"La oposición de Podemos o Ciudadanos es más constructiva que la del PP"

VALENCIA. Tras ser fichada como independiente para encabezar la lista del PSPV en las pasadas elecciones autonómicas, María José Mira (Valencia, 1976), fue la persona elegida por Ximo Puig para ser la 'número dos' de Economía en el Consell del mestizaje. Mira, licenciada en Economía, tiene entre sus objetivos aplicar la experiencia acumulada en el sector privado para reducir el "exceso de burocracia" y agilizar el funcionamiento de la administración, cuya lentitud preocupa a inversores como los del macroproyecto de Puerto Mediterráneo.

Entre las responsabilidades de la también exdirectora general de Aerte (asociación empresarial de residencias) está la dirección general del Servicio Valenciano de Empleo (Servef), donde la ausencia de fondos propios impide el diseño de políticas diferenciadas. Mira, partidaria de la libertad horaria siempre que respete a los derechos de los trabajadores, admite diferencias de criterio con algunos de sus directores generales, pero cree que el Consell es más eficiente con el mestizaje que con conselleries de distinto signo político.

-Nueve meses después de su salto a la administración desde el sector privado, ¿cuál es su balance?
-La única forma de conocer la administración para los profesionales es ésta. Llevo trabajando con la administración de forma continua desde el mundo de la dependencia y no he sido consciente de los pros y de los contras del funcionamiento del sistema hasta que he estado aquí. Me sorprende que seamos capaces de hacer muchas cosas, porque existe voluntad política, pero también las dificultades con las que se encuentra una persona cuando está en un cargo como este.

-¿Qué tipo de dificultades?
-A la hora de gestionar, por ejemplo. El mundo empresarial y la sociedad se queja en general del exceso de burocracia en el trámite de cualquier tipo de expediente. Yo misma me he quejado. Esto vale para cualquier conselleria y cualquier administración y también nos pasa aquí. Hay un exceso de burocracia que está demostrado que no ayuda a controlar y ralentiza los tiempos para sacar órdenes y normativa. Nos lo tenemos que hacer mirar. No hablo de eliminar controles, pero sí de acortar plazos. Si no, veo muy difícil poder dar ese servicio a la sociedad.

-¿A qué se refiere con que el exceso de burocracia no ayuda a controlar?
-A que hacen falta una serie de informes, de la Abogacía, del Consell Jurídic Consultiu, de la Intervención... Y hasta que no está acabado uno no puedes pedir el siguiente y eso una ralentiza mucho. Por ejemplo, si un informe sale desfavorable por un error que hay que corregir, hay que volver a realizar todo el trámite. Si todo el mundo pudiera saber en qué fase está cualquiera de los expedientes que tanto nos dicen que está bloqueado, todos seríamos más responsables en la gestión de los plazos, porque no siempre hace falta agotarlos. Ofrecer la información con transparencia nos ayudaría a no ser tan beligerantes unos con otros porque entenderíamos los procesos y detectaríamos errores.

-¿Trabajan en esa línea de trazabilidad de procesos?
-En el Servef hemos implantado un control de calidad de los servicios porque no tenemos una valoración de la persona a la que atendemos, algo que cualquier empresa del sector privado tendría. Si el servicio privado es de más calidad que el público, es muy complicado poder implantar un servicio público de empleo.

"Es muy complicado implantar un servicio público de empleo si el servicio privado es de más calidad"

-¿Cómo se han encontrado el Servef?
-Lo que más me preocupa es que todos los fondos que utilizamos -casi 300 millones de euros de presupuesto en 2016- son mayoritariamente condicionados. Tanto lo que viene del Ministerio de Empleo (SEPE) como del Fondo Social Europeo está condicionado por sus requisitos. Nosotros no podemos tomar muchas decisiones según nuestro criterio, algo que no ocurre en el caso de las comunidades que sí disponen de fondos propios y pueden adaptar sus políticas a las necesidades de los sectores o de los territorios. Así es muy difícil poder hacer políticas exclusivas. Y a ello se une el proceso de recuperación de confianza en la que estamos inmersos.

-Sólo el 1% de los contratos se vehiculan a través del Servef ¿No teme que este ente se perciba como algo prescindible?
-La gente no ha confiado en el Servef, pero las empresas deberían tenerlo como referente porque es gratuito, lo pagamos los ciudadanos. Sin embargo, no acuden al Servef porque hay falta de confianza, a las empresas no se les ocurre ni siquiera ir al Servef . Estamos intentando explicar en qué consiste. Yo misma, que vengo del sector privado, a la hora de organizar cursos o formación específica acudía a la formación privada porque el Servef no funcionaba ni para formación ni como bolsa de empleo. Hay que recuperar la confianza prestando servicios de calidad.

