Emprendedores que tratan de entenderse con las administraciones

VALÈNCIA. Tan solo un 1% de las más de 3 millones de empresas censadas en España concurren a alguna licitación pública. Tendrían capacidad de hacerlo hasta 1 millón, pero la mayoría desisten antes de intentarlo, bien por desconfianza, bien por falta de tiempo o, sencillamente, porque no saben que pueden hacerlo ni cómo. Es una pena porque renuncian a priori a un mercado, el público, que en España representa cerca del 20% del Producto Interior Bruto. Al menos eso es lo que sostiene Gádor Espinosa López, CEO y fundadora de Portocarrero Tenders, una empresa que se presenta como ‘el google de las licitaciones’.

Desde el año 2018 está en vigor en España una nueva Ley de Contratación Pública. Con esta se pretendía dotar de mayor transparencia, apertura y flexibilidad a las contrataciones públicas. Entre otras cosas, se redujeron los trámites burocráticos y se autorizó a las empresas de nueva creación, esto es, con menos de 5 años de andadura, a participar en las licitaciones sin necesidad de probar experiencia previa. Espinosa López subraya especialmente esta última novedad porque ello implica abrir la puerta a la participación de pymes y autónomos de cualquier tamaño y actividad. 

A todos ellos les lanza un llamamiento para que se mantengan alertas porque está convencida de que, después del verano, el mercado de las licitaciones va a multiplicarse por cinco. En su opinión, el grueso de los 140.000 millones de euros -150.000 según otras fuentes- anunciados por el Gobierno dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española se van a repartir entre subvenciones y licitaciones.

Insiste también Espinosa en señalar que son muchos los perfiles de emprendedores y empresas que pueden optar a participar de la ‘tarta’. “En Portocarrero Tenders hemos llegado a anunciar hasta licitaciones de 700 euros para la compra de pendrives, una demanda que podría atender cualquier papelería pequeña”.

Recuerda, por último, que la ley de 2018 establece que ninguna administración podrá anunciar una compra pública o una licitación sin tener el dinero disponible de antemano, lo que suprime el riesgo de impago que se producía anteriormente. “Es que algunos se volvían locos haciendo obras públicas y luego no tenían dinero para pagarlas” dice. 

La realidad

Pero ¿de verdad resulta luego tan sencillo como expone la teoría de la ley? Todo va a depender de cómo le vaya a cada uno la feria. A Espinosa le gusta contar el caso de un hostelero al borde del cierre que se dirigió a Portocarrero Tenders en busca de ayuda. “Se presentó a 6 licitaciones y ganó 4. Ahora lleva la gestión del bar de la piscina municipal, de la residencia de ancianos,  del instituto y de la barra de las fiestas del pueblo”. 

Sin embargo, la experiencia reciente de Fernando Pérez Borrajo, CEO de Aunoa, le dice que no es tan bonito como lo cuentan. Fue a raíz del Covid que contactaron con ellos desde el área de Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Valencia. Con los Servicios Sociales colapsados a causa del aumento de la demanda y la transición al teletrabajo, les propusieron buscar una solución que descongestionara el atasco abriendo “nuevas vías de comunicación con los usuarios para poder atenderles y descongestionar a profesionales municipales de la enorme carga de trabajo existente, tanto de gestión como meramente informativa”.

Aunoa, startup valenciana especializada en el desarrollo de soluciones omnicanal para la automatización del servicio al cliente mediante AI Chatbots, propuso un servicio basado en el WhatsApp como canal principal de contacto por entender que es el canal de comunicación más sencillo y generalizado en nuestro país, con una penetración del 94%. Para complementarlo, se sumaron como canales de uso del chatbot la propia web de los Servicios Sociales, su página de Facebook, Twitter y la app València. La solución fue incorporada y disminuyó la presión del servicio.

Pero ni el proceso fue sencillo ni económicamente ha sido satisfactorio para Aunoa. Esta presta el servicio a través de una contratación menor, la cual solo puede adjudicarse para cuantías que no sobrepasen los 15.000 euros. “Si en lugar de obra menor se hubiese convocado una licitación pública hubieran necesitado, por lo menos, un año para cumplir con todos los trámites burocráticos, un procedimiento totalmente ineficaz ante una situación de emergencia. Otra circunstancia es que un contrato menor se adjudica por el plazo máximo de 1 año y que no lo cobras hasta que no finaliza ese año, de manera que nosotros seguimos prestando el servicio sin cobrar. Llama también la atención el hecho de que, aunque el servicio esté funcionando bien en el Ayuntamiento de Valencia, no pueden aprovecharlo en otras Administraciones provinciales o municipales, que tendrían que hacer sus propias contrataciones. En fin, que el único consuelo que nos queda es pensar que hemos ayudado a muchas personas vulnerables a recibir las ayudas que necesitaban porque, económicamente, la verdad es que no compensa”, cuenta Pérez Borrajo.

No obstante, aunque el CEO de Aunoa no esté satisfecho con el resultado de la operación referida, tampoco descarta seguir aplicando a las oportunidades que vayan surgiendo en el mercado público. De hecho es un terreno en el que ya tienen cierta experiencia porque han concurrido a otras licitaciones a través de una Unidad Temporal de Empresas (UTE). Esta es, precisamente, una de las alternativas que propone Espinosa para las pequeñas y medianas empresas con poca capacidad para licitar. “Siempre se puede aliar a otras del mismo tamaño o más grandes con las que se complemente el servicio. Al fin y al cabo, esto no requiere ningún esfuerzo ni trámite notarial y cuando concluye la obra o el servicio, la UTE cesa la actividad y muere sin más”, dice Espinosa, criterio que comparte también Pérez Borrajo.