Escuchar antes de legislar

En una semana marcada por la invasión de Ucrania y la crisis del PP, uno dudaba entre dedicar la columna a las sanciones de broma de Occidente contra Rusia, ejemplo de hipocresía y demostración para los sátrapas de que no les va a pasar nada si mañana invaden Moldavia o Taiwán, o bien analizar el comportamiento de los diferentes actores de la tragedia de Pablo Casado: los (y las) valientes, los gregarios, los chaqueteros, los aprovechados, los hipócritas, los traidores y los fieles. Me quedo con dos, aparentemente contrapuestos: Belén Hoyo, que dio en la Junta Directiva el primer paso que nadie se atrevía a dar para apartar a un Casado al que todos daban por muerto, y Pablo Montesinos, que se mantuvo fiel a su líder caído mientras todos corrían sin disimulo a abrazar a Feijóo.

También tuve la tentación de escribir sobre el argumento del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón para abrir diligencias de investigación sobre la comisión del hermano de Díaz Ayuso. Dice Luzón que no ve indicios de delito pero que abre diligencias por "la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias". Lo que me lleva a pensar que todos los chanchullos destapados por la Agencia Antifraude que la Fiscalía de València ha rechazado investigar es porque no salieron en La Sexta, por lo que si Joan Llinares quiere que Anticorrupción le compre algún pufo, lo mejor es que llame primero a Ferreras. Hablando de comisionistas, cuando Miguel Zorío denunció en la Fiscalía que el intermediario del fichaje de Aderlan Santos por parte del Valencia CF –por 4,5 millones de euros– se llevó 5 millones de comisión, el 111%, la fiscal jefa Teresa Gisbert ordenó dar carpetazo a la denuncia. ¿Por falta de trascendencia social?

Sin embargo, y hechos estos apuntes, voy a hacer como Errejón y voy a escribir sobre lo que de verdad importa al ciudadano de a pie, un asunto de largo recorrido alejado de la geopolítica y de la política –por desgracia– que preocupa a muchas familias: la salud mental.

Si a usted nunca le han hecho una encuesta ni le han llamado para formar parte de un jurado ni le han convocado a una mesa electoral, es probable que tampoco sea una de las 9.000 personas a las que la Conselleria de Sanidad Universal ha invitado a participar en la Convención Ciudadana sobre la Salud Mental, un ensayo de democracia deliberativa impulsado por el comisionado de la Presidencia de la Generalitat para en Salud Mental, Rafael Tabarés.

La idea es, antes de poner en marcha el plan, escuchar lo que tiene que decir la ciudadanía sobre estos problemas que se han agravado por culpa de la pandemia. La ciudadania en general, no solo médicos, enfermos y familiares. Pedirles que, después de hablar, elaboren unas recomendaciones y tenerlas en cuenta a la hora de elaborar el plan dirigido por Tabarés.

El procedimiento es el siguiente: la Generalitat ha seleccionado entre los 4,2 millones de valencianos de 16 o más años una muestra aleatoria de 9.000 personas representativas de la sociedad manteniendo los porcentajes de edad, sexo y lugar de residencia de toda la población. Esas 9.000 personas son las que recibieron la carta firmada por la consellera Ana Barceló en la que se les invitaba a formar parte del grupo de 70 personas que deliberarán en la Convención Ciudadana.

De las respuestas positivas se hizo otra selección de 70 personas, más otras 70 suplentes, representativas también de la configuración social de la Comunitat Valenciana. El objetivo, según explica Barceló en la carta, es "dar una respuesta consensuada, a través del diálogo y el debate, a la pregunta: ¿Cómo abordaría usted la salud mental, las drogodependencias y las conductas adictivas?". Como recalcaba la misiva, para participar no era necesario tener conocimientos previos sobre salud mental, ya que durante la reuniones tendrán información y asistencia técnica de expertos. Es decir, las deliberaciones contarán con asesoramiento para llegar a unas conclusiones que se plasmarán en un escrito de recomendaciones sobre cómo abordar la problemática.

Serán cuatro sábados de reuniones en València (5 de marzo), Castellón (12 de marzo), Alicante (26 de marzo) y nuevamente València (2 de abril), y los participantes percibirán una remuneración de entre 100 y 200 euros por sesión en función de su lugar de residencia.

El experimento de Tabarés está basado en los procesos de democracia deliberativa o participativa conocidos en otros países como mini-públicos o jurados deliberativos. Es de lo más interesante y lleva décadas ensayándose, pero está poco o nada explorado en España. Un ejemplo reciente es el de la Convención Ciudadana sobre el Clima que Emmanuel Macron puso en marcha en Francia entre 2019 y 2020. Participaron 150 personas representativas de la población, en ocho sesiones, aunque después el proyecto de ley presentado a la Asamblea por el Ejecutivo francés a partir de las recomendaciones de la Convención Ciudadana recogía solo la mitad de ellas –Macron había prometido que las recogería todas–, lo que se consideró un fracaso y provocó manifestaciones. 

Lo cierto es que estas conclusiones nunca deben ser vinculantes porque la soberanía popular reside en los parlamentos, no en un mini-público elegido aleatoriamente. Es un poco como los presupuestos participativos, que está bien escuchar al pueblo, hacer que se sienta partícipe, pero si lo que recomienda es poner un arco chino en la calle Pelayo nuestros representantes políticos tienen toda la legitimidad para rechazarlo.

El objetivo del experimento no es que la Convención Ciudadana sustituya a Les Corts o al Consell, sino que los legisladores escuchen a la ciudadanía en lugar de conformarse con recibir a los lobbies y pedir informes a dos profesores universitarios que apenas pisan la calle. De haber contado con una convención ciudadana a la hora de legislar sobre las entidades financieras no habrían tenido que enterarse por una queja de Carlos San Juan en change.org de que se habían olvidado de la atención a los ancianos, a los clientes de toda la vida, igual que se olvidaron de ellos cuando digitalizaron la atención al ciudadano en la Administración o en la sanidad pública.

Los mini-públicos se han utilizado en otros países para diversos asuntos, algunos de ellos relacionados con la sanidad, como el iniciado en Escocia el pasado verano sobre "cómo abordar las desigualdades en salud". Se ha empleado también para cambios de sistemas electorales (Canadá y Holanda) y hasta para propuestas de modificación de constituciones (Australia, 1988; Islandia, 2009-2013; Irlanda, 2012 y 2016). En todos estos procesos se escuchó al pueblo y en la mayoría, no en todos, se le hizo caso.

Les mantendremos informados.