VALÈNCIA. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) acaba de dar un paso decisivo hacia su reconversión en banco público. La capitalización de 156 millones de deuda por parte de la Generalitat tras el profundo saneamiento que la entidad tuvo que realizar para cubrir pérdidas no reconocidas le ha permitido restablecer sus niveles de solvencia por encima del 30% y sentar las bases para constituir el futuro Banc de la Generalitat, uno de los compromisos del Acuerdo del Botánico.
Su director, Manuel Illueca, subraya que este importante hito garantiza la solvencia del instituto y le permite recuperar "credibilidad", ya que en apenas dos años ha pasado de unas pérdidas superiores a 35 millones a unos beneficios de 6 gracias a la actividad de recuperaciones. Con ello, el Consell ha conseguido "ordenar" y capitalizar el IVF y la SGR, sus dos instrumentos de financiación empresarial. El "gran éxito, según Illueca, es haberlo conseguido sin recursos presupuestarios.
En esta entrevista, el director del IVF explica cómo se realizará la escisión del IVF para funcionar como "agencia de desarrollo" al margen de la Generalitat y reflexiona sobre la reforma de la financiación autonómica, la deuda o la competencia fiscal entre comunidades. Destaca que el esfuerzo del Consell por reducir el déficit y su política fiscal le refuerzan ante Madrid, pero cree que la solidez de su posición depende de un compromiso colectivo: "Ser una sociedad fuerte no es manifestarse y envolverse en la bandera, sino apelar a valores superiores como entender si hay que pagar un poco más de impuestos en una situación crítica para la Comunitat".
–¿Qué supone la recapitalización del IVF?
–Es un paso fundamental para la reestructuración del instituto porque asegura su solvencia a corto y medio plazo y le da capacidad de crecimiento. Era esencial hacerla ahora que el instituto aun está dentro de perímetro SEC de la Generalitat porque realizarla después hubiera sido más complicado. El IVF gana solvencia, credibilidad y capacidad para desarrollar su trabajo a un coste muy reducido porque al tener mayor capitalización la financiación que se necesita con coste es menor y se es más competitivo.
–En los últimos años el IVF se ha visto perjudicado por asumir unos riesgos superiores a los de la banca tradicional. Tras cerrar 2016 con unos beneficios de 6 millones, ¿Cuál es la previsión para los próximos años?
–Vamos a tener tres líneas de negocio fundamentales. Una línea social en la que entramos a riesgo porque es lo que nos pide el mercado. Los pequeños empresarios del ámbito social tienen restricciones de acceso al crédito, pero nosotros los conocemos bien gracias a los datos que nos facilitan las conselleries y ello nos permite prestarle con mayores garantías de éxito. Ahora vamos a aplicar el mismo modelo con el Servef y con Culturarts, con adelantos de subvenciones. Estimamos unas probabilidades éxito muy altas y muy poca morosidad.
"estamos ultimando líneas de inversión bonificadas a tipo de interés cero para préstamos de hasta 2 millones"
Después tenemos las líneas de apoyo al sector productivo. En este campo estamos ultimando un producto que sacaremos la segunda mitad del año que son líneas de inversión bonificadas a tipo de interés cero para préstamos de hasta 2 millones de euros y a partir de ahí el tipo de interés de mercado. Lo que pretendemos conseguir con estas líneas muy atractivas es lo que hace el CDTI o el Institut Català de Finances: abaratar el coste de capital en sectores que nos interesa desarrollar según el modelo económico que estamos definiendo. La secretaría autonómica de Modelo Económico de María José Mira va a tener un fondo a través del cual subvencionará los intereses de los créditos que conceda el instituto, evitando siempre cuestiones de ayudas de estado. Economía también va a participar en esto. Internacionalización, Agricultura y Turismo también están interesados en esta fórmula. Esta parte de líneas bonificadas nos convierte en la herramienta financiera de la política económica del Consell mediante instrumentos financieros en lugar de subvenciones.
–¿Qué importe se destina a esta nueva línea?
–No tiene importe fijado, pero tenemos capacidad para llegar a cifras relevantes. De financiación directa estamos pensado en torno a 60 millones de euros. Estos préstamos de hasta 2 millones con interés cero serían íntegramente del instituto. A partir de ahí iríamos en colaboración con la banca privada. Por lo tanto, si juntamos el esfuerzo inversor privado con nuestra línea podríamos llegar a 120 millones. Es un importe relevante si lo comparamos con el presupuesto de algunas conselleries.
