VALÈNCIA (EFE). El escudo laboral se aplicará a todas las personas, empresas o trabajadores afectados por la Dana, ya sean directos o indirectos, es decir, aunque no vivan o residan en la zona dañada.
El decreto ley que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor mañana, recoge un paquete de medidas laborales y de protección del empleo que se aplicarán a las empresas y trabajadores que se encuentren en el listado de municipios más afectados y con efectos desde el pasado 28 de octubre.
No obstante, establece que también podrán beneficiarse de ese paquete las personas físicas, empresas y autónomos que, aunque no vivan o residan en uno de esos municipios, se hayan visto afectados indirectamente y estén sufriendo las consecuencias de los siniestros producidos por la dana.
En el caso de los ERTE por fuerza mayor, los podrán solicitar empresas afectadas en cualquier zona, al tiempo que se agilizan los trámites al no requerir el informe de la Inspección.
Los trabajadores de las empresas que soliciten un ERTE estarán protegidos con una prestación que ascenderá al 70 % de la base reguladora, sin necesidad de periodo mínimo de cotización y sin que consuma desempleo.
A una prestación con iguales condiciones podrán acceder las empleadas del hogar que no puedan acudir a trabajar por la dana.
Asimismo, se articula una prestación extraordinaria para autónomos, que les permitirá compatibilizar su actividad durante tres meses con una prestación por cese parcial, equivalente al 50 % de su base de cotización.
El decreto ley también detalla las causas y condiciones del permiso retribuido.
Así, los trabajadores podrán pedir este permiso retribuido para cuidar a la pareja, convivientes o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad, si la persona que hasta el momento se hubiera encargado habitualmente de ello no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas directamente relacionadas con la dana.
Asimismo, podrán solicitar el permiso cuando no puedan acceder al centro de trabajo o realizar la prestación laboral debido al estado de las carreteras, transporte público o la propia sede de la empresa como consecuencia de la destrucción de la dana.
Lo mismo ocurrirá por la necesidad de llevar a cabo labores de traslado, limpieza o acondicionamiento del domicilio habitual, recuperación de enseres, hasta que se disponga de una solución habitacional estable y adecuada, así como para tramitar las solicitudes de documentos oficiales o públicos.
En el caso de la desaparición de familiares (pareja, convivientes o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad) también se podrá pedir sin límite de tiempo, mientras que en caso de fallecimiento, la duración será de cinco días a partir del sepelio.
La norma recoge expresamente que podrá prorrogarse la aplicación de estas medidas "en atención a la persistencia de las circunstancias relacionadas con la dana".
El decreto ley publicado este martes también detalla las condiciones del denominado PlanMecuida que permite solicitar la adaptación de su jornada (ya sea mediante una reducción, cambio de turno, jornada intensiva, horario flexible...) para el cuidado de dependientes con motivo de la dana, teniendo en cuenta las necesidades empresa y empleado y negociando ambas partes de buena fe.
En cuanto al ingreso mínimo vital (IMV), el decreto ley recoge una ampliación del plazo de solicitud en las zonas afectadas para poder hacer frente a situaciones de pobreza sobrevenida, así como las subidas previstas para los beneficiarios en esas localidades.
También, en el ámbito de la Seguridad Social, se establece una moratoria en la reclamación de prestaciones indebidamente percibidas.
El decreto por el que se adoptan nuevas medidas de apoyo para los afectados por la reciente dana, incluidas las ayudas destinadas al sector agroalimentario, han sido publicadas este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El nuevo paquete incluye la flexibilización de los contratos de suministro de electricidad, medidas de carácter tributario y de apoyo a la actividad comercial e industrial, y otras en materia de vivienda, empleo, seguridad social, abastecimiento, educación, cultura, transportes, colectivos vulnerables y agricultura.
En este último caso, destaca la ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas por el temporal, siempre que hayan sufrido daños superiores al 40 % de su producción y sean susceptibles de aseguramiento en el sistema de seguros agrarios combinados.