ALICANTE. La sentencia dictada por la Audiencia sobre la redacción del planeamiento urbanístico de Alicante, investigado en el marco del caso Brugal, continúa generando consecuencias. La última de ellas es el movimiento protagonizado por el promotor ilicitano Ramón Salvador, que acaba de registrar un escrito por el que solicita la devolución de la fianza depositada tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, en febrero de 2020.
En virtud de ese acuerdo, Salvador asumía que había pagado 116.000 euros a los titulares del despacho Salvetti Abogados a cambio de que se tramitase una alegación para que en el nuevo PGOU se mantuviesen como urbanizables unos terrenos de su propiedad en el Pla de Xirau, en el límite entre los términos municipales de Alicante y San Vicente del Raspeig. De este modo, aceptó una condena de tres meses de prisión como responsable de un delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos que debían quedar en suspenso durante un plazo de dos años, tras el pago de una multa de 14.500 euros más intereses legales.
Ahora, la petición sobre el reintegro de la fianza se produce un mes y medio después de que el tribunal acordase la absolución de siete de los nueve procesados, entre los que figuraba el propio Salvador. En realidad, la sentencia descartaba la existencia de una supuesta trama concertada para primar los intereses del también promotor Enrique Ortiz en la redacción del que debía convertirse en el nuevo PGOU de Alicante.
Así, el tribunal solo resolvía condenar al propio Ortiz y al exalcalde Luis Díaz Alperi (PP) como autores de sendos delitos de cohecho impropio que, para las magistradas, no estarían relacionados directamente con la tramitación del PGOU: el regalo de una chaqueta a la también exalcaldesa Sonia Castedo, en el caso de Ortiz; y el disfrute de un viaje a Creta en jet privado, en el caso de Díaz Alperi. Con todo, la sentencia no es firme. Primero, porque la Fiscalía Anticorrupción ha registrado un escrito por el que solicita la aclaración y complemento de la sentencia al considerar que el tribunal no se había pronunciado sobre varios aspectos señalados en su escrito de acusación. Además, se prevé que, tras la respuesta del tribunal, se confirme el registro de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de la Fiscalía, como el que ya ha anunciado la defensa de Díaz Alperi.
La Audiencia desmonta la trama del PGOU: todo queda en un viaje y una chaqueta
Sea como fuere, la petición formulada ahora por la defensa de Salvador no es la primera que se produce en ese mismo sentido. La representación legal de Ortiz fue la primera que formalizó esa misma solicitud de devolución de la fianza, por más de 1,3 millones, que también había depositado antes de la celebración del juicio con el fin de poder cubrir el pago de posibles indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil en caso de condena. El tribunal todavía no se ha pronunciado sobre ninguna de esas peticiones.
Se da la circunstancia, además, de que Ortiz también había suscrito un pacto de conformidad con la Fiscalía (cerca de un mes después de que lo hiciese Salvador), pero se acabó retractando antes de que se iniciase el juicio, cuando se conoció la sentencia absolutoria para los 34 procesados en la rama de Brugal sobre la contrata de la basura del municipio de Orihuela. Como viene informando este diario, la Fiscalía Anticorrupción ya interpuso recurso de casación frente a esa sentencia, que sigue sin resolverse más de un año después.
Al margen de ello, la Sección Segunda de la Audiencia prevé reanudar el próximo día 20 de septiembre el proceso referente a otra de las ramas despiezadas del caso Brugal: la que atañe al supuesto fraude de la basura del municipio de Calp. El juicio estaba señalado inicialmente para enero de este año pero se acabó aplazando ante las protestas de las defensas por las condiciones de la sala en las que se había previsto su desarrollo. Ahora, su celebración se trasladará hasta el salón de actos del edificio judicial de Pardo Gimeno, en Benalúa.