VALÈNCIA. "La Conselleria de Servicios Sociales debería reunirse con el sector sociosanitario de forma inmediata". Así lo considera José María Toro (Sevilla, 1974), presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), quien esperaba una respuesta más inmediata del Gobierno de Carlos Mazón a los problemas que acucian al sector.
De la modificación del decreto de tipologías a dar solución a los recortes en las ayudas para personas con problemas de salud mental, desde la patronal de las residencias esperan encontrar soluciones. Sin embargo, desde el mes de julio, no se han reunido con la conselleria que dirige Susana Camarero y que ha sacado a consulta pública modificaciones en las normas sin establecer previamente un diálogo con las asociaciones del sector.
- ¿Han tenido la oportunidad de hablar en estos meses con la consellera de Servicios Sociales?
- Tuvimos la primera reunión con la consellera y vicepresidenta el 28 de julio. Nos recibió muy pronto y tuvimos un primer encuentro con ella en el que le pudimos explicar los principales problemas que veíamos en el sector. Pero es verdad que no hemos conseguido reunirnos todavía ni con las secretarías autonómicas ni con las direcciones generales y creemos que hay que empezar a concretar las cuestiones importantes que hay que resolver ahora mismo en el sector.
Sabemos que están aterrizando, que hace falta un tiempo para adaptarse, pero nosotros tenemos algunos problemas que son urgentes y hay que resolver o empezar a trabajar ya.
- El PPCV era conocedor de vuestros problemas y parecían tener bastante clara su posición respecto a cuestiones claves como el decreto de tipologías.
- Sí, sin duda. De hecho, el PP estuvo en las manifestaciones que hicimos, por ejemplo, durante los primeros meses del año respecto al bloqueo en salud mental. También en las que se llevaron por el decreto de tipologías. Por lo cual, creo que el PP sí que conoce perfectamente los problemas que hay y, por lo menos, debería tener claro ya cuáles son las soluciones que hay que poner en marcha.
- ¿Cuáles deberían ser los primeros asuntos a solucionar?
- Pues considero que el más urgente es el desbloqueo de la situación en salud mental, que hubo un recorte de las ayudas por parte del gobierno del Botanic y bloquearon el sistema. Eso es muy importante que se resuelva ya para poder atender a las personas que están en esta situación de problemas de salud mental.
"El problema más urgente es solucionar el desbloqueo de la situación en salud mental"
El segundo, que es muy importante, aunque no tan urgente, es el de resolver qué va a pasar con el decreto de tipologías. En un momento determinado se habló de derogación, después se habló de modificación y lo que está claro es que en este periodo transitorio lo que nos encontramos es con una gran inseguridad jurídica.
La gente no sabe si tenemos que ir aplicando lo que pone en el decreto que está en vigor, porque se vaya a cambiar dentro de unos días o en unas semanas. La verdad es que esto genera una situación de inseguridad jurídica que debemos resolver. Agradecemos que se haya puesto en marcha ya el proceso de consulta pública, pero creemos que hay que ir lo más rápido posible.
- ¿Qué está provocando el recorte de ayudas en salud mental?
- El recorte viene de agosto del año 2022. Éste provocó que la gente que se incorporaba nueva a una vivienda tutelada, al tener una reducción de ayuda, no podían entrar para ser atendidos porque el costo de una vivienda está en torno a los 2.200 euros y la ayuda máxima que da la conselleria tras este recorte está en torno a 750 euros.
Con lo cual, esto no permite que la gente que no tiene recursos económicos pueda acceder a estos recursos. Nosotros creíamos que estábamos avanzando en un modelo que podía ser ejemplo y líder en toda España de atención comunitaria a las personas con problemas de salud mental. Pero Compromís lo cambió a mitad del partido y lo que esperamos es que el gobierno de Carlos Mazón pueda resolverlo de manera inmediata.
- Recientemente salió la consulta pública para modificar el decreto de tipologías, aunque se hablaba de plazos, ¿qué propuestas han hecho?
- En la primera reunión con la vicepresidenta pudimos hacerle llegar ya unas propuestas, pero creo que antes de empezar a tomar decisiones en la conselleria, cara al presupuesto del año 24 o de las medidas principales que hay que tomar, sería bueno empezar a trabajar con esas direcciones generales y las secretarías autonómicas para poder empezar a concretar efectivamente qué considera el sector. No solo Aerte, sino el sector en general. Qué hay que hacer y que no se tomen decisiones sin haber oído todo el sector.
