Jorge Rodríguez: "Estoy convencido de que las diputaciones no van a desaparecer"

VALENCIA. Jorge Rodríguez (Ontinyent, 1979) atiende la llamada de Valencia Plaza para hacer balance de su primer año al frente de la Diputación, una vara de mando que ostenta en convivencia con otras fuerzas políticas como Compromís, Esquerra Unida y Valéncia en Comú. Un primer ejercicio éste presidido por la Operación Taula, que ha situado en los tribunales la gestión llevada a cabo durante años por el Partido Popular. 

El dirigente socialista, como él mismo admite, se ha enfrentado a la gestión en la corporación provincial con el objetivo principal en este primer envite de acometer un lavado de cara a la institución. "Hay que conseguir que sea útil para los ciudadanos y que no genere vergüenza", afirma. El lastre del reguero judicial ha llevado incluso a cambios de nombre de empresas públicas como Imelsa -eje de la presunta trama corrupta- que ha pasado a denominarse Divalterra, solo una muestra de la intención de Rodríguez de crear un nuevo comienzo. 

En esta línea, el también alcalde de Ontinyent -14 concejales le contemplan- se describe "realista" y "pragmático" cuando se le pregunta por la eliminación de las diputaciones que propugna su compañera de gobierno, la vicepresidenta Maria Josep Amigó (Compromís), o incluso el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. "Estoy convencido de que las diputaciones no van a desaparecer. Tengo dudas de si va a haber Gobierno en España así que imagínate reformar la Constitución para terminar con las diputaciones", comenta durante el encuentro.

Rodríguez evidencia su ADN municipalista con una proximidad que, sin embargo, no tapa la sensación de político de largo recorrido que transpira. Así, habla con naturalidad de buscar acuerdos con los presidentes de las diputaciones del PP o explica con franqueza los aciertos y errores de un proyecto como XarxaLlibres. El presidente de la Diputación, más que ser entrevistado, se dedica simplemente a charlar.

-Cumple un año como presidente de la Diputación de Valencia. ¿Cómo está viviendo la experiencia?
-Ha sido un año muy intenso. Desde el punto de vista judicial, hemos tratado de colaborar con la justicia para que la corporación nueva pudiera mirar hacia delante y empezar a sentar las bases para que la Diputación no se perciba como una cueva oscura y extraña en la que reina la arbitrariedad y el despilfarro. Una institución que actúe en base a criterios objetivos y no a intereses partidistas.

-Aparte de esto, ¿en qué se ha tratado de diferenciar la gestión con la del PP?
-Lo primero que quisimos hacer fue preguntar a la gente. La Diputación está centrada en los municipios y por eso hicimos una encuesta entre los alcaldes para conocer qué esperan de la corporación. Eso ya marca una clara diferencia: trabajamos codo a codo con los ayuntamientos y escuchamos sus necesidades. Por otro lado, se apuesta por una delegación de Transparencia, para evidenciar que somos capaces de rendir cuentas porque los ciudadanos tienen derecho a saber. Además, también situamos como una de las prioridades la Igualdad, un área en la que nunca antes había intervenido la Diputación.

-Están preparando un Plan de Empleo, ¿en qué consistirá?
-Nos hemos coordinado con la Generalitat. El Gobierno valenciano aportará unos siete millones de euros para esta provincia y nosotros pondremos en torno a 2,5 millones de euros. Antes, entre Diputación, Generalitat y municipios el Plan de Empleo tenía siete millones y medio de euros, y ahora entre ambas instituciones vamos a inyectar 10 millones de euros. Lo que cambia aquí es que los municipios no tienen obligación de poner dinero: es una manera de que nadie quede excluido por no tener capacidad económica. Por otro lado, también es esencial para nosotros que este plan no genere 'minijobs' y para ello dos condiciones: que nadie cobre por debajo del salario mínimo interprofesional y que los contratos no puedan ser inferiores a seis meses. En definitiva, no contribuir a la precarización.

-¿Cree que el XarxaLlibres ha salido bien, mal o regular?
-Creo que ha salido razonablemente bien para lo complejo que era. Es posible que haya hecho falta una mejor coordinación: en primer lugar porque no hemos podido conseguir que hubiera una única convocatoria, por lo que los ayuntamientos también han tenido que justificar a la Generalitat la subvención de la Diputación. Luego había otro problema sobre la fiscalización: tú le das los 100 euros al ciudadano y luego le das otro tanto cuando devuelve los libros si están en buenas condiciones. Ahí los interventores municipales son los que asumen la responsabilidad de ese pago pero ellos no ven el material, que es revisado por las Ampas y los centros. Esta parte es complicada y se podía haber dejado mejor atada.

-¿Qué impide que la EMT vuelva al área de metropolitana?
-Nosotros hemos tratado de ayudar a desbloquear la situación, proponiendo un convenio de un millón de euros para este tipo de líneas. No obstante, aquí hay un problema diferente, especialmente entre Mislata y Valencia. El acuerdo que se tomó en aquel momento era recuperar lo que había hasta que el PP lo abandonó y yo trataría de limitarme a tratar de cumplir ese objetivo y posteriormente buscar una solución más global, porque lo importante es que los municipios tengan ya autobuses y no se demore más.