-Volviendo al tema de la burocracia, ¿detecta exceso de celo por parte de los funcionarios que actúa como freno para tomar decisiones? ¿Existe miedo por los casos de corrupción que están aflorando?
-Muchas veces, la voluntad política es la que tiene que marcar las decisiones, incluso con informes no preceptivos desfavorables. Lo que no podemos hacer, que es lo que se hacía, es que el técnico asuma la decisión por si luego hay algún problema. El alto cargo tiene que asumir la decisión y el técnico tiene que tener la tranquilidad para poder opinar porque para eso está. No detecto recelo, pero sí cierta forma de actuar como, por ejemplo, el agotamiento de los plazos de los trámites. Eso es lo que a mí me gustaría agilizar y no a la fuerza. Miedo en ellos no he visto, pero no me extrañaría. ¿Quién está yendo a declarar en los casos? Al final los técnicos que seguían directrices políticas.

-Llegaron al Servef con un plan estratégico en vigor, ¿han asumido algo de él?
-Fue un plan que el anterior gobierno tuvo que hacer obligado para acceder a fondos europeos. No lo hemos tirado a la basura, lo hemos abierto y estamos trabajando con el mismo equipo de la universidad con el que se elaboró para adaptarlo a nuestros objetivos y a nuestras líneas de trabajo. Pero no estaba prevista ni la medición de impactos ni los servicios a las empresas. De ahí han salido proyectos como los Avalem, fruto de las necesidades que hemos detectado, como las necesidades de jóvenes o emprendedores, que no siempre es una subvención lo que necesitan. El Avalem Joves es un plan de choque para favorecer la especialización de jóvenes formados o facilitar la obtención de formación básica para quienes no disponen de ella.

-Una de las mayores críticas al Consell tras el seminario de invierno en Morella fue la ausencia de medidas sobre empleo, ¿por qué no se recogieron?
-Yo no estuve en Morella. Hubiera ido encantada, pero a mí no me invitaron porque iban los consellers. Pero lo que me transmite el conseller es que de empleo sí se habló todo el fin de semana porque es un problema transversal. Es cierto que en los documentos no salían medidas de empleo, pero nosotros sí lo tenemos, tanto en nuestra previsión de ley de ordenación del territorio en materia de políticas activas de empleo como una estrategia de coordinación con todas las direcciones generales y de evaluación de resultados. Nosotros sí estamos coordinados. No sé si fue un olvido ponerlo en el documento final o no.

"Hubiera ido encantada AL ENCUENTRO DE INVIERNO DE MORELLA, pero no me invitaron porque era para consellers" 

-También sorprendió el repentino cambio de criterio sobre la Ley de Áreas Empresariales, que fue rebajada de ley a decreto ¿Cómo quedará finalmente?
-Se está trabajando un proyecto de ley. Es cierto que el decreto se puede trabajar más rápido, pero es cierto que en la ley colaboran más agentes. Yo defendía que fuera una ley porque vamos a ser referentes a nivel nacional al ser la primera comunidad que regule las áreas empresariales con un censo y un catálogo. El gobierno del PP ya tenía previsto un decreto que no tuvo tiempo de aprobar y que no era tan ambicioso como la ley.

-¿En qué va a consistir?
-Con la ley prevemos ayudar a los ayuntamientos a mantener los polígonos. Nosotros no podemos castigar económicamente a los municipios que no tengan los polígonos en condiciones, pero sí ayudarles clasificando las áreas empresariales o económicamente en colaboración con las diputaciones. Si no tenemos catalogados los polígonos industriales es muy difícil venderlos fuera. La mejor política de empleo que podemos aplicar es que abran empresas o se instalen empresas aquí de fuera de la Comunitat o de fuera y si no tenemos identificado donde se pueden instalar, los accesos, la conectividad, el suministro eléctrico... El sector privado tiene más información sobre las necesidades de los territorios que nosotros mismos.

-¿Le convence el diseño final de la Agencia Valenciana de la Innovación? Parece inevitable que la Conselleria de Economía pierda competencias...
-La competencia en innovación y el Ivace lo gestiona directamente la directora general (Júlia Company) con el conseller y yo me he mantenido al margen. Mi antecesor sí que era secretario de la comisión delegada de innovación, pero como todo eso ahora se tramita con la agencia valenciana, estoy al margen de todo. 