- Pero parece que la consulta pública está más enfocada a los plazos.
- Sí que es verdad que la consulta pública está referida a disposiciones transitorias. Entonces, entendemos, porque esto no lo tenemos confirmado por la conselleria, que lo que se pretende es alargar los plazos en los que vaya desplegando efectos el decreto para poder, y así lo entiendo yo de las declaraciones que ha hecho recientemente la vicepresidenta, poder sentar al sector, hacer un modelo consensuado y que además se sostenga económicamente, cosa que pensamos que ahora mismo no se produce.
"Entendemos que la conselleria quiere hacer un modelo residencial consensuado y que se sostenga económicamente"
Hay que recordar que la aplicación de este decreto, según el cálculo que hacía la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas antes del cambio de gobierno, suponía 500 millones de euros en los cuatro años de legislatura que tenemos por delante, y con el cálculo que hacíamos nosotros llegaba casi hasta los 700 millones de euros, con lo cual la repercusión presupuestaria que tiene es muy importante y yo creo que no hay la misma capacidad para poder llevarla adelante.
- ¿Cómo considera que debería ser el modelo? ¿Se han planteado plazos?
- Creemos que habría que alargar plazos entre12 y 24 meses. Después, todos los temas de ratio y de personal, considero que lo ideal sería acudir al acuerdo que se hizo a nivel nacional en julio del año 2022 por parte del Ministerio de Derechos Sociales, que era un periodo que llegaba hasta el año 2029 con incorporación de personal año a año y creo que permite cubrir esos requisitos de una manera más adecuada de lo que tenemos ahora mismo.
- ¿Qué proponen modificar del modelo vigente?
- El modelo tiene que ser sostenible y consensuado. Por ejemplo, en la propuesta última no se recogieron, por ejemplo, los centros específicos para atención a personas con problemas de Alzheimer. Esto nos parece que no tiene ningún sentido y que debería estar resuelto. El ratio de personal, por ejemplo, en los centros de salud mental y en los centros residenciales, se dispara de una manera que entendemos que no está justificada ni en la buena atención.
Se superan todas las previsiones que podía haber en el ámbito de la mejora de la atención que podamos prestar y además con un coste que creemos que es irrealizable. En las residencias de mayores hablábamos de una incorporación mucho más progresiva del personal. El problema que va a tener el gobierno de Carlos Mazón con este asunto es que la modificación del decreto tiene muchas cuestiones que están relacionadas unas con otras. Por ejemplo, hay muchos registros y muchos protocolos vinculados.
Si se paraliza o se atrasa la incorporación de personal, que prácticamente se dobla en las residencias, ¿cómo va a ser posible hacer estos protocolos? Entonces hay que ir punto por punto viendo en qué podemos aplicar un periodo transitorio mejor, pero al mismo tiempo que no sea incompatible con otros requisitos que se piden en el propio decreto.
-¿Hay deudas pendientes por parte de la Generalitat a las empresas?
- Sobre todo quedan deudas en el marco de los expedientes de resarcimiento que hemos hablado en alguna ocasión. Hay más de 30 centros actualmente en la Comunitat Valenciana que no tienen contrato en vigor. Esto provoca que una vez que se acaba el contrato, el plazo y las prórrogas, cada vez que hay que pagar una factura hay que hacer un expediente de enriquecimiento y esto paraliza muchísimo el proceso.
"Hay más de 30 centros actualmente en la Comunitat Valenciana que no tienen contrato en vigor"
Entonces, tenemos facturas todavía desde el mes de enero. Sabemos que es una herencia recibida del gobierno del Botanic, pero creemos que este gobierno tiene que hacer todo lo posible también para solucionar lo antes posible esta circunstancia, porque está empezando a ser un problema importante.
- Es un problema importante para la supervivencia de los centros.
- El problema que tenemos siempre, sobre todo en la gente que depende de contratos públicos, es que estas empresas si no cobran pueden tener problemas a la hora de pagar las nóminas o a los proveedores. Tienen una cierta capacidad de aguante para sostener el proceso de colaboración público-privada, pero lo que está claro es que no se puede alargar mucho.
