José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El sector de la construcción y obra pública avanza a marchas forzadas hacia la nueva normalidad. Tras quedar paradas las licitaciones con el estado de alarma, las obras que quedaron en stand by vuelven a ponerse en marcha a buen ritmo. Otras siguen en el aire, pendientes. Y para los contratistas de la obra pública, ahora es el momento de que la administración haga un "sobreesfuerzo" por reactivar la actividad económica del país apoyándose en la inversión a todos los niveles pero con especial atención a las infraestructuras. "Turismo, ciclo del agua, movilidad... Es el momento ahora de definir lo que queremos ser como sociedad", subraya José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obra Publica de la Comunitat Valenciana (Fecoval).
Para adaptarse a esta nueva situación y minimizar los estragos de la crisis se muestra tajante: "La administración se tiene que dar cuenta de que hay que cambiar gasto por inversión. Debe acostumbrarse a meter mano en la caja del gasto y no de la inversión porque por cada euro que se invierte en una infraestructura se convierte en valor patrimonial para España. En cambio, cada euro que gastas, no vuelve", incide. Para aumentar el capítulo de la inversión, incide en la necesidad de acudir a Europa y conseguir financiación de las líneas puestas ya en marcha, más allá de los actuales Planes de Recuperación que prepara Bruselas para hacer frente a la pandemia.
No obstante, y consciente de las dificultades, asegura que en este camino la Administración debe contar con la empresa privada. Santa Isabel defiende una planificación conjunta del país a dos velocidades: una inmediata y otra con miras al futuro, tanto a nivel nacional como autonómico. Y es que el presidente de Fecoval ha sido recientemente nombrado vicepresidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), un nuevo cargo con el que quiere dar visibilidad a la Comunitat. Valencia Plaza se reúne con él para abordar la situación del sector y analizar perspectivas de futuro.
-¿Cómo ha afrontado el sector la parálisis de su actividad y la actual coyuntura?
-Nosotros no terminamos de parar porque había obras que eran de emergencia y tenían que seguir. También estaba el mantenimiento de algunas infraestructuras que no se podían paralizar. Lo cierto es que con la pandemia sí hubo parón en los plazos de las licitaciones del Estado, que en la Comunitat tenía previsto invertir más que el año pasado. Sin embargo, en el primer trimestre se ha invertido un 54 por ciento menos. Por tanto, primero hemos reclamado que se recuperen todos los procesos que estaban en marcha. Lo que necesitamos es tomar la relevancia que este sector tiene que tomar en el despegue económico de este país. Ahora, en vez de ser los malos, somos los buenos, porque somos capaces de generar empleo muy rápido. Somos una industria que no necesita hacer una inversión primaria en infraestructura ni en maquinaria porque ya la tenemos, así que cada euro que llega sirve para generar riqueza. Para mal o para bien, este sector sigue siendo el 6,5% del PIB y casi ocho millones de personas dependen de él. Por tanto, tenemos una voz importante.
-En inversiones del Estado en obra pública, la Comunitat se mantenía en mínimos, situándose a la cola respecto a otras autonomías. ¿Cree que con la actual coyuntura será posible revertir esta situación?
-Siempre estamos reclamando nuestra deuda histórica, pero ahora es el momento de reclamar una sobredimensión de la inversión. No por el factor histórico, sino por el factor de necesidad actual de la sociedad española y, en concreto, de la valenciana. El Estado tiene que hacer un esfuerzo enorme en el tema de carreteras, ferrocarril y el Corredor Mediterráneo. Si no puede, tendremos que ir a Europa y conseguir fondos.
-¿Pero confía en que se pueda corregir el déficit inversor en la autonomía valenciana?
-Eso requiere de voluntad política. Esta comunidad no puede vivir del FLA. Eso es evidente. Al final no deja de ser revolver donde no hay. Si viene dinero de fuera, debe compensar aquello que no se puede devolver. No puede ser que todo venga vía impuestos, y menos ahora. ¿Es que las empresas tienen que pagar más? ¿Pero esto de verdad va a solucionar nuestro problema económico? No. Compensemos las cantidades que necesita una comunidad vía Europa. Tenemos que aprender eso.
-¿Tiene cuantificado el déficit de inversión en la Comunitat Valenciana?
