ALICANTE. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial el pasado mes de julio en la causa derivada del caso Brugal sobre las supuestas irregularidades registradas en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante sigue sin tener fecha definida para que pueda adquirir firmeza. Más bien todo lo contrario: la admisión de un recurso de reposición presentado por la representación legal de Esquerra Unida (que ejerce la acusación popular) acaba de ampliar ahora el plazo establecido para que pueda interponerse recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
En concreto, la Audiencia estima la solicitud presentada por el letrado de EU, José Luis Romero, y accede a conceder un plazo de cinco días para que todas las partes del proceso puedan pronunciarse y formular alegaciones respecto al escrito de aclaración y complemento de sentencia solicitado por la Fiscalía Anticorrupción. Con esa decisión, la Audiencia permite que tanto las defensas de los nueve procesados como las acusaciones ejercidas por el Ayuntamiento de Alicante y la propia EU, puedan oponerse a la emisión de ese escrito aclaratorio sobre la sentencia original o, en su caso, complementarlo, planteando que el tribunal incorpore otros elementos no considerados inicialmente por la Fiscalía.
Así, será después, cuando se reciban y se estudien las posibles objeciones o añadidos que puedan formularse, cuando el tribunal de la Sección Tercera que enjuició los hechos pueda responder a la solicitud de aclaraciones de la Fiscalía. A partir de ahí, se contestarán al resto de peticiones registradas desde que se dictó la sentencia, entre las que figuran las solicitudes de devolución de las fianzas depositadas por los promotores Enrique Ortiz y Ramón Salvador, como informó este diario.
Y será también entonces (a partir de la fecha de la última notificación al respecto) cuando comience a correr el plazo para que puedan formularse hipotéticos recursos de casación. ¿La consecuencia? Probablemente, ese plazo no quede abierto hasta el mes de noviembre. En todo caso, por el momento, la defensa del exalcalde Luis Díaz Alperi ya ha anunciado de forma oficial su intención de interponer ese recurso con el fin de revertir su condena: la única que el tribunal acordó para el conjunto de los procesados, al margen de la también fijada para Ortiz. La sentencia impone al primer edil una pena de multa como autor de un delito de cohecho impropio por la recepción de un viaje a Creta con el que habría sido obsequiado por su condición de alcalde.
Además, también se prevé que acuda al Supremo la propia Fiscalía Anticorrupción, como ya sucedió respecto a la sentencia absolutoria dictada por la Sección Séptima, con sede en Elche, respecto a la causa sobre la adjudicación del servicio de recogida de la basura de Orihuela (la considerada causa matriz del caso Brugal).
Mientras, se desconoce si la defensa de Enrique Ortiz (el segundo de los nueve procesados, igualmente condenado por cohecho impropio) podría optar también por la vía del recurso, toda vez que el delito por el que se le condena está reservado para funcionarios o representantes públicos y él no tendría esa consideración, salvo que se le atribuyese esa condición por el hecho de ejercer como agente urbanizador (y, por tanto, de algún modo, delegado de la administración) de varios desarrollos urbanísticos de la ciudad.
Respecto al resto de las acusaciones, sí se ha descartado ya de manera oficial la posibilidad de que el Ayuntamiento de Alicante (que ejerce la acusación particular) pueda acudir al Supremo en defensa de los intereses municipales. Y todavía está en el aire la posibilidad de que EU pueda optar por la casación o, simplemente, se limite a secundar la vía que quede abierta por la propia Fiscalía Anticorrupción.