España debe abandonar el furgón de cola de la inversión pública de Europa

Si analizamos tanto la inversión pública habida en las últimas décadas como las previsiones a corto plazo (2021-2022), en las cinco punteras economías europeas, España “con todo merecimiento y persistiendo año tras año en el error” sigue siendo el farolillo rojo del tren europeo de la inversión pública.

Como mostramos (anexo nº1) la inversión pública media de las cinco economías europeas más relevantes en la década del 2000 (2000→ 2009) arrojó una media de 59.092 M€/año, frente a nuestro país que tan solo invirtió 45.686 M€/año, lo que supuso un -23% inferior a la media… pero es más, mientras en la pasada década del 2010 (2010→ 2019), la inversión media/anual se incrementó en el conjunto de las 5 economías a 60.331 M€/ anual, en España renunciamos a estar entre los países del pelotón de cabeza europeo y caímos a una inversión de 30.096 M€ /año. que ya supone un -50% frente a la media de nuestros socios Europeos (60.331 M€/año).

Ante este desplome inversor de España que ha más que duplicado nuestra distancia respecto al resto de países europeos con los que pretendemos homologarnos… seguimos persistiendo en el error, como lo demuestra nuestro planteamiento inversor para los años 2021 y 2022.

Si se me permite el símil, somos como aquellos conductores que -"por puro despiste, falta de atención y pericia en la conducción del automóvil (economía española) … o lo que sería más grave incluso condenable penalmente, por instinto kamikaze"- conducen por la Autovía por el carril contrario y contradirección…, y en lugar de percatarse de su error y salirse rápidamente en la primera bifurcación, para retomar el viaje por el carril adecuado, persisten en su error, es más, para sus adentros piensan ¡ pero que torpes son todos los conductores…, todos van contradirección…sólo yo conduzco correctamente!.. y al final, bien por falta de atención y pericia, bien por espíritu Kamikaze, ocurre un grave accidente…que supone un importante deterioro para la economía de nuestro país…que acaba en la UCI, requiriendo cuidados intensivos acudiendo para que la UE, nos rescate.

Esta doble velocidad, que supone conducir por el carril correcto, como lo vienen haciendo los países punteros europeos, se sigue poniendo de manifiesto a la vista de los datos macroeconómicos, que el Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones de invierno (European Economic Forecast Winter 2020), asigna a los cinco países europeos, cuyas inversiones públicas analizamos (Cuadro Anexo nº 2).

Para el presente bienio 2021 + 2022 las pensiones del FMI señalan que España dedicará a Inversión Pública 56.700 M€, cantidad un -64% inferior a la media destinada por Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Países que no sólo en magnitudes absolutas, nos superan ampliamente (198.600 M€; 185.800 M€; 156.500 M€ y 93.000 M€ respectivamente), sino también, y más significativo todavía resulta si analizamos el ratio r= Inversión/Km2/ Millón de habitante.  Índice de inversión pública que consideramos idóneo, toda vez que, al considerar la superficie del país, lo relacionamos con las inversiones destinadas a las infraestructuras del transporte, conectividad logística, agua, energía, etc. y en segundo lugar al considerar también la población (número de habitantes), lo relacionamos  igualmente con las inversiones destinadas a equipamientos públicos (educación, sanidad, justicia, rehabilitación urbana y vivienda, transporte de  Cercanías y metropolitano de viajeros, depuración de aguas, tratamiento RSU, etc.

Pues bien, este ratio, nos indica que la Inversión media (5 países) entre 2021 y 2022 será de 5.598 €/Millón habitantes/ Km2, mientras que en España solo destinaremos 2.367 € /Millón de habitantes/ Km2, ello supone un -57,70 % inferior a la media europea. Si la inversión la refiriéramos solamente a la población del país, somos igualmente un -41,27 % inferior a la media de los países con los que pretendemos homologarnos.

Esta falta de inversión pública en la que erróneamente persistimos y que provoca que Europa vaya a doble velocidad que España, requiere de un golpe de timón y cambio de rumbo.

