados médicos, que, a su criterio personal, eran válidos en la medida en que se habían aportado en la fecha debida con un límite de tres meses de antelación. Con todo, ha señalado que "no me atrevo a ponderar si desde el punto de vista de la estricta legalidad eran válidos o no porque yo no tengo formación jurídica", ha dicho. Al respecto, ha incidido en que no existía la posibilidad de volver a requerir esos certificados médicos porque no lo contemplaban las bases y ha señalado que él valoró los documentos que se le había facilitado "sin comprobar cuál era su fecha, la verdad". Eso sí, al margen de posibles retrasos por falta de personal en el Servicio de Prevención, ha señalado que él podía haber asumido la revisión de esos certificados 20 días después de que se le entregasen y que "los valoré en poco más de dos semanas".

Por último, ha comparecido la jefa del servicio de Recursos Humanos, Alicia Facorro, que también ha optado por facilitar explicaciones ante la comisión a puerta cerrada, sin presencia de cámaras ni de medios de comunicación.

Con todo, al margen de esas comparecencias, la primera sesión de la comisión ha arrancado con polémica por lo que respecta a la confección de su propio orden del día. Los grupos del eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) han expresado su malestar por el hecho de que no se hubiese tenido en cuenta su solicitud de convocatoria de una comisión extraordinaria y urgente para abordar la confección de ese orden del día de manera consensuada, en función del acuerdo alcanzado durante la sesión constitutiva de la comisión. No obstante, la presidenta del tribunal, Mari Carmen de España, ha detallado que había encargado un nuevo informe del secretario municipal (que lo es también de la comisión) en el que se concluye que no correspondía la convocatoria de esa comisión de carácter extraordinario y urgente, aunque, no obstante, los grupos políticos podían promover la convocatoria de una comisión por mayoría simple.

Respecto al orden del día, De España ha incidido en que asumía su elaboración como presidente y que se había basado en las propuestas formuladas por el conjunto de formaciones políticas. Sin embargo, de nuevo PSOE, Unides Podem EU y Compromís han expresado su desacuerdo al respecto, en la medida en que en la sesión constitutiva del órgano de fiscalización política solo se había acordado que en la primera sesión de trabajo se citaría a los cinco miembros del tribunal.

BARCALA Y GONZÁLEZ REGISTRAN SU SOLICITUD DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA ANTE LA COMISIÓN, PERO NO LLEGARÁN A OFRECER EXPLICACIONES DESPUÉS DE QUE LA PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, MARI CARMEN DE ESPAÑA, LA HAYA DESCARTADO ANTE LA NEGATIVA DE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN A VOTAR SOBRE LA ACEPTACIÓN DE ESE OFRECIMIENTO DE COMPARECENCIA 

En cualquier caso, el principal motivo de controversia se ha suscitado a colación del registro de las solicitudes de comparecencia voluntaria formuladas por el alcalde, Luis Barcala, y por el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, en cumplimiento del compromiso asumido por el equipo de gobierno durante las últimas semanas. Según se ha concretado durante la comisión, ambos habían registrado sendos escritos ofreciéndose a responder ante el órgano municipal este mismo lunes, 2 de mayo, al término del resto de las comparecencias incluidas en el orden del día, pese a que el informe jurídico previo emitido por el secretario considerase que no eran procedentes las comparecencias de ningún representante político ante la comisión, al no tratarse de un pleno ni una comisión permanente. 

Es más, en el segundo informe del secretario dado a conocer este lunes a petición de De España se incidía en que la comisión sobre las oposiciones no puede considerarse una comisión de investigación, sino como una comisión de estudio, puesto que el Ayuntamiento no dispone de regulación específica al respecto, como sí la tienen el Congreso, el Senado, les Corts o la Agencia Valenciana Antifraude. En ese informe también se aludía a la posibilidad de que los representantes de la comisión adoptasen las resoluciones que estimasen convenientes respecto al desarrollo de la comisión, aunque se advertía de que quedaban sujetos a responsabilidades personales. De ahí que los miembros de la oposición, incluido el portavoz de Vox, Mario Ortolá, se hayan negado a votar sobre si aceptaban o no la comparecencia voluntaria de Barcala y González en los términos en los que se había producido su ofrecimiento. De hecho, los portavoces de Compromís, Natxo Bellido, y de Unides Podem EU, Xavier López, han cuestionado a los representantes del bipartito sobre la posibilidad de que ambos pudiesen comparecer ante la comisión en otra jornada alternativa. Al no recibir respuesta, Bellido ha conminado a la presidenta de la comisión a acordar lo que estimase oportuno, "como ha hecho con la confección del orden del día". Así, tras reiterar el ofrecimiento en varias ocasiones, De España ha dado por descartada la comparecencia voluntaria del primer edil y del concejal de Recursos Humanos.