Reclama a sus hermanos la entrega del 7,84% de la compañía o su equivalente económico, tal como acordaron a cambio de su salida del accionariado de Fucsa
VALÈNCIA. La salida del empresario Enrique Calabuig del accionariado de Fomento Urbano de Castellón (Fucsa) está resultando menos sencilla de lo que preveían los hermanos Calabuig Gimeno cuando hace ahora tres años acordaron compensar la cesión de su 12,92% en el grupo, que no podían comprar por su alto coste, con un paquete accionarial de Aguas de Valencia equivalente a esa participación y la división del resto de negocios del grupo (inmobiliarios y otros) con arreglo a ese porcentaje.
Fucsa es propietaria del 97% de Aguas de Valencia a través de la sociedad Global Omnium –antigua Inversiones Financieras Agval–, aunque en el momento del acuerdo –7 de noviembre de 2014– poseía algo más del 63%. Es su participación más valiosa, que se vio incrementada en 2016 con la adquisición del 33% que poseían Suez Environnement y Criteria (Grupo La Caixa).
Tres años después de tomado el acuerdo en un consejo de administración de Fucsa y tras aceptar Enrique Calabuig la oferta de sus hermanos Eugenio -presidente de Aguas de Valencia-, Mercedes y Celia, la operación no se ha llevado a cabo, a pesar de los requerimientos notariales del primero, quien acabó presentando una demanda. La vista está fijada la próxima semana en el juzgado de Primera Instancia número 21 de València.
Tras manifestar Enrique su deseo de separarse del grupo familiar, en la citada reunión del consejo de administración se acordó ofrecerle tres opciones de salida respecto a la participación en Aguas de Valencia, además de su 12,92% en la división del resto de negocios del grupo.
La primera opción era el pago del valor neto –descontada la deuda imputable– de las acciones que le tocaban en Aguas de Valencia, que se calculó en 6,26 millones de euros. La segunda era la adjudicación directa de 35.766 acciones de Aguas de Valencia libres de cargas. Y la tercera, la adjudicación directa de 153.895 acciones de la compañía de aguas con sus correspondientes cargas crediticias que respondían a una deuda de 20,67 millones. En todos los casos, el resto del grupo se repartiría con la división y entrega del 12,92% al hermano que quería dejar el accionariado de Fucsa.
Enrique Calabuig eligió la tercera opción, las 153.895 acciones, que suponía hacerse con el 7,84% de Aguas de Valencia.. Así se lo hizo saber a sus hermanos, pero para su sorpresa no obtuvo respuesta, según relata en la demanda, por lo que insistió durante varios meses mediante requerimientos notariales. Finalmente, en noviembre de 2015, un año después del acuerdo, presentó la demanda en los juzgados.
Para el caso de que no sea posible cumplir el acuerdo en los términos acordados, hayan aumentado las cargas sobre las acciones o los hermanos continúen sin cumplir el compromiso, Enrique Calabuig pide que se condene a los demandados al cumplimiento por su equivalente económico. Se trataría, según la petición, del equivalente económico del valor a esas 153.895 acciones de Aguas de Valencia a su valor de mercado, más una indemnización por daños y perjuicios por el tiempo transcurrido desde que se firmó el acuerdo sin haber podido materializarlo.
Para ello, Calabuig solicita en la demanda que el juzgado nombre a un perito economista-auditor censor jurado de cuentas para que calcule el valor de esa participación