La España autonómica, descentralizada, multinivel, en malla, reticulada, polifónica… Desde luego, España es una fuente inagotable de eufemismos para definir su modelo territorial. Cada nuevo concepto que se acuña fracasa irremediablemente en su objetivo de captar nuestra realidad territorial sin tener que usar aquel concepto vetado que es el que verdaderamente nos define: España es un país federal.
Durante mucho tiempo ha imperado la visión de que el Estado de las Autonomías es un Estado descentralizado pero con límites, sin pasarse, a medio camino entre un Estado centralizado como Francia y uno federal como Alemania. Esto tiene poco que ver con la realidad. Lo que le falta a España para ser un Estado federal no es un grado de descentralización mucho mayor sino su ordenación a través de instituciones federales. Es el Estado central el que mayores distorsiones crea en el modelo territorial, las Comunidades Autónomas las padecen; muestran los síntomas pero no son la causa.
Las Comunidades Autónomas no tienen forma de canalizar sus demandas y sus problemas para que puedan ser resueltos, como tampoco tienen mecanismos para coordinarse entre sí y con el Estado central. El Título VIII de la Constitución sólo establece algunos principios y límites para las CCAA. Nada dice sobre todo lo anterior. Por ese motivo, los dos mecanismos institucionales existentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Conferencia de Presidentes, son órganos ad hoc, que no tienen rango constitucional, creados por el Gobierno central y subordinados a este.
Peor aún, en lo poco que la Constitución desarrolla una organicidad territorial, no se cumple. Según el artículo 68, el Senado es la cámara de representación territorial pero en la práctica no sirve para eso. En realidad, no sirve de mucho para casi nada. Por otra parte, el Fondo de Compensación Interterritorial es la herramienta establecida por el artículo 158 para corregir los desequilibrios territoriales. Sin embargo, a pesar de tener un fin tan ambicioso, año tras año, sigue teniendo una dotación mínima en los Presupuestos Generales del Estado y los desequilibrios territoriales preexistentes no solo no se han corregido sino que han ido en aumento en sus dos dimensiones: centro-periferia y rural-urbano.
Ambas dimensiones inciden en un problema creciente: un Madrid hipertrofiado que drena los recursos y las energías del resto de España. Es el producto de la combinación entre la concentración del aparato político-administrativo del Estado y la ordenación de las infraestructuras como un sistema radial en torno a la capital de donde parten y a donde llegan tanto la red de carreteras como la red ferroviaria y donde se localiza el mayor aeropuerto de España. Más de 83.000 trabajadores públicos dependientes de la Administración General del Estado están en Madrid, prácticamente un tercio del total. Es allí donde tienen su sede no solo los Ministerios sino la inmensa mayoría de organismos autónomos, fundaciones y empresas públicas incluyendo, para mayor cachondeo, el Instituto Oceanográfico y Puertos del Estado. La factura la pagamos entre todos pero los beneficios no llegan a todos por igual.
Esta semana hemos conocido la ejecución de las inversiones del Estado en cada Comunidad Autónoma. A pesar de que en 2019 por primera vez los valencianos habíamos logrado que se reflajaran en los Presupuestos Generales unas inversiones más o menos (menos que más) correspondientes a nuestro peso poblacional, nos encontramos con un nivel de ejecución que apenas supera el 42,3%. En Madrid, como todos los años, la ejecución supera el presupuesto inicial hasta alcanzar el 185%. Más de 2.000 millones de euros en Madrid y menos de 470 en la Comunitat Valenciana.
Por mucho que estas cifras duelan, por muy injusta que sea la situación, no hay lugar donde podamos plantear un debate al respecto, ni tenemos una vía eficaz para buscar soluciones. Hay un vacío. El mismo vacío que nos encontramos cuando planteamos el problema de un sistema de financiación autonómica que nos pone a la cola de España a pesar de tener una renta per cápita inferior a la media. El mismo vacío que hay para reclamar una solución a la deuda histórica producto de esa infrafinanciación, que nos sitúa como la autonomía más endeudada de España y a cuyo pago tenemos que dedicar más de un tercio del Presupuesto anual de la Generalitat Valenciana.
Lo cierto es que los valencianos no podemos más que ser federalistas y España no puede más que definirse como una realidad federal. Esa es nuestra tradición y nuestra historia, tratar de negarla o de esconderla no servirá para resolver nada, solo nos empobrecerá, agravará nuestros problemas y hará que sean cada vez más irreversibles.