-El conseller Rafael Climent ha planteado una propuesta más abierta respecto a su postura inicial, pero ¿cómo ve la rebelión de los alcaldes de Alicate y Valencia por la liberalización del Comercio?
-Quiero pensar que es más bien una diferencia de interpretación de la postura del conseller que de la realidad porque él es un firme defensor de que cada territorio tiene unas necesidades concretas. Ahora bien, en materia de libertad horaria, y lo he comentado con el director general (Natxo Costa) en innumerables ocasiones, nuestra opinión personal difiere. Yo soy partidaria de la libertad horaria siempre que se respete los derechos de los trabajadores y la decisión de los ayuntamientos. Me preocupa que nos puedan acusar de falta de diálogo y al final tengamos una situación enquistada con recursos y contenciosos de por medio. Espero que al final dejemos de hablar de horarios para comenzar a hablar de consumo responsable y de necesidades del comercio. 

-Su Conselleria se opone abiertamente a Puerto Mediterráneo, ¿no es contradictorio con la creación de empleo prevista en este proyecto? 
-El director general tiene su particular opinión y manifiesta que si no hay ningún impedimento legal, no podrá evitarlo, pero no es el modelo de comercio que le gusta. Es perfectamente respetable, pero al igual que en el tema de la libertad de horarios, lo que me preocupa es que no se sepa exactamente dónde está el expediente, de quién es responsabilidad,... Esa incertidumbre que generamos no se produciría si resolviéramos más rápido. Si tras entrar en el gobierno hace meses, el Consell, en concreto la conselleria de Medio Ambiente que es de quien depende, hubiera resuelto este tema favorable o desfavorablemente, ya tendríamos un elemento legal en el que basarnos para seguir adelante o no con el centro comercial. Pero el estar siempre bloqueados creo que desmotiva incluso a los funcionarios. No entiendo por qué los paramos tanto.

"No sabemos por qué el trámite de Puerto Mediterráneo en medio ambiente tarda tanto ¿Tanto cuesta resolver?"

-¿Cree que la administración actúa como generador de incertidumbres en algunos temas?
-Me preocuparía que así fuera porque eso es lo que nos transmiten. Cuando vienen los inversores de Puerto Mediterráneo u otros proyectos nos piden reuniones a todos porque nos quieren transmitir sus inquietudes. A la empresa de este proyecto le preocupa que el expediente siga adelante o no. No sabemos por qué el trámite tarda tanto. El expediente está en Medio Ambiente como mínimo siete u ocho meses. ¿Tanto cuesta resolver algo que mediáticamente llama tanto la atención? Si cuesta tanto hay que revisar los procedimientos.
Vamos a intentar agilizarlo y hacerlo de forma más transparente para que la sociedad no tenga la sensación de que los bloqueamos intencionadamente. No dudo de que no es así, pero por algo no se resuelven los expedientes de forma tan ágil como parece que se resuelven en otros sitios. No me preocupa tanto denegar el permiso porque tengamos una base legal o incluso política porque decidimos que no es el modelo de negocio que queremos y legalmente podemos denegarlo. Me preocupa más no responder cuanto antes y que ellos mantengan esa inquietud que no transmitir exactamente por qué está bloqueado en este momento. Creo que no se generaría ni tanto debate ni tanta incertidumbre en la empresa o los ayuntamientos.

-Ha aludido a diferencias de criterio en temas como la libertad de horarios comerciales ¿Cómo lleva el mestizaje en la Conselleria, como se gestiona en el día a día?
-Yo no asocio la buena o mala relación que pueda haber tanto a los partidos políticos como a las personas. En el caso de Natxo Costa, por ejemplo, no estamos de acuerdo en la mayoría de cosas, pero vamos de la mano en todo y lo apoyo porque es lo que toca. Me preocupa la falta de diálogo que dicen que hay, pero él insiste que no y yo le creo. Con otras direcciones generales me cuesta más trabajar. Por ejemplo, con el tema de innovación yo podría trabajar porque soy la secretaria autonómica, pero la directora general trabaja más tranquila llevándolo ella y gestionándolo con el conseller, pues no hay ningún problema. Estos primeros meses han servido para ser responsables de los cargos que ocupamos pero dejarnos la libertad de trabajar de forma transparente y confiando, pero sin tener que estar controlando. Probablemente es más difícil para nosotros en el día a día trabajar con el mestizaje, pero creo que sería peor para el Consell tener las consellerias repartidas. Lo veo en los ayuntamientos que tienen así las concejalías. Es mejor que estemos todos juntos, siempre que sepamos respetar al de al lado y no machacarnos.

