VALÈNCIA. La Fundación Ellis busca la manera de recuperar parte de la subvención de 120.000 euros que la Conselleria de Innovación le concedió hace ahora ya tres años y que le tocó devolver poco después al considerar la Generalitat que la organización alicantina no había justificado los gastos.
La ayuda, cabe recordar, le fue concedida de forma urgente y "con carácter excepcional" para proyectos de investigación con técnicas de inteligencia artificial avanzadas contra la covid-19. Pero tiempo después de concedérsela, la cartera que entonces dirigía Carolina Pascual pidió la devolución del 49% por haber presentado una "justificación insuficiente". Unas conclusiones que previamente ya había puesto de manifiesto la Sindicatura de Comptes en su informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat de 2020.
La Fundación, presidida por Andrés Pedreño y cofundada por Nuria Oliver devolvió el dinero que se le reclamaba a la Administración autonómica -cerca de 60.000 euros-. Sin embargo, interpuso un recurso de reposición al considerar que los gastos que había presentado para justificar la percepción de la ayuda sí eran susceptibles de ser subvencionados. La Conselleria de Innovación, no obstante, desestimó el recurso y, ahora, el ente ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Generalitat.
Tal y como publicó el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) este lunes, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha reclamado a la Conselleria que gestiona Josefina Bueno el expediente de esta subvención directa para tratar de dirimir quién tiene razón en el asunto. O dicho de otro modo: clarificar si el Gobierno valenciano tiene que devolver a la Fundación el dinero que inicialmente le había concedido u obró correctamente al reclamarle la devolución.
Conviene recordar que el órgano que preside Vicent Cucarella advirtió en su informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat de 2020 que la fundación privada, entre cuyos patronos y fundadores se encuentra el marido de la entonces consellera del ramo, Carolina Pascual, había cometido varios incumplimientos.
Entre ellos, destacaba que no se había acreditado los motivos para otorgar directamente la ayuda en cuestión en lugar de habilitar un proceso para la libre concurrencia de otras instituciones. Es decir, ponía en duda que se hubiera concedido 'a dedo'. Pero además, alertaba de la "indeterminación" de los proyectos a ejecutar, de los gastos subvencionables y del importe máximo a financiar.
El decreto con el que Innovación dio la ayuda obligaba a destinar el dinero a los gastos relacionados con los proyectos concretos subvencionados, pero el propio decreto eludía cuáles serían esos proyectos y solo hablaba de "actuaciones de carácter genérico relacionadas con la inteligencia artificial y su aplicación al covid-19".
Según el informe de la Sindicatura, en la documentación justificativa del gasto realizado por Ellis se incluyeron los gastos de puesta en marcha, tales como la promoción, difusión y la constitución de la Fundación, entre otros. Algo que no guardaban relación ni con el motivo de concesión de esta ayuda, ni justificaba el procedimiento de urgencia por el que se concedió. "Los gastos de puesta en marcha y funcionamiento de la Unidad Ellis no guardan relación directa con la urgencia que motiva la concesión directa de la subvención", describía exactamente.
Estos gastos de puesta en marcha, según el informe, ascendían a 63.899 euros, de los cuales 36.300 euros correspondían a servicios facturados por horas de la investigadora principal y 26.075 euros a gastos de asesoría facturados por un tercero, un importe superior al umbral de contratos menores sin que conste en el expediente que se hayan solicitado presupuestos alternativos para su contratación.
Tras las comprobaciones, la Conselleria de Innovación emitió un informe el pasado 7 de septiembre de 2021 en el que propuso el inicio del procedimiento de reintegro de subvenciones por importe de 58.643 euros (48,9% del total concedido) por las causas y obligaciones incumplidas que se especifican en el mismo.
Unos fondos que la propia Fundación retornó, pero que ahora trata de recuperar al considerar que sus gastos de funcionamiento sí eran subvencionables. Ahora, serán los tribunales los que decidan quién tiene razón.