La ministra Arancha González La. Foto: E PARRA (POOL)BRUSELAS. En cuanto el Acuerdo con el Reino Unido sea efectivo, España iniciará conversaciones bilaterales para asegurar la asistencia sanitaria a los británicos que vengan de vacaciones, para asegurarse la continuidad de nuestro mayor mercado turístico. Ello, sumado al medio millón de residentes británicos, de los que sólo la mitad están registrados legalmente, justifica convenios posteriores en materias de competencia nacional, como es la sanitaria. Así lo adelantó la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en una rueda de prensa en la que manifestó la satisfacción del Gobierno respecto al Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA, en inglés) aprobado ente el Reino Unido y la Unión Europea (UE).
Esta circunstancia, la del turismo británico, es de vital importancia para la Comunitat Valenciana, el territorio con mayor número de residentes y turistas británicos de toda la Unión Europea. En este sentido, la ministra González Laya explicó que España buscará un acuerdo bilateral con el gobierno británico para que sus ciudadanos tengan acceso a la sanidad española cuando vengan de vacaciones o a sus residencias no permanentes. Esta circunstancia, se supone que será recíproca. El acuerdo de la UE con el Reino Unido ya contempla esta posibilidad pero sólo para los prestadores de servicios de corta estancia y los estudiantes.
De otro lado, abriría la puerta a un turismo sanitario que aprovecharía las instalaciones de los hospitales públicos para vender paquetes vacacionales con todo incluido, y rehabilitación de sol y playa. Hay que tener en cuenta que el sistema de sanidad pública y gratuita existente en España no es equiparable al sistema sanitario de copago en otros países europeos pero sí al del Reino Unido. No obstante, esto sirve hasta que firmen un Tratado de libre comercio con Estados Unidos, ya que su sistema de salud estaría sobre la mesa.
La frontera con Gibraltar es el otro punto caliente. “España valora positivamente este acuerdo sobre todo por lo que respecta a los intereses de España”, manifestó la ministra, a la vez que mostró su preocupación por la frontera con Gibraltar, cuya resolución está pendiente de un acuerdo bilateral paralelo antes del 31 de diciembre para evitar el caos junto a la verja y una frontera dura. González laya dejó claro que “no hay plan B” y que, si no hay acuerdo entre España y el Reino Unido, la verja se convertía en una frontera eterna de la UE, que debe ser controlada por España.
El TCA no se aplica a Gibraltar, “quedó excluido expresamente en el Acuerdo de Retirada hace casi un año”, recordó la ministra. Es decir, los ciudadanos gibraltareños no gozan de los beneficios atribuibles a las personas físicas que se contemplan en el Acuerdo. Es más, la Comisión Europea dice que “solo actuará en lo relativo Gibraltar si España se lo pide”, añadió.
Según González Laya, “si no hay un acuerdo, España se convierte en la frontera externa de la UE”. Aunque, los trabajadores transfronterizos que se hayan registrado antes de enero, podrán moverse identificados con un documento específico. Pero todos los demás que quieran atravesar esta nueva frontera necesitarían un visado de pasaporte, excepto que sea de corta duración. Al ser un territorio tercero, tampoco tendrían acceso a la Seguridad Social española y estarían fuera del espacio aéreo europeo, del reconocimiento específico de los carnets de circulación y del complemento para el seguro de vehículos. todas estas circunstancias de la vida diaria fueron explicadas por la ministra como un ejemplo la perturbación que significaría para ambas partes la falta de un acuerdo para Gibraltar.
“España busca un acuerdo para estas cuestiones relativas a la movilidad, sin renunciar a la soberanía, teniendo en cuenta que los gibraltareños votaron quedarse en la UE”, añadió González Laya. En estos momentos, las conversaciones siguen a nivel técnico y político. “España buscará un acuerdo hasta el ultimo segundo de 2020”, declaró.
“Ahora iniciamos una nueva relación con un vecino y amigo de España”, siguió explicando la ministra, que añadió que “casi 500.000 británicos residen en España y 260.000 españoles, en el Reino Unido”. González Laya desveló que un informe del Banco de España auguraba una “pérdida del PIB del 0,7%”, que implica 800 millones de euros al año en automovilismo, 900 en el sector agroindustrial, 300 en el químico y 11.000 puestos de trabajo en pesca. “Esto ha quedado atrás y estamos protegidos en estos sectores con nuestro principal mercado de exportación fuera de la Unión, que es el Reino Unido”.
Se abre ahora un proceso en el que, primero, aprobarán el acuerdo los Estados Miembros tras una Decisión del Consejo este martes. Luego, entrará en vigor de forma provisional hasta que lo apruebe el Parlamento Europeo, que ya ha anunciado que lo hará en la sesión plenaria de marzo.