–Las características de esta línea definen el apoyo a un perfil de empresa muy concreto...
–Modelo económico está marcando las directrices de hacia dónde ha de ir la economía valenciana, los sectores y los tamaños de empresa que interesan. Con esos criterios de elegibilidad, nosotros procedemos a prestar. Y estamos abiertos a hacer lo mismo con otras conselleries. A esas dos líneas de apoyo al ámbito social y a la economía productiva se suma una tercera vía de colaboración con las entidades privadas. Ya firmamos un acuerdo con Bankia y nos han llegado algunas operaciones que estamos estudiando conjuntamente. Caixabank está interesada y estamos valorando firmar un convenio. Lo mismo que con Banco Sabadell.
–José Ignacio Goriglozarri, presidente de Bankia, dijo recientemente en Valencia que no cree en la banca pública...
–Pero nosotros somos un promotional bank, una agencia de desarrollo del tejido productivo mediante instrumentos financieros. Y en esto el sí que cree. Al final es una discusión semántica y yo no me pierdo en estos debates; somos un promotional bank, sabemos a dónde queremos ir. Se nos decía que no podíamos ser un banco de apoyo a las personas, pero ya hemos demostrado que sí. Creo que estamos cumpliendo las expectativas. ¿Alguien en este país diría que no cree en el CDTI o en el ICO? Estas instituciones apoyan el desarrollo de nuestras empresas. Nosotros no somos otra cosa, somos eso exactamente, bien llevado y bien gestionado.
–Entonces no son un banco público, son un promotional bank...
–El conseller Vicent Soler dice que queda más bonito si lo decimos así... [ríe] Lo que nos pedía el Botánico es que fuéramos una agencia de desarrollo. Estamos en línea con el Botánico y estoy contento de haber encontrado un camino ampliamente aceptado.
–Ahora que ya ha culminado la recapitalización, ¿cuáles son los siguientes hitos en la creación del Banc de la Generalitat?
"no me pierdo en debates semánticos sobre el banco público, el IVF va a ser un promotional bank, una agencia de desarrollo"
–El siguiente paso fundamental es el ROF, que esta semana saldrá del IVF con la redacción definitiva. Con el ROF aprobado se producirá el nombramiento de independientes, que completarán la presencia de dominicales en el consejo general y la comisión de inversiones. Habrá cinco consejeros independientes y cinco dominicales. En paralelo, culminará la adaptación tecnológica del instituto con la adaptación de la plataforma al software que utilizan las cooperativas de crédito y ya tenemos en marcha la nueva web.
La nueva ley del Sector Público va a incluir una referencia a la escisión del IVF y la vuelta de la política financiera a la Generalitat. A continuación saldrá nuestra ley de creación. La idea es la desaparición del actual IVF como entidad de derecho público y la creación de un IVF sociedad anónima con capital 100% público, ya con la entidad escindida.
–¿La supervisión por parte del Banco de España ya está acordada?
–Es una de las cuestiones que tendrá que venir reflejada en la Ley del Sector Público. Hoy por hoy, la supervisión corresponde a la Intervención General, pero tenemos el visto bueno del Banco de España para hacerse cargo. Es una cuestión en la que vamos a avanzar este año.
–¿Y la sede? Se habló del edificio en el que se ubica la Bolsa de Valencia...
–La sede no está clara, ya veremos. Dependerá de las necesidades y de lo que pase con la SGR porque mi idea es que la SGR y el IVF compartan espacio porque son los dos instrumentos de la Generalitat para financiación empresarial.
–El IVF tiene un proyecto de lucha contra la exclusión financiera que dependía del acuerdo con las diputaciones, ¿En qué fase se encuentra?
–Hemos llegado a un acuerdo con la Diputación de Valencia, que ya ha destinado presupuesto para arrancar. Realizará una encomienda de gestión al IVF para que pongamos los medios, en este caso los cajeros. Empezaremos por Valencia y esperamos que se unan las otras dos diputaciones. Hubiéramos querido arrancar con todas, pero ha quedado en standby.
–Los próximos meses serán claves para la ansiada reforma de la financiación autonómica, ¿cree que la Comunitat logrará ver satisfechas sus aspiraciones?
