VALÈNCIA. Representantes de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Generalitat Valenciana (Epsar) y la Diputación de Valencia se reúnen este martes para abordar la posible denuncia del Convenio 123 "suscrito entre los dos organismos públicos hace 20 años, en 1997, firmado por el entonces presidente de la Diputación valenciana Manuel Tarancón y el conseller del ramo Luis Fernando Cartagena", según recordaban este lunes fuentes de la entidad autonómica.
Se trata de una cuestión que, como viene informando este diario, enfrenta a un departamento dirigido por Compromís -la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, de la que pende la Epsar-; y a una administración liderada por el PSPV -la Diputación, que a su vez es propietaria del 51% de Egevasa-.
La intención de la Epsar, tal y como puso de manifiesto en el último consejo de administración en el que se abordó la posible denuncia del convenio, es "recuperar la gestión de las 59 pequeñas depuradoras de titularidad de la Generalitat Valenciana en la provincia de Valencia". Sin embargo, el consejo acordó abrir una mesa de negociación con la Diputación sobre esta cuestión, una decisión que fue respaldada por la consellera, Elena Cebrián.
Las mencionadas depuradoras las gestiona desde hace dos décadas Egevasa, empresa mixta cuya titularidad pertenece en un 49% a la empresa privada Aguas de Valencia -que es a su vez quien ostenta la gerencia-. En este sentido, los argumentos que esgrime la Epsar ahondan en la necesidad de recuperar la gestión de dichas depuradoras en aras de "la racionalidad en la gestión de los recursos públicos, la 'economicidad' y en un mayor control funcional y económico de las depuradoras, lo que implicaría un mejor servicio y una posible rebaja en la factura del agua que pagan los valencianos, donde se incluye el canon de saneamiento".
"La 'economicidad' se verá favorecida con el rescate doblemente. Por una parte, los precios actuales, según la opinión de los técnicos, son superiores a los de mercado al no existir libre concurrencia en la elección de la oferta más ventajosa. En los últimos 20 años la explotación esta cautiva en manos de Egevasa a diferencia de la mayoría de las explotaciones que se renuevan como mucho cada ocho años. Por otra, las nuevas plantas depuradoras incluidas en el Plan de Obras de Epsar verán reducidos sus costes de explotación al poderse gestionar conjuntamente con las existentes, es lo que se denomina economía de escala", afirman desde la entidad dependiente de la conselleria de Compromís -en concreto atribuida a Verds-Equo en el reparto de poderes del actual Consell-.
Por contra, como viene informando Valencia Plaza, fuentes del entorno de la Diputación de Valencia discrepan con los cálculos de la Epsar, y defienden que la entidad controlada por Compromís se centra en "el escenario más desfavorable" para juzgar todo el convenio. "El coste de las depuradoras de Egevasa responde al cumplimiento de la normativa y es más elevado por tratarse de instalaciones pequeñas -y, en consecuencia, más caras-", sostienen desde la administración que lidera el PSPV.
Las mismas fuentes subrayan que la Epsar no ha tenido inconveniente en adjudicar recientemente un contrato a la sociedad Facsa para la gestión de depuradoras en la provincia de Castellón, un convenio cuyo coste por metro cúbico de agua tratada sería sensiblemente superior al que se le cuestiona a Egevasa -en concreto, de 0,918 euros el metro cúbico frente a los 0,528 de la sociedad mixta en la que participa Aguas de Valencia-.