Puig y otros dirigentes socialistas en Aspe, para la llegada del agua del Júcar en mayo. Foto: RAFA MOLINA
ALICANTE. El debate hídrico, siempre dramático en la Comunitat Valenciana y sobre todo en la provincia de Alicante, ha estado monopolizado desde finales del año pasado por el futuro del Tajo-Segura, los caudales ecológicos de la cuenca cedente y el 'cambiazo' al plan del Tajo inicialmente aprobado en el Consejo del Agua de noviembre, que pone en entredicho la transferencia. Sin embargo, la supresión de dos puntos clave para la Comunitat de la disposición adicional novena y el revuelo que se ha organizado han tapado otra decisión del Consejo que también perjudica a Alicante, y concretamente al Vinalopó.
El plan del Júcar, que se aprobó en la misma reunión con el apoyo expreso de la Generalitat (en el del Tajo se abstuvo), también incluye un cambio fundamental respecto a la planificación vigente: la creación de una reserva de 6 hectómetros cúbicos (Hm3) al año para poner en marcha nuevos regadíos en la zona de la Mancha Oriental, en la región vecina, condicionada al aumento de los recursos disponibles por el incremento de la capacidad del embalse de Bellús, en la provincia de Valencia. Estos nuevos regadíos en el canal de Albacete deben ser considerados "de interés social" o estar relacionados con un programa de ayudas autonómico a la creación de empresas agrarias, según el texto.
En la planificación vigente, y en la redacción original del plan del Júcar que marcará las actuaciones de la cuenca los próximos cinco años, el aumento de la disponibilidad de Bellús se vinculaba al trasvase Júcar-Vinalopó, para completar el caudal disponible para enviar a Alicante en la toma de la transferencia. En cambio, la reserva para la Mancha Oriental se conseguía originalmente con las sustituciones de los bombeos, así como con hipotéticos nuevos recursos cuyo origen no se especificaba. Así lo establecía la propuesta que salió de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y que también se modificó (nadie ha sugerido por el momento que se hiciese a espaldas de los afectados) en el polémico Consejo del Agua de noviembre.
El plan aprobado por el citado consejo contempla también "un máximo de 20 Hm3 al año" para sustituir los bombeos en los regadíos de la Mancha Oriental, "adicionales a los 80 Hm3/año de asignación". De nuevo, el texto aprobado en el Consejo del Agua establece que dicha asignación extra saldrá del "aumento de la disponibilidad de nuevos recursos superficiales procedentes de los incrementos de regeneración y de la capacidad del embalse de Bellús". Es decir, cualquier posible incremento de recursos en el pantano valenciano iría a parar a los regadíos manchegos, para sustituir la extracción de aguas subterráneas e incluso para crear nuevos regadíos.
El nuevo plan del Júcar, que no ha levantado tanta polémica (de hecho, ninguna) como el del Tajo, supone así un nuevo 'bocado' de Castilla-La Mancha a los recursos disponibles para la Comunitat y concretamente para el trasvase Júcar-Vinalopó, no menos controvertido que el Tajo-Segura. Como muestra, la obra se terminó en 2011 y aún no se ha regulado; y el convenio provisional alumbrado en julio sigue sin aprobarse. ¿Por qué, entonces, la Generalitat no solo no se ha quejado en este caso sino que lo apoyó (sin suspicacias) en el Consejo del Agua? Los regantes especulan con un posible pacto político que luego, al parecer, no se respetó: ceder Bellús a cambio de suavizar los caudales ecológicos del Tajo, como proponía la disposición adicional novena de la discordia que luego se modificó.
Así las cosas, todo apunta a que los regantes del Vinalopó, que ya han presentado una batería de recursos contra el cierre de los acuíferos (cuyos bombeos debe sustituir algún día el trasvase) acordado por la CHJ el pasado verano, pese a que la declaración de sobrexplotación de los mismos está sub iudice en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tendrán que acudir de nuevo a la vía judicial como último recurso para 'recuperar' Bellús. Mientras, el Consell fía la resolución del conflicto a la firma del convenio para desbloquear el envío de hasta 34 Hm3 anuales (a partir de 2027 y si las circunstancias del río lo permiten), que tiene el visto bueno de Acuamed y los usuarios, pero sigue pendiente de los técnicos del Gobierno. Si puede ser, antes de las elecciones de mayo.