-¿Qué ha sido lo más relevante de este año en cuanto a inversiones y qué se prevé para la este ejercicio?
-Cuando llegamos nos dimos cuenta, posiblemente por el vacío de gestión por las cuestiones judiciales, de que había un remanente de 72 millones de euros que podían ir a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) para los municipios. Tuvimos que darnos prisa porque las adjudicaciones de las obras tenían que estar listas en octubre y noviembre. Esto se ha convertido en 1.200 obras con un cálculo de unos 2.400 empleos que o bien se han generado o se han conseguido mantener. En aquel momento dimos nuestra palabra de que los pequeños municipios, o los que habían salido menos beneficiados, tendrían un segundo IFS y eso es lo que ahora vamos a hacer. Este mismo lunes vamos a aprobar las bases para municipios de menos de 5.000 habitantes. Los que tienen hasta 500 habitantes van a tener 30.000 euros fijos más 12,40 euros por cada habitante y los que tienen entre 500 y 5.000 habitantes van a tener 50.000 euros fijo más 12,40 euros por cada habitante. Esto nos va a permitir inyectar 12 millones de euros más en inversiones que se van a poder adjudicar hasta el mes de octubre de este año y se van a poder ejecutar hasta otoño del año que viene.

-¿No teme que los decretos de coordinación impulsados por su compañero y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, le acaben quitando capacidad de maniobra e iniciativa política?
-Es que no tengo esa sensación. Para mí lo importante es que el dinero llegue a los municipios, no quién lo dé. Puedo entender desde el punto de vista político que el PP quiera disparar desde las diputaciones porque es la única línea de fuego que les queda, aunque me parece un poco triste. Por otro lado, la colaboración institucional es muy importante: nosotros, por ejemplo, querríamos echar un cable en gasto corriente y sobre eso hemos logrado que la Generalitat saque ayudas para municipios de menos de 3.000 habitantes mientras nosotros aportamos para inversiones. En esta línea, es muy interesante la medida que se sacó del Seminari de Torrevieja para la creación del Fondo de Cooperación Municipal. Competir no tiene sentido, hay que cooperar.

-Hay cosas de la gestión de la Diputación que no parece que tengan demasiado sentido, como por ejemplo que figuren en el entramado del Hospital General Provincial... ¿Qué piensa sobre ello?
-La verdad es que no tiene sentido que formemos parte del Hospital General Provincial. Al final nos entran 103 millones de euros por una puerta y salen por la otra. Lo lógico es que lo gestionara Sanidad. Estamos viendo cómo podríamos cambiar esto. Ahora bien, lo que no queremos es salirnos del consorcio mientras no tengamos garantizado que ese dinero va a llegar igualmente.

-Usted tuvo una comida con los presidentes de la Diputación de Alicante y de Castellón, César Sánchez y Javier Moliner, ambos del PP. ¿Cómo fue aquel encuentro y cuál es su relación?
-Fue muy positivo. Al final esto de las trincheras es todo mentira. Las personas somos mucho más normales y se pueden llegar a acuerdos aunque cada uno tenga sus ideas. Hablamos de que el embrión de la futura Agencia Tributaria fuera la suma de nuestras oficinas de recaudación, una idea del presidente Ximo Puig, y en esa línea se ha empezado a colaborar a través de una comisión con los responsables de Hacienda. También hablamos de posibles proyectos conjuntos o colaborar en materia turística, cultural o deportiva. La idea es vernos regularmente: de hecho, habíamos pensado reunirnos de nuevo en julio aunque no sé si al final será en septiembre. Al final una cosa es la estrategia política y la crítica que pueda hacerse, que yo la entiendo y la respeto, pero se pueden hacer cosas muy beneficiosas conjuntamente y eso hay que aprovecharlo.

-Usted gobierna con cuatro formaciones. ¿Cómo está siendo la convivencia? La vicepresidenta Maria Josep Amigó, de Compromís, insiste a menudo en su posición favorable a que desaparezcan las diputaciones. ¿No le incomoda eso?
-Maria Josep es una persona con la que es muy fácil llevarse bien, aparte de las discrepancias políticas. Hay que entender que aquí cada uno viene de un padre y una madre, pero se ha normalizado priorizar el cumplimiento de unos objetivos comunes y eso ha evitado problemas. No podemos pensar igual en todo... pero es que eso es algo que no te pasa a veces ni con los de tu partido. Sobre las diputaciones... yo soy una persona pragmática y si me preguntas: '¿Crees que las diputaciones van a desaparecer?' No. Estoy convencido de que las diputaciones no van a desaparecer. Tengo dudas de si va a haber Gobierno en España así que imagínate reformar la Constitución para terminar con las diputaciones. Así que intentemos que sean útiles a los ciudadanos y no generen vergüenza.