Ante esta situación de falta de inversión pública no podemos obviar que nuestro país tiene asumido el compromiso de cumplir en los próximos 10 años, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030 que, en 2015 aprobaron 193 jefes de Estado y de Gobierno de distintos países de Naciones Unidad –España entre ellos– reunidos en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Nueva York. Para cumplir en 2030 con los ODS, deberemos invertir en Infraestructuras del orden de unos 157.000 millones de Euros en los próximos 10 años.

A tal fin, quiero referirme a la comparecencia que el Presidente de SEOPAN tuvo el pasado mes de marzo ante la Comisión Mixta Congreso/Senado para la Coordinación  y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los ODS y en concreto para mostrar a nuestra clase política, el desglose y valoración de las acciones que se requieren para cumplir con los objetivos, referidos al Sector de Infraestructuras.

ODS-3: Salud y BienestarObjetivo de salud y bienestar que garantice una vida sana y promueva el bienestar para todos los ciudadanos y a lo largo de todas las edades: 23.600 M€.

ODS-6: Agua limpia y Saneamiento Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible (tratamiento y depuración del agua). Gestionar los recursos hídricos (regulación, desalación y reutilización) y Protección de los Ecosistemas: 5.253 M€.

ODS-7: Energía asequible y no contaminanteGarantizar el acceso a una energía asequible, segura (reduciendo hasta un 25 % las emisiones de gases efecto invernadero), sostenible (alcanzando una cuota del 42 % de renovables en el uso final y un 74 % de cuota de energía renovable, en la Generación eléctrica) y eficiente en su aplicación (sector del transporte, sector residencial): 32.435 M€.

ODS-8: Industria, Innovación e Infraestructuras. Persigue este objetivo desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Destacando en la Reposición de redes de contribución de agua (siendo España el país europeo con mayor superficie sometida a estrés hídrico severo, está fuera de toda lógica, que se pierdan del orden de 25 l /agua por cada 100 litros suministrados a la población). También entra en este objetivo (ODS) resolver el déficit ya endémico e in crescendo que presenta el Estado de Conservación de nuestra red de Carreteras. 

Igualmente nos hemos comprometido a potenciar el transporte ferroviario de mercancías, convirtiendo en “autopistas ferroviarias “los ejes ferroviarios convencionales alternativos, que ahora tienen muy poca demanda por haber “migrado un gran número de viajeros” a las líneas de AV en operación: 17.548 M€.

ODS-11; Ciudad y Comunidad Sostenible.Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Promover y ampliar el transporte público, seguro, asequible, accesible y sostenible, bajo la premisa de que la movilidad es un derecho ciudadano, enfrentándonos además ante una Concentración poblacional en las ciudades y sus áreas metropolitanas, y a la disrupción tecnológica en nuestros hábitos de movilidad (ride hailing y ride sharing).

Urbanizaciones inclusivas y sostenibles, creando infraestructuras verdes, mitigando el efecto “isla de calor, que produce la infraestructura gris” promoviendo soterramientos y túneles alternativos.

En cuanto a Residuos urbanos, incentivar la valorización energética… ¡La basura nos desborda! Somos el país de la UE que vierte una mayor cantidad de residuos al vertedero: 74.784 M€.

ODS-15: Vida y ecosistemas terrestresGestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, prevenir las inundaciones y avenidas, detener y revertir la degradación de las tierras. Somos uno de los países con mayor superficie bajo estrés hídrico severo, lo que indica que en un 72 % de nuestra superficie, el consumo de agua supera el 40% del agua total disponible. Incrementar el regadío para prevenir la desertificación y la sequía: 3.848 M€

Así pues, reactivar la economía y cumplir con la Agenda 2030 requiere invertir más de 157.000 millones de euros de inversión que, es evidente, no puede provenir únicamente de vía presupuestaria. Desglose de inversiones que reflejamos en el Anexo nº 3.

