Las personas no sólo viven en casas. Las personas habitan vecindarios y comunidades. Ocupan edificios pero también lugares en un tejido social. La vivienda es un espacio de cobijo, pero también de estatus. Es un bien de consumo, pero también un producto de inversión. La ciudad son las casas y lo que pasa entre ellas. La vivienda y su mercado de producción y consumo influye decididamente en la estructura económica, social y espacial de las ciudades.
La tranquilidad de una vivienda es esencial para lo que el psiquiatra R.D. Laing llamó seguridad ontológica. La seguridad ontológica nos permite encontrarnos a gusto en nuestro entorno y en casa en nuestra vivienda. Como sensación subjetiva, depende de unas condiciones estructurales. Presupone el acceso estable a un alojamiento bajo el control propio del residente. Implica una economía doméstica en funcionamiento. Está apoyada por los derechos legales que sacralizan la vivienda como el dominio de la soberanía personal. Es, en esencia, el corolario psicosocial de una ciudadanía política y social competa. Sin un nivel mínimo de seguridad ontológica se vuelve imposible construir familias, emprender, invertir o involucrarse en los procesos sociales y cívicos.
Desafortunadamente, el sistema de vivienda, hoy día, como en tantas otras épocas, parece estar diseñado para generar en muchas personas la alienación residencial en lugar de la seguridad ontológica. El derecho a la vivienda es un derecho incumplido que no ha llegado a tener un significado total en el sentido ético y político.
La construcción, como sector económico, vivió hipertrofiado en el periodo previo a la crisis. El crecimiento sin precedentes del parque de viviendas no sirvió para resolver los problemas graves de acceso a la misma.
Hoy en día los desafíos más importantes, para una ciudad como Valencia, son múltiples. Comparada con otras urbes del entorno aún no recibe, pero lo recibirá, capital inversor foráneo en una escala suficiente como para hacer distorsionar el mercado; la gentrificación y la turistificación —vía apartamentos turísticos en alquiler— son aún fenómenos relativamente incipientes. Nos enfrentamos a una nueva burbuja inmobiliaria empujada por estas nuevas fuerzas.
Las reacciones desde los movimientos sociales a nivel estatal también han sido múltiples: desde la Plataforma de afectados por las Hipotecas, parte de la cual se ha integrado en candidaturas a los gobiernos del cambio, al recientemente creado Sindicat de Llogaters en Barcelona; fruto de la insostenibilidad del mercado del alquiler en la capital de Catalunya.
Desafortunadamente, durante los últimos años, los gobiernos regionales y locales han renunciado voluntariamente a hacer política de vivienda y, más aún, a la construcción de vivienda pública. La vivienda pública, entendida solo como una política de bienestar, no ha solventado ni siquiera los problemas de los más desfavorecidos.
Esa renuncia voluntaria esconde unos intereses determinados que niegan la capacidad transformadora que tiene la política de vivienda; no solo para garantizar el derecho a la misma sino para construir urbes más dinámicas, inclusivas,compactas y verdes. ¿Por qué no podemos entender la política de vivienda (pública) también como una política industrial? ¿Cómo puede ser que la vivienda sea una política deficitaria si el sector público tiene el monopolio de la regulación del suelo? ¿Por qué el sector público nunca recupera las plusvalías inmobiliarias hechas posibles por la generación de infraestructuras necesarias para la nueva construcción, cosa que ya demanda la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas?
En el libro In Defense of Housing, de David Madden y Peter Marcuse, del que tomo prestado el título de este artículo, se responden a algunas de estas preguntas y se plasman algunos planteamientos de futuro interesantes.
Madden y Marcuse abogan por un incremento de las viviendas públicas como elemento central a cualquier respuesta efectiva a los problemas actuales. Pero hay muchas otras posibilidades que merece la pena experimentar: como explorar nuevos modelos de gestión o probar nuevos mecanismos de financiación con el objetivo de que las casas sean casas y no solo productos inmobiliarios.
Ante la inmovilidad de las corporaciones municipales la Generalitat Valenciana ha presentado su Ley por la Función Social de la Vivienda que “tiene como objetivo hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada, así como para dar respuesta a la demanda ciudadana al generar políticas públicas de vivienda, ampliar el parque público, y evitar, en la medida de las competencias de nuestra autonomía, los desahucios de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad”.
Esperemos que no sea demasiado poco, demasiado tarde.
