VALÈNCIA. Si todo va según lo previsto, les Corts Valencianes votarán en el pleno de la semana que viene la reforma de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana. "No es el momento de aprobar una ley contrarreloj, estamos en un estado de alarma que requiere que se aprueben medidas extraordinarias y esta ley no lo es. Además tenemos un sector parado y una situación que no tiene nada que ver con la de hace dos meses. Aprobar esta ley tal y como estaba planteada cuando se suspendió el período de sesiones, supondría la puntilla para el sector", afirma la presidenta de Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas en la Comunidad Valenciana (Andemar), Encarna Gaspar.
Desde el sector miran con temor la posible aprobación de una ley que "si ya era lesiva para los intereses empresariales antes de la crisis del coronavirus, ahora es letal". El sector es uno de los más afectados por los crisis de la covid-19: salones y empresas cerradas, máquinas en hostelería sin funcionar, ingresos cero, ICOs que no llegan y más del 70% de los trabajadores afectados por los ERTEs.
A ello se une cierta inseguridad porque se enfrentan a una vuelta al trabajo con muchas dudas, "algunos informes dicen que el sector alcanzará el 30% de su actividad a finales de año y otros, más optimistas, hablan de que alcanzaremos una media normalidad entre el tercer y el cuarto trimestre", comenta Encarna Gaspar, quien asegura "y si se aprueba la ley significará añadir más problemas económicos y sociales a todos los derivados por la crisis del coronavirus".
La Ley del Juego supondría un grave impacto económico en el PIB de la Comunidad Valenciana, ya que el sector supone el 2,3% del total. Además llevaría al cierre de más de 400 salones de juego y a la pérdida de empleo de casi 7.000 empleos directos del sector y cerca de 30.000 indirectos. "Se ha hablado con los grupos políticos, con el Consell, se han presentado escritos explicando la situación, trasladando propuestas alternativas dirigidas a paliar el impacto negativo de la misma en el empleo y recaudación fiscal, pero buscando dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, pero no están escuchándonos. Sabemos que es necesario cambiar la ley, porque la actual no se ajusta a la realidad, pero es que este proyecto tampoco. La situación ha cambiado, pedimos una moratoria de un año, hasta que la economía vuelva a registrar datos positivos y el empleo recupere la senda del crecimiento para poder estudiar la nueva realidad, con informes públicos que digan como adaptarse al escenario actual".
A esta petición de moratoria de Andemar CV, se han sumado las distintas asociaciones relacionadas con el juego, (ANESAR CV, APROMAR, ASVOMAR), pero también la patronal autonómica CEV, la de hostelería, CONHOSTUR, así como el sindicato UGT, que también solicita un nuevo proceso normativo que dé más garantías a los trabajadores del sector.
Y ya no solo para las empresas y trabajadores del sector. También va a afectar a otros sectores como la hostelería, que ve como una parte de sus ingresos va a desaparecer si se aprueba la ley tal y como está en la actualidad y que van a tener que invertir en nuevas máquinas, lo cual es inviable en la actualidad. E incluso a las arcas públicas, que tendrán que renunciar a una de las vías de ingresos, 144 millones de tributación directa y otros 130 millones en impuestos indirectos, que la Generalitat tiene garantizada. «Peco de optimista y todavía me queda algo de esperanza, pero cada vez es menor y la sensación de impotencia es absoluta. Nosotros hemos cedido en muchos puntos, como la discreción en los salones, la menor visibilidad, el control de la entrada… lo único que decimos es que no es el momento de aprobar esta ley, pedimos poder defendernos y una garantía para poder ejercer nuestra actividad», señala Encarna Gaspar.
La presidenta de Andemar apunta que ante la situación tan devastadora que la covid-19 plantea para el empleo, "necesitamos sectores e industrias capaces de generar empleo y riqueza y el sector del juego es uno de los más solventes, con un elevado compromiso empresarial, además de generador de empleo y con una gran transparencia tanto a nivel fiscal, como de auditorías. La aprobación de este tipo de leyes merman la capacidad de recuperación de todo un sector, que va a afectar a la economía y al empleo de la Comunitat".