–Estoy convencido de ello porque el proceso ha arrancado bien. Analizar la cuestión desde una óptica académica, con expertos procedentes del ámbito universitario, da un espacio muy útil para el entendimiento. Es más fácil que se llegue a un entendimiento cuando la clave de la discusión es académica que cuando hay motivaciones de tipo político. Las personas que forman la comisión de expertos son de primer nivel y creo que nuestra estrategia es la adecuada. Tenemos claro que faltan recursos en el conjunto del sistema y que este es el problema que hay que atajar. No hay solución al problema si no se añaden recursos al conjunto del sistema.
–El Gobierno ha anunciado que este año añade más de 5.000 millones que palían los problemas de algunas comunidades...
–Pero nosotros no queremos un parche, sino una reflexión profunda en dos niveles: qué estado del bienestar queremos y cómo podemos financiar ese nivel de estado del bienestar. Me resulta sorprendente que este tipo de cuestiones se aborden en un órgano como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque no parece que sea el sitio; sobre todo para la primera de las preguntas, que debería debatirse en el Parlamento. Resuelto el tema de suficiencia, creo que será más fácil llegar a acuerdo. El modelo actual no se ha ajustado a las necesidades del sistema en su conjunto y necesitamos sustituirlo por otro que sea estable en el ciclo y que reconozca que los gastos de las comunidades autónomas no son tan variables en el ciclo y hay que financiarlos. Lo que ha provocado esta situación no son los gobiernos corruptos ni un sistema de autonomías que haya que revisar, sino un mal diseño de los modelos anteriores. Los gobiernos autonómicos son tan capaces como cualquier otro de mantener sus cuentas y su casa en orden.
–¿Es viable la Generalitat si no se contempla una condonación de la deuda generada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como parte de ese proceso?
"No se puede perpetuar esta situación en la que el FLA se ha convertido en el auténtico modelo de financiación"
–Con la carga financiera de la Generalitat es muy difícil que nos revisen el rating. Con una carga financiera sobre nuestros ingresos superior al 270% se penaliza mucho la calificación, por lo que necesitamos una reducción muy importante de la deuda; que se reconozca que en la deuda valenciana hay un componente sostenible y otro que claramente no lo es. No se puede perpetuar una situación como la actual en la que el FLA se ha convertido en el auténtico modelo de financiación. Hoy el modelo de financiación es el FLA. No puede ser que para evitar problemas de azar moral e incentivos inadecuados perpetuemos el modelo del FLA, que genera peores incentivos todavía, además de coartar la capacidad de las autonomías de tener la financiación que necesitan y tomar sus propias decisiones. Son dos vendas en los ojos que nos tenemos que quitar.
–¿Cuándo volverá a emitir deuda la Comunitat?
–Empezamos a ver un posicionamiento favorable de que las comunidades autónomas vuelvan al mercado. Madrid está emitiendo con unos diferenciales de 20 puntos básicos sobre Tesoro, que no son inasumibles. Es positivo que las comunidades puedan emitir porque ello reduce las tentaciones de incumplir con el déficit porque sabes que va a haber una disciplina de mercado que hoy no se da. No veo tan descabellado que volvamos a los mercados siempre y cuando se resuelva el problema de la deuda, asumiendo que hay una parte que no es sostenible.
–La Comunitat recibirá este año 841 millones más que el pasado del sistema de financiación. Teniendo en cuenta que el déficit fue de unos 1.500 millones en 2016, ¿podrá por fin cumplir el objetivo de déficit en 2017?
–Tenemos prácticamente imposible cumplir el objetivo marcado si no hay una revisión del modelo de financiación. Este gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Se ha visto que es un gobierno sólido que se está tomando muy en serio la reducción del déficit y que muy poco más se le puede pedir. Con el cambio de modelo vamos a demostrar a todos que este es un gobierno capaz de cumplir con el déficit; cumplimos como el que más y lo demostraremos si nos dan los recursos.
–El presidente Puig o el conseller Soler se han quejado en los últimos meses de las distorsiones que genera la competencia fiscal entre comunidades, ¿cómo debería abordarse este problema?
–Es un tema delicado. Por un lado estamos pidiendo todos a la UE armonización fiscal y, mientras tanto, algunas comunidades piden capacidad para actuar sobre los tributos, lo que en cierto modo afecta a la unidad de mercado. Ahí subyace un debate teórico; por un lado parece razonable que se puedan subir los impuestos para tener corresponsabilidad fiscal, pero por otro se vulnera la unidad de mercado. Creo que ha de haber una financiación suficiente para asegurar los servicios básicos fundamentales y la competencia fiscal no ha de afectar a la protección de esos servicios. El margen de corresponsabilidad tiene que limitarse a otros ámbitos.