En este caso, además, provocado no por una falta de recursos económicos, según entendemos, sino por la mala gestión en la previsión de la contratación administrativa. Cuando uno firma un contrato, la administración sabe cuándo vence. Lo lógico es que un año antes o año y medio antes empiece a poner en marcha el procedimiento para que cuando vence uno, el otro esté en vigor y eso el Govern del Botànic no lo ha hecho en ningún caso.
- Se ha creado ahora la oficina autonómica de coordinación e integración sociosanitaria. ¿Cree que será un elemento clave de diálogo y de funcionamiento para agilizar la situación?
- La coordinación sociosanitaria es el debate que se lleva manteniendo desde hace 20 o 25 años. Cada nuevo gobierno que llega plantea que va a trabajar en la coordinación sociosanitaria. De hecho, el gobierno del Botànic creó una comisión de coordinación entre la Conselleria de Igualdad y la de Sanidad que se reunió dos veces y no lo volvió a hacer nunca más.
"La coordinación sociosanitaria es el debate que se lleva manteniendo desde hace 20 o 25 años"
Creo que este tipo de cuestiones es muy importante que estén en el foco, pero es mucho más importante que realmente se pueda desarrollar y dar una respuesta a lo que la gente necesita, porque es fundamental englobar tanto la parte social como la sanitaria en cuestiones como las personas mayores o la gente con problemas de salud mental.
- ¿Cómo valora el perfil de Manuel Escolano al frente?
- Manuel Escolano ya fue secretario autonómico de la Conselleria de Bienestar Social en el último gobierno del PP. Es una persona con la que tuvimos una buena relación, aunque fueron momentos complicados. Había problemas de impagos, había alguna cuestión judicial por medio que afectaba al sector, pero yo creo que la interlocución con él siempre fue buena. Por eso espero que él pueda por fin poner el cascabel al gato y ser capaz de avanzar en esta coordinación social y sanitaria.
Desde luego contará, como siempre, con el total apoyo y colaboración de Aerte para poder avanzar en todos estos temas.
- Ya fueron reivindicativos para terminar con el modelo Cotino de residencias. ¿Les da miedo volver a ese tipo de situación?
- Creo que el modelo Cotino ya acabó y quedó claro en sede judicial precisamente por los recursos que había planteado Aerte. También la última conselleria del gobierno del PP tenía claro que era un modelo que no era legal. Eso se resolvió y desde luego nosotros lo que no consideramos en ningún caso es que se pueda ir atrás en cuestiones de este tipo.
La sociedad sigue avanzando y nosotros lo que tenemos que hacer es consolidar lo bueno que se ha hecho durante los años del gobierno del Botanic y mejorar las cosas que hay que corregir para que el sistema siga ofreciendo a las personas que lo necesitan una solución adecuada.
- ¿Son las residencias un sector atractivo para invertir en la Comunitat o siguen los problemas en los plazos de licencias?
- Por la carencia de plazas en la Comunitat Valenciana es un territorio muy interesante para poder invertir. Sabemos que está el plan Convivint, que planteaba la creación de 3.600 plazas, que aproximadamente es el 26% de las plazas necesarias en la autonomía. Pero tenemos que arreglar algunas cuestiones como la oficina técnica de la Comunitat o, por ejemplo, el tema de la colaboración administrativa. Son cuestiones que deben estar resueltas para poder fomentar esa inversión, que creo que es tan importante.
"Tenemos que arreglar algunas cuestiones como la oficina técnica de la Comunitat para fomentar la inversión"
Además, tanto el gobierno del presidente Mazón como la vicepresidenta están insistiendo mucho en que quieren la Comunitat Valenciana se convierta en un polo de atracción y de inversión. Hay gente que no quiere invertir en la Comunitat Valenciana porque tampoco el mensaje que se ha dado hasta ahora era positivo a ello. Tampoco la oficina técnica para la obtención de las licencias ha ido bien, de hecho sigue siendo un desastre. En tercer lugar, es necesario que esa contratación administrativa esté hecha de una manera que genere seguridad jurídica.
- ¿Sigue el déficit de personal en las residencias?
- Sí, sabemos que faltan 95.000 enfermeros o enfermeras en toda España. Esto está afectando a sanidad y también nos afecta a nosotros. El problema es que si encima queremos aumentar y duplicar el personal que hay en las residencias y no le damos un plazo transitorio más largo para que podamos ir haciendo la incorporación de este personal, es que no vamos a encontrarlo, porque sigue siendo bastante complejo.