-Entre la administración autonómica y nacional estaremos en torno a los 21.000 millones. Sumando a los municipales, la cifra se elevaría a cerca de 30.000. Aunque es verdad que en este momento la administración local es la que está tirando del carro, porque no solo no ha reducido su inversión, sino que la ha aumentado este año.
-En las anteriores crisis, con el fin de contener el gasto, los gobiernos ajustaron las inversiones obra pública. ¿Teme que el presupuesto se reduzca para afrontar la situación que se avecina?
-Claro. El problema es que la Administración no ha hecho sus deberes. Mientras la parte privada en la pasada crisis redujo sus estructuras en un 50 por ciento, la parte pública ha seguido incrementando su gasto y esto se tienen que parar. Tienen que acostumbrarse a que no hay que meter mano en la caja de la inversión, que es el futuro, sino en la del gasto. En este momento no necesitamos que se invierta lo previsto, sino que debe haber una sobreinversión. Cada euro que se invierte en una infraestructura da valor patrimonial a España, mientras que cada euro que gastas, no vuelve.
Por tanto, hay que ser muy austero en el gasto y muy expansivo en la inversión, que es lo que supone un retorno y nos pondrá competitivamente en el mundo. Hagamos las infraestructuras tan intocables como la Educación o la Sanidad, porque para tener bienestar social hace falta tener buenas infraestructuras, lo que nos permite tener un futuro.
-¿Se refiere a hacer un Pacto de Estado para blindar las inversiones?
-Eso es inapelable. Tiene que ser sí o sí, porque el país no se puede convulsionar cada cuatro años o cada ocho que cambia el gobierno. Tiene que haber un acuerdo parlamentaria sobre cuáles tienen que ser las líneas de la inversión pública que deben perdurar venga quien venga.
-¿Cómo se puede invertir más si las arcas públicas son limitadas?
-Yendo a Europa. Más allá de los planes que se van a hacer ahora, hay líneas abiertas de financiación. El problema es que no sabemos ir a traer dinero. Vamos tarde, mal, y traemos poco, pero hay líneas abiertas y hay cosas que hacer dentro de ellas. Ahora no podemos perder oportunidades. Además, hay que borrar la línea entre lo público y lo privado. No estamos unos enfrente de otros, sino al lado. Nuestro fin es el mismo: hacer obras necesarias para el futuro de esta sociedad. La Administración tiene que darse cuenta de que no hay sociedad evolucionada sin inversión en obra pública porque nos quedamos atrasados.
-¿Por qué no se consigue esa inversión de Europa? ¿Cuál es el principal escollo para acceder a esos fondos?
-No sabemos ir y traerlos. Necesitamos dar señales de que somos buenos gestores. Primero planificando, luego priorizando y periodificando. Esto es lo que Europa espera de nosotros. A nivel nacional, Seopan ha hecho un plan dotado de 157.000 millones de inversión en infraestructuras en el que hay un retorno fiscal de casi el 60%. Invertir en obra pública es revertir en las arcas del Estado vía generación de impuestos y trabajo. A nivel autonómico también hemos colaborado con la CEV para la recuperación en la Comunitat.
Ha hablado de diluir la línea entre lo público y lo privado. ¿Es ahora más necesaria que nunca esa colaboración?
-Hay mucho capital privado y necesitamos potenciarlo brutalmente. Ahora hay que ver si los políticos ponen de verdad por delante la necesidad, que es lo que hay, a los deseos, que es lo que me gustaría que fuera. Quiero ver la calidad de los políticos cuando tienen que anteponer lo que hay que hacer a lo que deseo hacer. Y lo que hay que hacer ahora es poner a este país en pie y, para ello, hay que invertir. No hay que invertir lo que había previsto, sino cinco veces más.
-A nivel administración valenciana, ¿ve más voluntad de colaboración con el sector privado?
-Sí. De hecho, estamos trabajando en el Observatorio de la Infraestructuras, que estará a finales de este mes o la primera semana de julio. Ese será el embrión en el cual se va a borrar la línea entre lo privado y lo público. Debe ser un sitio de trabajo en el que conjuntamente planifiquemos el futuro a dos velocidades: una más inmediata y otra a largo plazo.
-Uno de los principales problemas del sector era el atasco de las licencias de obra. El Consell ya ha aprobado el decreto que crea el Registro de Entidades Colaboradoras Acreditadas para agilizar la tramitación. ¿Están satisfechos?
