Empar Marco afirma que los contratos de À Punt denunciados por el PP eran legales

VALÈNCIA (VP/EP). El presidente del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Enrique Soriano, y la directora general de À Punt, Empar Marco, acudieron este jueves a declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna como imputados dentro de una causa abierta por un delito de prevaricación a raíz de una querella presentada por el Partido Popular tras la firma de varios contratos, unos menores de personal y otro de una serie de televisión.

Durante su declaración, Marco declaró que su función era "poner en marcha À Punt" y que la forma de empezar a trabajar era realizar unos contratos menores para ponerla en marcha, a lo que añadió que la Sindicatura de Comptes no dijo en ningún momento que eran ilegales las contrataciones y la asesoría jurídica del ente (Auren) dijo que estaban bien.

Por su parte, Soriano declaró sobre el contrato de la serie que la empresa Mediterráneo Media presentó una declaración responsable como que podía hacer frente al contrato y que luego la Sindicatura indicó que no era la forma de hacerlo. También argumentó que las contrataciones no están sujetas a la Ley de Contratos y que le adelantó a la empresa el 25 por ciento del contrato (400.000 euros) "para que pudieran empezar" porque no sabía que eso no se podía hacer ya que su despacho de abogados le había dicho que sí podía.

En cuanto a los contratos de alta dirección, afirmó que la directora (Marco) es la que formula la propuesta de los contratos de alta dirección porque ella entiende que las personas tienen las cualidades adecuadas y que el Consejo solo autoriza esa propuesta.

Declaraciones públicas

A la salida de su declaración, Marco y Soriano dijeron que "no se ha cometido ninguna ilegalidad", y que se trata de una denuncia "política". Ambos se mostraron "absolutamente convencidos" de que no han cometido ninguna irregularidad. Empar Marco afirmó que habían entregado la documentación que desde el juzgado se les había requerido y que, "en ningún momento, la Sindicatura de Comptes ha dicho nunca que fueran ilegales (los contratos), porque lo único que ha hecho la acusación es coger el informe de Sindicatura y convertirlo en algo que no es, convertirlo en una denuncia".

 
"No es una denuncia de la Sindicatura de Comptes porque sino ellos tienen la obligación de ponerlo en manos del fiscal o del juez y no es así", indicó en este sentido. Soriano se pronunció en la misma línea: "Hemos contestado a las preguntas que se nos han formulado y hemos aclarado los términos que se nos han requerido".

La querella

La querella del PPCV se basa en el informe de la Sindicatura de Comptes. La magistrada investiga la causa iniciada a raíz de una querella del PP por prevaricación tanto en la adjudicación de un contrato por 1,3 millones a una empresa para la producción de una serie como en contratos menores suscritos con diez personas físicas y de tres directivos.

Dicha querella, a la que tuvo acceso Valencia Plaza, se basa en dos patas. La primera es la relacionada con un contrato Firmado el 28 de junio de 2017 que se suscribió entre la CVMC, representada por su presidente, Enrique Soriano Hernández, y la sociedad mercantil Mediterráneo Media Entertainment (MME), representada por su administrador único, Fausto José Atienza Reines, exconcejal del PSPV en Benifaió. Dicho contrato era para la producción de la serie La Tramuntana, a realizar por MME para su posterior emisión en los canales de televisión de la radio televisión valenciana. La serie consistía en 13 capítulos por un importe total de 1.353.727 euros.

Según la querella, el contrato se adjudicó directamente "sin ninguna clase de procedimiento público abierto a la concurrencia competitiva (procedimiento abierto), ni tampoco procedimiento sin publicidad en el que existiese una negociación previa sobre el precio y características del servicio (procedimiento negociado)", por lo que, a juicio de los querellados, "la tramitación que se le da es la propia de un contrato menor", algo que se saltaría la ley al superar los 18.000 euros más IVA.

La segunda pata de la querella de los populares es la que versa sobre los contratos menores suscritos por la SAMC con distintas personas que, según ellos, "encubrían salarios de personal no contratado", o lo que es lo mismo, contratos a dedo. Explica el escrito que antes de la puesta en marcha de las emisiones, la sociedad pública suscribió contratos menores por importe de 5.995 cada uno de ellos con distintas personas a las que luego se les contrató como personal laboral.