Además, no somos el único sector que se queja de la falta de personal cualificado. Creo que hay bastantes sectores que están en la misma línea y la verdad es que es un problema muy importante.
- ¿Encuentran déficit de plazas que se esté plasmando a nivel real?
- Todas las residencias de la Comunitat Valenciana prácticamente tienen lista de espera. Si cualquiera intenta buscar una plaza en alguna residencia de mayores, lo más seguro es que se encuentre con una respuesta de que en ese momento las plazas. Esto es un fracaso del sistema. Si no se hace atractiva la inversión, si la administración no pone en marcha centros nuevos, lo que conseguimos es que vaya aumentando la población de personas mayores y sigamos teniendo el mismo número de plazas, con lo cual siempre vamos a ir a menos en este proceso de ofrecer soluciones.
Las personas tienen que estar en su casa el mayor tiempo posible, con un buen servicio profesional -no dando una ayuda a los familiares de 258 euros-. Hay que ofrecer un servicio de ayuda a domicilio profesionalizado, ofreciendo servicios de producción de la autonomía.
"Cuando una persona necesita una residencia, tiene que tener plaza"
Uno, como decía antes, debe estar en su casa el mayor tiempo posible, pero en el momento que necesita un recurso como este, tiene que tener plaza, que sea de calidad y que se lo pueda permitir con los recursos que tiene, con la ayuda y subvención, o con los recursos necesarios económicos. Si no, el sistema está fracasando porque no es capaz de atender las necesidades de las personas.
- ¿Cuándo esperan volver a reunirse con Servicios Sociales?
- Debería ser inmediato. De hecho, desde la última reunión que tuvimos con la vicepresidenta que fue a finales de julio. Han pasado tres meses y más o menos los cien días. Es evidente que los equipos necesitan tiempo también. No todo el mundo ha sido nombrado al primer tiempo, los equipos necesitan conocer la realidad que hay dentro de la casa, la problemática que hay, pero yo creo que antes de empezar a tomar decisiones debería haberse escuchado al sector en general.
Creo que ya vamos un poco tarde. Entendiendo que necesita tiempo un nuevo gobierno para aterrizar, pero yo creo que tenemos que empezar a reunirnos ya todos para poder avanzar en las soluciones que necesitamos para el nuevo sistema.
- ¿Es importante la colaboración público-privada?
- Creo que hay que insistir mucho en la colaboración público-privada. El informe de la sindicatura de Comptes ya decía que se podía ofrecer un servicio desde la colaboración público-privada que era el doble en calidad del que ofrece la propia administración cuando gestiona esto. Se podría atender a través de las gestiones integrales, que son la gestión privada de residencias públicas, por cada millón de euros a 150 personas más.
"Creo que hay que insistir mucho en la colaboración público-privada"
Se podría atender con el doble de calidad. Y si la lleváramos a la residencia privada, estaríamos en torno a 210 personas más por cada millón de euros. Es decir, yo creo que esa eficacia y esa eficiencia que necesita el presupuesto, porque a mí me da la sensación de que tenemos que atender más gente, con mayor calidad y sin aumentar el gasto. Porque la administración está diciendo que el presupuesto tiene que cumplir con lo que se necesita, pero al mismo tiempo no va a ser un presupuesto expansivo. Y la única manera de hacerlo es mejorando la eficiencia del gasto público.
- ¿Se seguirá adelante con el Plan Convivint?
- Es necesario que se creen esas plazas, porque hace muchos años que no se crean plazas públicas en la Comunitat. Pero claro, yo lo que no puedo entender es cómo se van a gastar 50 millones de euros en reformar Carlet, cuando lo lógico con los nuevos modelos que hay sería hacer cinco residencias por ese importe.
-¿Se plantean manifestaciones si no toman medidas desde el PP?
- Una asociación empresarial no tiene mucho sentido que haga manifestaciones. Cuando llegamos a este punto después de 8 años de gobierno del Botànic era porque la situación era absolutamente insostenible y además nos parecía que era injusta con las personas que atendemos. Lo que me gustaría es que volviéramos a recuperar el consenso y el diálogo como una manera de buscar soluciones para lo que la gente necesita.