-Las entidades colaboradoras (ECUV) son algo necesario, que no estaba regulado, y algo puntual, porque no las entiendo como un sistema permanente que se quede ahí y un ayuntamiento ya las tenga toda la vida. Para ello, se necesita la puesta en marcha del registro que estará en plena disposición en septiembre. Pero es verdad que los ayuntamientos de esta comunidad tienen un problema de licencias importantísimo que no le conviene a nadie, porque coarta la inversión privada y la recaudación de la Administración. Eso es un autodaño que se está produciendo absurdamente. Pero, además de las ECUV, hace falta estructurar los procesos y acortarlos. La inmensa mayoría de licencias son un check point, una lista de condiciones que hay que cumplirse.
-¿Qué otro tipo de mecanismos podrían ponerse en marcha para agilizar trámites?
-Los proyectos los hacen profesionales. Por tanto, demos valor a la declaración responsable. Hace falta que los procesos se limiten a lo estrictamente necesario y que los proyectos que llevan seis meses metidos en los ayuntamientos y están sin dar, salgan ya a la calle, porque los necesitamos.
-¿Existe riesgo de perder inversiones pendientes?
-Los procesos de edificación privada sufren procesos que son más puntiagudos y a veces, cuando te dan la licencia, al promotor no le conviene hacer esa obra porque resulta que cuando va a contratarlas se le dispara el precio. Si no le das agilidad estamos perdiendo un montón de inversiones y puestos de trabajo. Reconozco el esfuerzo del Ayuntamiento de València por agilizar el sistema, pero hace falta más rapidez y quitar el embudo que tenemos.
-¿Si esta situación persiste, la recuperación podría ralentizarse?
Claro. Si no hay actividad y no nos dejan que nos activemos no podremos hacerlo. Pero es que, además, hay un montón de suelo público parado. Tenemos mucha demanda insatisfecha y tenemos un problema de inversión de suelo que se ha vuelto a disparar, porque no hay, y los planes de ordenación son muy restrictivos. La Administración tiene que sacarlo, porque lo que le falta al sector es suelo para poder construir. Tenemos una Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que quiere que todas las viviendas sean de consumo cero y además eficientes energéticamente al nivel A. Pues a lo mejor no todos los niveles tienen que ser A y tenemos que sacrificarlo por tener un precio que podamos consumir. Todas estas restricciones al final lo que hacen es que la vivienda sea más cara, porque el coste de producción se ha multiplicado.
-Precisamente, la Conselleria de Vivienda tiene previsto ceder suelos públicos a promotores.
-Hay un error en la concepción de lo que es la ayuda pública en la vivienda. Tienes que ayudar al promotor y luego darle ayuda al último destinatario. Hay un nivel de vivienda que tenemos que convencernos todos que tiene que ser únicamente la parte pública la que la promueva para que sea barata. Si cuesta 100 euros el alquiler, no cuesta 100 euros de hacer, sino 700. Pero los 600 los pone el Estado. Es un coste que la sociedad tiene que cubrir para aquellos más necesitados y que no puede asumir la empresa privada. De eso se tiene que convencer la Administración: existe un estatus de categoría de viviendas que hoy y mañana serán por iniciativa pública y tienen que ser así.
Y luego hay una parte que tenemos que ir a la explotación privada sobre suelo público. No nos olvidemos que, además de aquellos que no tienen capacidad para alquilar, hay gente joven y mayores que tampoco están cubiertos, porque los precios del mercado no se adecúan a los salarios de hoy y también tenemos la obligación de atender sus necesidades. Habilitemos una línea de avales a dos años para que estos colectivos puedan acceder a la vivienda.
-¿Confía en una pronta recuperación de la economía?
-Hay mucho que hacer y tenemos una ocasión única, aunque viene una supercrisis, que será el doble que la que hubo en la Guerra Civil, pero con una ventaja: Tenemos las estructuras suficientes para reaccionar más rápido que entonces. De ahí que hable de la importancia de hacer una sobreinversión, dado que tenemos un sobreproblema que solucionar, y no dentro de cinco años, sino ya. ¿Qué va a pasar con todos los créditos del Estado cuando haya que devolverlos? Si no generamos negocio, consumo y que esas empresas funcionen, dentro de un año no habrá Dios que los devuelva y tendremos una pandemia económica de tamaño sideral. Y entonces estaríamos hablando de caídas de hasta el 20% del PIB, el doble que en la Guerra Civil.
