Rajoy, con otros líderes europeos.MADRID (EP). España destinó un total de 78,48 millones de euros para pagar las multas impuestas por la Unión Europea (UE) desde el año 2013 y hasta el año 2016, por tres incumplimientos del derecho comunitario, dos de ellos por parte del Gobierno del País Vasco y otra de ellas, la multa que finalmente abonó la Generalitat Valenciana por la manipulación de datos del déficit público y de deuda en la Comunitat Valenciana durante más de 20 años y que se corrigieron en 2012.
De esta forma responde el Gobierno al portavoz de En Marea en el Congreso, Antón Gómez-Reino, quien se interesaba por las sanciones que la UE había notificado a nuestro país cada uno de los años del periodo que va de 2011 a 2016.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo de Mariano Rajoy informa de que en los años 2011, 2012 y 2015, España no incumplió con el derecho de la UE y, por lo tanto, no tuvo que abonar sanción alguna.
Sí lo tuvo que hacer en 2013, año en el que España tuvo que pagar 29,5 millones de euros -en dos pagos de 20 y de 9,5 millones de euros- en el caso de las ayudas públicas concedidas a la empresa Magefesa, una sanción a la que tuvo que hacer frente el Gobierno vasco "por razón de su competencia".
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia del 11 de diciembre de 2012, declaró que España había incumplido sus obligaciones al no haber adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2 de julio de 2002 sobre ayudas que la Comisión Europea había declarado "ilegales e incompatibles" con el Mercado Común concedidas al grupo Magefesa.
La misma razón esgrimió Europa para multar a España en 2014, por un importe en esta ocasión de 30 millones de euros, en relación con las llamadas 'vacaciones fiscales vascas'. El Tribunal de Justicia de la UE condenó el 14 de mayo de ese año a España a abonar a la Comisión una multa de 30 millones, de la que también se hizo cargo el Ejecutivo vasco, por no haber recuperado a tiempo las ayudas que Bruselas consideró ilegales mediante seis decisiones de 11 de julio de 2001.
Dos años después, en 2016, Europa sancionó a nuestro país con el pago de una multa de 18,9 millones de euros por la manipulación de datos del déficit público y de deuda en la Comunidad Valenciana durante más de 20 años y que se corrigieron en 2012.
Esta multa, que tuvo que abonar la Generalitat valenciana, 'castigaba' la "tergiversación" de los datos de déficit público y la transmisión a Eurostat de cifras incorrectas en marzo de 2012, una negligencia considerada "grave".
La UE ya impuso en 2015 esa sanción por la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario, pero las autoridades españolas presentaron un recurso para solicitar su anulación alegando vulneración del derecho de defensa y del derecho a una buena administración y argumentando también la inexistencia de infracción y el carácter desproporcionado de la multa impuesta.
Este caso fue el primero en que el la Comisión Europea pidió sancionar a un Estado miembro por falsear sus estadísticas basándose en las nuevas normas de la UE que se aprobaron en 2011, a raíz del caso de Grecia, una petición que fue avalada después por los Veintiocho.