-La líder del PP, Isabel Bonig, acusó recientemente al Consell de Puig de haber arrojado la toalla en materia de empleo... 
-Creo que no es consciente cómo nos hemos encontrado el Servef. Para empezar, con casi 100 millones de euros de fondos europeos bloqueados por culpa del PP que hemos desbloqueado. Si no lo sabe, debería. De garantía juvenil, que hay 200 millones para gastar, el anterior gobierno había gastado 70.000 euros. Si ella cree que no estamos haciendo nada, igual tenemos un problema de comunicación y resulta que no explicamos bien lo que estamos haciendo con parados, empresas o ayuntamientos.

-En conjunto, ¿Como califica la oposición del PP en materia económica?
-Yo haría mejor oposición que el PP. No lo hacen. Me llama la atención que tras veinte años en el gobierno y sabiendo perfectamente como funciona la administración por dentro, no hagan una oposición responsable. A mí no me importa reconocer que cada día descubro cosas nuevas de la administración, ni tener que corregir mis errores. Pero ellos, que conocen perfectamente cómo funciona, deberían hacer oposición crítica y constructiva. Nos podrían ayudar y a lo mejor eso les daría más votos que lo que están haciendo. Me resulta gracioso que se diga que sólo la derecha sabe gestionar la economía, porque creo que no me invento nada si digo que el PP en la Comunitat lo único que ha sabido ha sido corromper y hacer una política económica de clientelismos y amiguismos que ha generado la imagen de que los empresarios y los políticos son unos corruptos y los trabajadores, unos vagos, pero ni lo uno ni lo otro.

-Si el Consell percibe esa oposición ¿Se relaja o pierde la tensión de estar en el gobierno si no hay vigilancia?
-Personalmente trabajo igual aunque no me vigilen. Creo que el PP tiene un problema: no hay PP. Ciudadanos o Podemos hace muchas veces mejor oposición y más constructiva.

-¿Cómo asiste desde el Consell a la crisis de las organizaciones empresariales de la Comunitat?
-Me entristece. Son una herramienta fundamental porque necesitamos interlocutores que nos aporten sus datos y su conocimiento. Es cierto que hay una mancha, pero por personas que han gestionado mal las organizaciones empresariales, no por las organizaciones empresariales en sí. La administración pública ha tenido mucha culpa al no haber establecido mecanismos de control de las cosas que se han financiado con dinero público. Tampoco nuestro control ha sido correcto. Me gustaría que se sanearan cuanto antes porque necesitamos interlocutores.

"Trabajamos sin red. El lastre de desconfianza que tenemos con el pasado no nos deja posibilidad de error"

-Hay dos investigaciones en marcha directamente relacionadas con el Servef, a Aido y la CEC. ¿En qué situación se encuentran?
-Los dos casos están siendo investigados por la fiscalía. En el caso de la CEC, la fiscalía inició las pesquisas después de una denuncia de Hacienda relacionada con uno de los docentes en Andalucía. A raíz de ahí se analizaron otros expedientes de cursos y aún nos van pidiendo información. Por eso, y al detectar el nuevo gobierno que los mecanismos de control en muchos casos no se estaban llevando a cabo, trasladamos más información a la Fiscalía y la Policía.

-Recientemente ha habido una carta de Bruselas al Ministerio de Hacienda para aclarar si hay fondos FEDER en casos de corrupción en la Comunitat. En el caso del Servef, ¿han conseguido desbloquear definitivamente partidas del Fondo Social?
-Hemos mantenido varias reuniones, nos hemos sometido a varias auditorías y esperamos tener el certificado final en unas semanas, pero ya nos han permitido poner en marcha el programa operativo del periodo 2014-20, porque los 100 millones bloqueados eran del periodo 2007-13. Estamos en ese proceso de recuperación de la confianza y de convencer a Bruselas de que no somos los de antes y que, además, tenemos una estrategia. Trabajamos sin red, si nosotros caemos, va a ser muy difícil poder recuperar la confianza, porque el lastre de desconfianza que tenemos con el pasado no nos deja posibilidad de error. Sólo podemos acertar.