Los fondos europeos Next Generation–UE son una oportunidad para avanzar en los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fija la Agenda 2030. España recibirá –posiblemente a partir de septiembre/ octubre del presente 2021 y hasta el 2023– alrededor de 140.000 M€, de los que más de 70.000 M€ corresponderán a ayudas directas y el resto a préstamos o créditos retornables. Programa de ayudas de la U.E a los Estados miembros para que puedan superar los efectos económicos de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. El Gobierno de España presentó ante Bruselas, el pasado 30 de abril de 2021, un Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia en donde se deberían haber detallado tanto el Plan Nacional de Reformas  a acometer, como las Inversiones que se propone afrontar con cargo a estos fondos europeos y justificar igualmente su adecuación a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a cuyo cumplimiento, está estrictamente condicionada la concesión de estas ayudas financieras del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Inversiones que encuadradas en el ámbito de la Vivienda, Medio Ambiente (Depuración de agua, prevención de inundaciones y tratamiento de residuos), el Transporte ferroviario de mercancías, el Transporte Público de viajeros, la Movilidad sostenible, el refuerzo de las Infraestructuras Sanitarias, la Digitalización, Robotización y Modernización del Sector Constructor, e igualmente acometiendo las reformas legales para hacer posible la realización de todas ellas, en el reducido plazo de tiempo que la UE nos impone. Desde el Sector de Construcción de Infraestructuras, hemos propuesto el seleccionar de entre las inversiones enumeradas en los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 (Anexo nº3), aquellas que siendo prioritarias se ciñan escrupulosamente a los objetivos de transformación ecológica, resiliente y digital impulsadas por la UE, y definidas en el Next Generation UE.

Estas infraestructuras seleccionadas, que en gran parte podrán/deberán, ser promovidas directamente por las Administraciones Públicas y parte por la nueva figura de colaboración público-privada, a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES), recogida esta figura (CPP) en el Título  II, Capítulo II del Real Decreto -Ley  36/2020 (30.12.20) por el que se aprobaron las medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas inversiones en Infraestructuras que debemos implementar a través del Next Generation UE y a través de los PERTES (CPP),  y que actuarán como Proyectos Tractores, supondrán una inversión de 100.800 Millones de euros, que generarán un empleo de 1.400.000 puestos de trabajo, tendrán un retorno fiscal de 46.500 Millones de Euros y provocarán una actividad económica inducida de 191.000 millones de euros. En el Anexo nº 4 damos detalle de estos proyectos tractores y sus efectos inducidos. 

Finalmente queremos evidenciar que las inversiones planteadas como Infraestructuras estratégicas prioritarias, que valoramos en unos 100.800 M€ y que nos permitirá cumplir, tanto con la Agenda 2030 de objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), no pueden ir en su totalidad – desafortunadamente- con cargo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia ,pues los agotarían, sino que planteamos que unos 12.775 M€ se ejecuten con cargo a los Fondos de Subvenciones Next Generation UE, lo que representará un 18 % de dichos fondos, y unos 88.025 millones de euros, con cargo a los Fondos privados mediante fórmulas de Colaboración Público-Privada y apoyada en los PERTES.

Recuperar el modelo concesional, además de implicar la necesaria voluntad política, en parte ya mostrada favorable, en el Real Decreto Ley 36/2020 anteriormente citado, requiere asimismo la resolución de importantes barreras regulatorias que, hasta ahora desincentivan la captación de financiación privada, como es el caso de varios aspectos de la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española.

Para ello finalmente apelamos a acudir al mecanismo que prevé el artículo 10 del Real Decreto 55/2017 del 3 de febrero por el que se desarrolla la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española, que contempla la posibilidad de modificar la tasa de descuento de la siguiente forma: “ El instrumento de deuda y el diferencial que sirven de base al cálculo de la tasa de descuento podrán ser modificados por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, para adaptarlo a los plazos y condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector público”.

Tenemos un problema –falta de inversión pública–, tenemos una solución, que nos brinda en parte la Unión Europea a través del Next Generation, y en parte acudiendo a la Colaboración Público-Privada y PERTES… Solo falta voluntad política para dar protagonismo al empresariado e iniciativa privada.

Manuel Miñés es director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV)