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Entrevista a la nueva presidenta de CSIF en la comunitat

Alicia Torres: "Imponer el requisito lingüístico en la función pública es generar confrontación" 

24/11/2019 - 

VALÈNCIA. Alicia Torres (Alfara del Patriarca, 1970) coge las riendas de CSIF en la Comunitat Valenciana tras una larga trayectoria sindical. Licenciada en Derecho, su vinculación con la organización comenzó en 1999 en el área de asesoría jurídica. A partir de ese momento asumió diferentes responsabilidades dirigiendo los talleres de empleo y, posteriormente, al frente del Departamento de Formación en la Comunitat Valenciana. En 2007 fue elegida vicepresidenta del sindicato. Ahora, tras el IX Congreso Autonómico, asume la presidencia autonómica que deja Daniel Matoses tras más de dos décadas. 

"Daniel y yo hemos trabajado durante doce años juntos y he aprendido de un maestro y un referente del sindicalismo como él. Viendo que los compañeros reciben bien mi candidatura, me animo a presentarla al Comité Ejecutivo Autonómico en este último congreso", explica. Varios son los retos a los que se enfrenta en esta nueva aventura como la recuperación del poder adquisitivo en el ámbito del empleo público. "Sufrimos en la crisis un grave perjuicio que supuso que nuestras retribuciones en el 2010 se redujesen. Nuestra intención es revertir esta situación", recalca. También se vuelca con lograr una jornada laboral de 35 horas semanales y conseguir una mayor penetración del sindicato en el ámbito de la empresa privada.

En la pasada legislatura, desde CSIF se mostraron contrarios a la incorporación del requisito lingüístico en la Ley de Función Pública, una medida que cree que genera "confrontación". "Intentar imponer el requisito lingüístico en la ley de la Función Pública es crear confrontación en vez de la unión que tiene que generar el uso de la lengua. Las imposiciones siempre generan rechazo en vez de fomentar el uso", asegura. Además, Torres considera que una nueva norma a nivel general no era urgente.

También reivindica mayor pluralidad sindical en la ley de Participación Institucional lo que les permitiría no solo acceder a subvenciones, sino tener voz en las mesas de diálogo social. "Esa ley es totalmente injusta. Únicamente da financiación a los dos sindicatos de clase y no reconoce la pluralidad sindical que existe en nuestra comunidad", subraya en una entrevista con Valencia Plaza en la que aborda presente y futuro de la organización sindical.

-¿Cuál es la situación actual del sindicato?
-Los últimos años han sido muy buenos. En poco más de cuatro años hemos incrementado en casi 4.000 el número de afiliados en la Comunitat Valenciana. Éramos unos 14.000 y ahora somos 18.000. Volvemos a estar en niveles de afiliación anterior a la crisis y seguimos creciendo, lo que indica que nuestro trabajo, a pesar de las dificultades, se va reconociendo. Además, contamos con más de mil delegados en los distintos ámbitos, tanto del empleo público como de la empresa privada, y como organización tenemos una situación económica estupenda, envidiable.

-¿Qué queda por hacer?
-En el futuro hay retos. Como referentes en el ámbito del empleo público debemos seguir manteniendo esa gran representatividad que tenemos. Hemos pasado del cuarto lugar en la Mesa General de la Función Pública al segundo puesto e incluso estamos en litigio con la Administración por si somos los primeros. Por tanto, en el ámbito del empleo público, el reto es mantener esa gran representatividad. Y en el ámbito de la empresa privada nuestro reto es crecer, a pesar de la dificultad que supone la legislación sindical vigente, que nos lo pone muy complicado porque en aquellas empresas en las que no estamos, no podemos preavisar para promover las elecciones y no podemos presentarnos. Además, contamos con muchos menos recursos que otras organizaciones sindicales y eso nos dificulta mucho nuestra expansión en la empresa privada. Nuestra idea en estos próximos cuatro años es mejorar esa representación. 

-Ha comentado que están en litigio con la Administración por la representatividad en la Mesa General de la Función Pública. ¿Cuál ha sido el motivo?
-Cuando se convocó la constitución de la Mesa, que reúne al personal estatutario y laboral, fue en base a unos cálculos de los delegados que tenemos cada sindicato, pero cuando llegamos nos encontramos que nos habían desplazado al segundo lugar por unas dudas sobre si el personal del hospital de La Ribera, que ahora es personal a extinguir de la Conselleria de Sanidad, se computa o no. En un primer momento estaba computado ese personal, pero aparecen unos informes de la Abogacía de la Generalitat diciendo que no, que ese personal no puede entenderse computado dentro del ámbito de esta mesa. Nosotros lo vamos a recurrir. La propia Administración nos convocó un viernes y el lunes aparecen esos informes que nos desplazan al segundo puesto. 

-¿Qué argumenta la Abogacía en sus informes?
-Señala que las condiciones de trabajo de ese personal no se debaten en esa Mesa General, pero es que en esta mesa no se van a debatir al detalle. Eso lo harán en su mesa de convenio. Por eso vamos a interponer acciones legales.

-¿Cómo ve el mercado laboral valenciano? ¿Dónde se debe poner el acento?
-La situación es complicada y más viendo que llegan momentos de recesión o de crisis. El problema es el trabajo precario que no se resuelve y todavía faltan oportunidades. Hemos pasado cuatro años bastante buenos, pero el panorama no se presenta muy halagüeño a la vista de lo que se va escuchando.

-¿Qué medidas se deben adoptar para mejorar la calidad del empleo? 
-En el ámbito de lo público tenemos unas reivindicaciones que ya en la legislatura anterior se quedaron por atender y pasan por la recuperación del poder adquisitivo en el ámbito del empleo público. Sufrimos con la crisis un grave perjuicio que supuso que nuestras retribuciones en el 2010 se redujesen. Nuestra intención es que en esta legislatura, a nivel de CCAA, se establezca un Fondo de Compensación del poder adquisitivo para que los empleados públicos puedan volver a los niveles salariales del 2010. 

También está la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales, que ya está implantada en otras comunidades. Es una fórmula que habrá que discutir, pero que permite gestionar los servicios públicos y sacar el trabajo adelante y redunda en beneficio de quien las disfruta. Además, permitirá incorporar más personal también a la Administración, que ahora mismo tiene una media muy elevada y unas plantillas mermadas y al final el servicio público se resiente. Hay una reducción de plantillas en la administración pública.

"Los procesos en la administración tienen que agilizarse si queremos plantillas estables"

-¿Cómo puede la administración valenciana recuperar plantilla cuando ya desde la Generalitat advierten de que no tienen recursos?
-Nosotros a nivel nacional, con otras organizaciones sindicales, hemos firmado unos acuerdos por el empleo público. Esos acuerdos preveían planes de estabilización que si se ponen en marcha y se da les da agilidad, pueden llegar a paliar esa merma de plantillas que actualmente tenemos. Pero chocamos con la lentitud de los procesos, que se eternizan. Hace algo más de un mes se acabó una OPE del 2015. Eso no puede ser. Los procesos tienen que ser ágiles. Si pretendemos que esa temporalidad se reduzca y que las plantillas sean estables y se incrementen, falta que las comunidades autónomas también se impliquen y agilicen esos procesos. 

Hay que emprender políticas que fomenten el empleo y que trabajen en favor de la gente joven y de los colectivos que siempre se ven más perjudicados en las épocas de mala situación económica. Nosotros estaremos vigilantes para ver esas medidas porque en las mesas de diálogo social no estamos por la Ley de Participación Institucional, pero haremos las aportaciones que podamos hacer desde nuestra opción sindical.

-Precisamente ustedes se han mostrado contrarios a esta norma tachándola de injusta y pidieron su modificación para que incluyera a más organizaciones sindicales y no únicamente a UGT y CCOO. 
-Esa ley es totalmente injusta, porque lo que hace es dar una financiación a los dos sindicatos de clase injustamente y no reconoce la pluralidad sindical que existe en nuestra comunidad. Así que en unidad de acción con otros tres sindicatos hemos tenido múltiples reuniones con grupos parlamentarios. A raíz de una enmienda del PP se abre la puerta a un mayor reparto, pero está pendiente su desarrollo reglamentario y es ahí donde ahora tenemos que incidir para permitir participar a sindicatos que tenemos una representación intersectorial. Hemos pedido una reunión con la Conselleria de Economía porque el tema está en sus manos. 

-¿Qué puntos debe incluir ese desarrollo reglamentario?
-Hablamos de un porcentaje elevado o un número de delegados, pero estamos abiertos a que la Administración desarrolle eso y diga cómo puede hacerlo. No nos cerramos a nada. Pedimos que sea intersectorial, es decir, que no sea para un sindicato corporativo o solo de un sector, sino que tenga presencia en toda la Comunidad Valenciana. En cuanto al número de delegados podría ser el 3% o fijarlo en 500. Eso ya es lo que está por definir. Lo que reclamamos es una mayor pluralidad sindical y que se abra la ley.

-La Ley por la Función Pública, impulsada por el Botànic, sigue pendiente. ¿Considera que era necesaria?
-La ley que había era de 2010 y podía haberse modificado algunos aspectos. Una nueva ley no era tan urgente, pero el gobierno del Botànic decidió que debía hacer una nueva. Nosotros siempre hemos dicho que teníamos una línea roja que era insalvable y es la imposición del requisito lingüístico para el acceso a la función pública. Para nosotros el valenciano tiene que ser un mérito como estaba, porque entendemos que hay que potenciar el valenciano, pero no como un requisito para acceder. 

"no percibimos que el valenciano esté discriminado respecto Al castellano"

-¿Por qué no debe ser un requisito?
-Porque en esta comunidad la lengua nunca ha sido un motivo de confrontación ni percibimos que el valenciano esté discriminado respecto al castellano. No detectamos que sea un problema el uso del valenciano en esta administración, con lo cual es crear un problema donde no existía. Yo soy valencianoparlante y no me siento discriminada en el uso del valenciano. Imponer el requisito lingüístico en la ley de la Función Pública es crear confrontación en vez de la unión que tiene que generar el uso de la lengua.

-De cara a esta nueva legislatura ¿Qué debe hacer el Consell para mejorar la situación del funcionariado?
-En la anterior legislatura sí hubo mejoras por el pacto por el empleo público que se firmó a nivel del Gobierno de España y que tuvo repercusión en el ámbito local de la Comunidad Valenciana. Aquí se planteó un pacto de legislatura que nosotros no suscribimos porque entendimos que era una declaración de intenciones que no tenía nada tangible. No había ninguna medida que fuera a repercutir de manera directa en los empleados públicos de la comunidad. Todo era instar al Gobierno de España. Las cuestiones que han mejorado lo han hecho gracias a los acuerdos que hemos suscrito con el Gobierno de la Nación. La  administración valenciana debe agilizar los procesos, pues seguimos con mucha lentitud. No vemos que vaya con la agilidad necesaria.

-¿Existe falta de confianza hacia el sindicalismo debido a casos de corrupción como los ERE y cierta desafección?
-Hay una desafección total. En la gente joven el tema sindical no tiene ninguna ningún interés. Nosotros queremos diferenciarnos de las dos grandes centrales sindicales que son de clase y tienen una clara identificación política. Queremos que nos vean como algo diferente, moderno, profesional e independiente. Pero también hay que tener en cuenta que la gente joven hoy en día no se plantea una empresa como su trabajo para toda la vida. Ahora se trabaja por proyectos y el trabajo es diferente. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad laboral y hacer un esfuerzo por modernizarnos y por conectar con ese colectivo que no se identifica con esos dos sindicatos.

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