"Ser una sociedad fuerte no es manifestarse, sino entender si en un momento crítico hay que pagar más impuestos"
Estos días asistimos a un debate sobre los tributos autonómicos y los desplazamientos a comunidades con tributos más bajos. Este gobierno está haciendo un gran esfuerzo por dejar clara su voluntad de cuadrar el presupuesto, que ya se ha plasmado en la reducción del déficit. Ese esfuerzo va a ser fundamental cuando vayamos a negociar el modelo de financiación. Muchas veces nos quejamos de que los valencianos somos una sociedad débil y por eso nos pasa lo que nos pasa. Ser una sociedad fuerte no es manifestarse y envolverse en la bandera, sino precisamente apelar a valores superiores como este: entender si hay que pagar un poco más de impuestos en una situación crítica para la Comunitat. Al Gobierno no se le puede un esfuerzo que no puede hacer. Esta sociedad será fuerte cuando entre otras cosas asumamos que todos tenemos que hacer un esfuerzo por salvar nuestro gobierno. El esfuerzo fiscal es un esfuerzo que todos tenemos que hacer. Todos. No es de recibo reclamar unidad ante Madrid y, al mismo tiempo, desplazar la empresa a Madrid por un ahorro impositivo mínimo. Aquí conviene apelar a un valor superior. Todos estamos viendo estos días cómo no tener capacidad para desarrollar nuestras inversiones nos hace depender del Gobierno de Madrid, que ha decidido ponernos a la cola en inversión per cápita. Que necesitamos un gobierno autonómico fuerte para dar respuesta a nuestras necesidades es hoy más obvio que nunca, pero eso requiere del esfuerzo de todos. Creo que no podemos pedirle al Gobierno valenciano que, por un ahorro nimio en impuestos, ponga en peligro la negociación del nuevo sistema de financiación. Lo que hay en juego es el gobierno de todos.
–Entiendo que no está de acuerdo con que se limite la capacidad normativa de las comunidades autónomas en impuestos autonómicos, por ejemplo la capacidad de la Comunidad de Madrid de bonificar completamente impuestos como el de Sucesiones y Donaciones...
–Creo que estas cuestiones se deberían debatir en un Senado autonómico en el que hubiera restricciones. No podemos entrar en una competencia fiscal desleal. Esto no pasa en los estados federales. Tendríamos que tener una capacidad de negociación y unos límites dentro de los que nos podamos mover, pero que esos límites no pongan en peligro las finanzas de los demás. Si queremos caminar hacia la armonización, que parece lo sensato, eso debería ser lo razonable.
–La Conselleria de Hacienda ya se ha puesto de acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia para la cesión gratuita de Feria Valencia, pero la Conselleria de Economía no acaba de ver claro que la empresa mixta que gestionará el recinto tenga que ser de mayoría privada, ¿cree que podrán desbloquear esta situación?
"Feria Valencia no puede seguir con los niveles de ocupación actuales, necesitamos un operador que traiga actividad"
–No creo que existan estas polémicas, creo que son más cuestiones semánticas que otra cosa. Nosotros siempre hemos defendido que queremos un modelo de colaboración público privada. La entendemos como una forma de control efectivo de lo público sobre un funcionamiento de la sociedad de tipo privado. En esto creo que hay sintonía total con Economía; así entiendo sus palabras. Claro que queremos que haya control, porque las ferias que son nuestras las tenemos que preservar y por eso queremos tener el 40% de la sociedad que va a gestionar Feria Valencia. En esto están de acuerdo los empresarios.
Lo que todo el mundo reconoce es que, con los índices de utilización actuales, la entidad no puede continuar, necesitamos más actividad. Con los niveles de ocupación de otras ferias europeas, la nuestra sería rentable. Por eso necesitamos un operador que nos permita llegar a ese punto por el bien de todos, para el entorno y para que el Gobierno valenciano pueda recuperar una parte de su inversión. No veo discrepancias; me parece razonable que ellos pongan el acento en que ha de haber control público y que nosotros lo pongamos en que, además, debemos contar con un operador privado que nos permita crecer. Ese es el debate y lo que nos toca a los políticos es llegar a un acuerdo asumible por todos para que Feria Valencia despegue.
