VALÈNCIA (EFE). La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha firmado con el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) un convenio para regular el traspaso laboral de empleadas públicas víctimas de violencia de género.
El acuerdo permitirá que las mujeres afectadas puedan cambiar su puesto de trabajo, respetando su categoría y salario, desde las distintas administraciones locales (ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones) a la Generalitat, así como entre ellas y viceversa en el caso de que sea necesario un cambio de su lugar de residencia, según ha informado la Generalitat.
La consellera ha explicado que "deben adoptarse medidas globales que contribuyan a extender la protección y la ayuda que merecen estas mujeres más allá de la que brinda la acción de los tribunales y la de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad".
El convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, sucede al suscrito en 2017 y al que se adhirieron los ayuntamientos de Valencia, Gandía, Serra, Puçol, Llaurí, Faura, Torrent, Gilet, Xàtiva, L’Alcora, Riba-roja de Túria, Castelló, Picanya, Massamagrell, Alzira, Mislata, Montaverner, Alboraia y Pilar de la Horadada, así como las diputaciones de Valencia y Castellón y la Mancomunidad de La Serranía.
