Hoy es 14 de agosto
CASTELLÓ. El sector del transporte se encuentra en una situación "crítica". El precio del gasóleo, que no cesa de crecer y se ha disparado en las últimas semanas, es la causa fundamental del grave estado de esta actividad económica, pero no la única. Y el presidente de la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías (ACTM), Carmelo Martínez, lo explica: "Desde junio hasta enero, los sobrecostes se han ido trasladando a los precios, los clientes lo aceptaban porque había mucho trabajo, pero ahora la situación ha cambiado".
Y es que el mercado "ha bajado", apunta. En la provincia de Castellón esto se debe, sobre todo, a la caída de la producción cerámica, lastrada también por los altos costes, básicamente los energéticos. Pero también a la ralentización de la actividad global que se viene percibiendo aparejada al conflicto en Ucrania. "Es la tormenta perfecta: más costes y menos demanda", señala Martínez. Y esto puede dar la puntilla a un sector que trabaja, ya de por sí, con unos márgenes muy estrechos: "Empresas que den más de un 5% de beneficio anual, hay muy pocas", asegura.
En esta tesitura, y fuera de la huelga indefinida que la Plataforma para la defensa del transporte de mercancías por carretera ha convocado a partir de este lunes (esta entidad tiene una representatividad muy escasa en la provincia), la patronal castellonense centra sus esperanzas en el real decreto ley que el pasado 2 de marzo publicó el Boletín Oficial del Estado y que establece una serie de medidas "para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística".
Entre ellas, la principal y que ya ha entrado en vigor es la obligatoriedad que establece para trasladar el incremento del coste del gasoil entre la firma del contrato y el momento en que efectivamente se efectúa el transporte, a la tarifa al cliente. "No puede haber contrato en que no se aplique", señala la secretaria general de ACTM, Lara San Miguel. Así, aunque el contexto económico no ayuda a que esto finalmente se plasme en la factura, al menos da "seguridad jurídica" al sector a la hora de reclamarlo, señala el presidente de la patronal castellonense.
Eso sí, la reciente publicación hace que en las compañías existan todavía dudas sobre el método para aplicar el sobrecoste. "Muchas empresas nos están llamando para ver cómo implementan la fórmula", añade San Miguel. No ha de extrañar el interés, ya que el gasoil suponía, hasta la escalada de precios de las últimas semanas, el 30% de los costes para una empresa cualquiera.
Para hacer frente a la situación a la que se ha llegado por la coyuntura mundial motivada por la guerra en Ucrania, desde ACTM reclaman al Gobierno que implemente "medidas urgentes para limitar el precio del combustible y reducir los impuestos sobre el mismo". Una vez superada esta situación extrema, y con las armas que otorga al sector el real decreto ley, el transporte considera que tiene los medios para recuperar cierta normalidad. De ahí el rechazo de ACTM y el resto de patronales a la huelga indefinida convocada por Plataforma.
Y eso que, reconoce Martínez, "todos los costes han subido". Lo han hecho los aceites, neumáticos y el AdBlue para reducir emisiones; pero también los propios camiones, cuyos precios han aumentado "entre un 8 y un 15%, en función de la marca". Además, los plazos de entrega se han prolongado de los tres meses habituales "hasta un año", con lo que esto deriva en más gastos de mantenimiento de la flota actual. Y ello por no hablar de los costes laborales en un sector falto de mano de obra. En Castellón, además, está a la espera de cerrar la negociación del convenio colectivo, que se ha vuelto a enquistar.
En esta situación, el transporte -que solo en la provincia de Castellón y en las empresas asociadas a ACTM emplea a unas 8.500 personas de forma directa entre conductores (6.600) y oficinas- vive un momento clave, en el que lo crucial es esquivar nuevos incrementos de costes del combustible. Si esto se consigue, medidas como la reducción de los tiempos de espera, o la prohibición de que los chóferes realicen las tareas de carga y descarga de sus convoyes, también incluidas en el real decreto ley, son positivas para el sector... pero habrá que ver si no llegan demasiado tarde para algunas compañías.