–La SGR vuelve a registrar niveles razonables de actividad tras varios años paralizada y al borde de la quiebra, ¿es la salvación de esta sociedad su mayor satisfacción desde que se hizo cargo del IVF?
–Estoy satisfecho, pero la reforma de la SGR no está terminada, queda un largo y duro camino por delante. Debemos aprobar el decreto para la ejecución anticipada del aval, la adquisición de los activos por parte de la Generalitat, que como novedad incorporará una bonificación de tributos autonómicos para que se pueda realizar sin coste, como ya pasó con la Sareb. Después hay que pagar el reaval que vencía en 2018. Con ello culminará la primera fase y, a partir de ahí, el objetivo de la SGR es ganar actividad. La SGR de Castilla y León gestiona 280 millones en avales y la de Cataluña más de 100. El colectivo de SGR está esperando a Valencia, hay mucha expectativa de que se pueda recuperar. Al final lo que hemos hecho ha sido ordenar los instrumentos de financiación empresarial y para eso había que capitalizarlos. El gran éxito ha sido cómo capitalizar estas herramientas sin recursos presupuestarios, los 200 millones del aval de la SGR y los 156 de la recapitalización del IVF. Nos sentimos orgullosos de que esto haya sido posible.
–¿Quién va a comercializar los activos de la SGR traspasados a la Generalitat?
–Caben dos opciones. O bien patrimonio de la Generalitat o bien una entidad de derecho público dependiente de la Generalitat. Yo opto claramente por la segunda vía, ya sea una empresa existente o una de nueva creación. Por las ventajas fiscales y por la facilidad que nos da una entidad de este tipo para hacer lo que hay que hacer aquí, que es externalizar el proceso pagando por éxito. Hay que tener en cuenta que el traspaso de activos tampoco es necesario hacerlo al día siguiente de la aprobación del decreto, lo que nos pide la UE es que se haga de forma diligente.
–Usted siempre insiste en que el IVF es el adalid de la colaboración público privada, pero desde otras instancias del Consell se rechaza esta fórmula de gestión, ¿no cree que puede resultar desconcertante ese doble discurso?
"Nadie en la Generalitat está en contra del concepto de colaboración público privada"
-La colaboración público privada está en la esencia misma de la socialdemocracia. Esta no se entendería sin la colaboración público privada. Y como socialdemócrata convencido, soy un fiel partidario. En mi ámbito de actuación desarrollo instrumentos de colaboración público privada porque el IVF no tendría sentido si no fuera así. Estaríamos locos si quisiéramos competir con Banco Santander. Lo que debemos hacer es cooperar con las entidades privadas, que son las que tienen las oficinas y están cerca del cliente. Podemos compartir riesgos y llegar a clientes a los que de otra forma no se podría.
Mucha gente en el Consell opina que la colaboración público privada es perfectamente válida en determinados ámbitos, pero en otros el convencimiento es menor por la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, en sanidad hay más reticencias porque hemos visto la experiencia pasada con conflictos. Las liquidaciones entre las adjudicatarias y la Generalitat son siempre un motivo de conflicto y la supervisión de la actividad que realizan no es sencilla. Por eso no veo mi discurso incompatible con otros discursos del Consell. Simplemente es que mi ámbito favorece la colaboración público privada. No es una cuestión de concepto porque no hay nadie en la Generalitat que esté en contra del concepto de colaboración público privada.
–Pero tanto la consellera de Sanidad, Carmen Montón, como la vicepresidenta, Mónica Oltra, insisten en que no se puede hacer negocio con la sanidad. Los pocos informes que existen sobre el resultado económico son favorables a la gestión privada...
–Estos son modelos que, por ejemplo en el ámbito educativo, son más prevalentes aquí que en el resto de Europa. En el tema sanitario, veo que hay un problema de litigios sobre las liquidaciones que están pendientes de resolverse en muchos casos. Ello da idea de la complejidad de estos contratos. No es una cuestión de posicionarse ideológicamente en contra del beneficio, pero la cuestión es cómo y a costa de qué se consigue ese beneficio. Este es el punto fundamental. En mi ámbito, el financiero, lo tengo fácil porque es sencillo medir los efectos de la colaboración público privada. Obviamente el IVF no podría existir si no es en régimen de colaboración público privada.