¿Es posible un gobierno de coalición PSOE-PP? (II)

Si fuera factible un gobierno de coalición entre PP y PSOE porque existiera la disposición en ambos partidos, y estuviera respaldado por un porcentaje sustantivo de la ciudadanía, ¿para hacer qué y con qué tipo de política? Este es el tema central después de haber resumido, de manera sucinta en mi primer artículo, las inclemencias del devenir histórico de España de los últimos 200 años para consolidar un sistema político que permitiera las libertades públicas y un parlamentarismo que respondiera a la voluntad popular. Con la Constitución se alcanzaron acuerdos de convivencia que han supuesto un periodo de estabilidad política de unos 45 años. Incluso en las crisis más significativas el sistema ha sabido afrontar los envites sufridos y resistir las dificultades sobrevenidas: los atentados de ETA; las muertes de los trenes del 12-M; el procés catalán con su deriva al independentismo; los nuevos movimientos sociales constituidos en partidos políticos, a derecha e izquierda, que han pretendido- y pretenden- alterar las bases constitucionales; la crisis económica de 2008; o los casos de corrupción generalizados que se han dado en los dos grandes partidos.

Las dos fuerzas hegemónicas, PP y PSOE, han sabido, con sus diferencias y contradicciones, articular las políticas practicadas después de alcanzar el gobierno de España en unas elecciones libres, sin que haya existido alteración fraudulenta del resultado. El PSOE ha gobernado desde 1982 a 1996, de 2004 a 2011, y actualmente en coalición desde 2018 (González, Zapatero y Sánchez). En total, unos 23 años en términos generales; la UCD- PP (Suárez, Aznar y Rajoy) ha gobernado desde 1978 a 1982, de 1996 a 2004 y de 2011 a 2018, en total unos 20 años. Podría decirse que ha existido un equilibrio entre el centroizquierda y el centroderecha. En esos periodos se han aprobado leyes con consenso y otras solo contando con una parte de las fuerzas políticas, especialmente del nacionalismo vasco o del catalán, que de alguna manera han contribuido a respaldar, con sus contrapartidas, las políticas que planteaban los dos grandes. Nacieron otros partidos de ámbito nacional que pretendieron tener su influencia en el Parlamento y que se calificaron de centro, como CDS o UPyD, pero no alcanzaron la estabilidad suficiente para sostener una organización cohesionada y una base electoral que, si al principio fue significativa, desapareció con las disputas internas.

Desde el inicio de la crisis de 2008 la economía española entró en una dinámica de caída productiva que provocó que muchas empresas se declararan en bancarrota, con la posibilidad de una intervención por las instituciones europeas, como ocurrió con Grecia, algo que en España evitó el gobierno de Rajoy. El aumento del paro, la escasez de alimentos, el pago de las hipotecas, alquileres o facturas para afrontar las familias los gastos de un nivel de vida digno provocaron que surgieran movimientos sociales que criticaban la supuesta pasividad de los partidos con representación parlamentaria. En esta coyuntura nació Podemos (después Unidas Podemos), transformado en una fuerza que cuestionaba el sistema político, social y económico en que se basaba la estructura constitucional española. Tuvo más de 4 millones de votos y la pretensión de superar al PSOE como principal fuerza política de la izquierda. El mismo PSOE entró en una dinámica caótica, como se evidenció en octubre de 2016 y las primarias entre Sánchez y Susana Díaz. A todo ello se unió el proceso desencadenado en Cataluña, sin preverlo las fuerzas políticas españolas, por los partidos nacionalistas que abonaron un soberanismo independentista, rompiendo la configuración autonómica de la Constitución del 78. Como fuerza contrapuesta al nacionalismo nació Ciudadanos e incluso ganó unas elecciones, pero la coalición nacionalista le impidió formar gobierno. Ciudadanos se extendió por España con la pretensión de sustituir la hegemonía del PP.

Pero no acabó ahí la cosa. En 2013 nacía Vox, como una escisión del PP,  y ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años con propuestas que van desde la eliminación de las Autonomías, la demolición de leyes como la ley de violencia de género, la de Educación o de la Memoria Democrática, con una  revalorización del centralismo, al tiempo que se alienaba con aquellos que discuten la actual formación de la Unión Europea con la reclamación de la soberanía nacional por encima de las disposiciones de la Comisión Europea y el Parlamento europeo. En este sentido la crisis del PP ha evidenciado la pugna entre un lenguaje universalista de valores y los elementos particulares de España que algunos consideran inmutables. Es decir, las contradicciones entre la globalización uniforme y las particularidades culturales de cada país. Mientras, las políticas económicas, como se ha evidenciado, tienden a confluir, en función de las necesidades que plantea la ciudadanía, con matices sobre los impuestos, el papel del Estado y la relación entre lo público con lo privado. Temas que en la práctica pueden consensuarse, al igual que debe determinarse cuáles son los límites de las estructuras autonómicas y qué conviene articular o modificar.

Todo ello conduce a que sea aconsejable un gobierno de coalición PSOE-PP, con políticos dispuestos a llevarlo a cabo y prescindiendo de los que estén en contra. Supone un trabajo previo, de meses de estudio para dictaminar qué es lo que puede asumirse por ambas formaciones, dejando para más adelante las propuestas propias cuando, una vez resueltas las cuestiones básicas de Estado, cada uno pueda defenderlas en futuras elecciones. Lo que no empece para que se dialogue con otras fuerzas políticas sin que ello suponga desistir del objetivo de mantener la integridad de España. No sería descabellado que se iniciara por toda España una recogida de firmas para ir creando un ambiente que pueden influir. Se admiten sugerencias.