España pide más tiempo a Bruselas para dar explicaciones por el crédito del Consorcio

VALÈNCIA. Las autoridades españolas pedirán más plazo a la Dirección General de Competencia de la Unión Europea para responder a su exigencia de explicaciones sobre la condonación por parte del Estado de 350 millones de deuda del Consorcio València 2007.

De esta manera, el Gobierno espera tener más tiempo para reunir la documentación que le requiere Bruselas sobre el crédito que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) cencedió al ente público participado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València para financiar las infraestructuras necesarias para la celebración de la America's Cup de vela en 2007 y 2010.

El Consorcio nunca ha podido hacer frente a la devolución de este crédito, del que responde el Tesoro al estar avalado por el Ministerio de Hacienda. El Ayuntamiento de València y la Generalitat llevan años reclamando al Gobierno central la condonación de esa deuda, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con Ximo Puig a cambio del apoyo de la Comunitat a la senda de déficit planteada por el Ministerio de Hacienda.

Tras haber tenido conocimiento por los medios de comunicación de la intención del Gobierno central de perdonar al Consorcio la deuda, Bruselas envió una carta el pasado día 24 para pedir aclaraciones al respecto. En la misiva, Bruselas recuerda a las autoridades españolas que el pasado 31 de julio ya requirió información sobre el préstamo del ICO al Consorcio València 2007 en el marco de un expediente abierto por la CE para investigar si el préstamo del ICO puede ser una ayuda de Estado ilegal.

Bruselas daba 30 días hábiles de plazo al Consorcio para presentar la documentación, tanto la reclamada con la carta que llegó el 31 de julio como la que le pidió posteriormente tras tener conococimiento del acuerdo para que el Estado asuma la mayor parte de la deuda del Consorcio. Al haber coincidido gran parte del plazo concedido con el mes de agosto, las autoridades españolas esperan que se conceda una extensión del mismo.

En el último requerimiento las autoridades de la Competencia piden al Gobierno central que se justifique la adecuación de esa operación a las normas comunitarias de ayudas estatales. También solicita que incluyan en dicha información las condiciones concretas de esa medida pactada por el Ministerio de Hacienda y el Consell de Ximo Puig.

Previamente, la Comisión ya había pedido aclaraciones sobre si las autoridades españolas "han modificado cualquiera de las condiciones de este préstamo hasta ahora o han pagado alguna cantidad en su calidad de garantes".

"¿Han participado las autoridades españolas en cualquier acción formal por la que se renuncie a este préstamo? ¿Ha habido conversaciones sobre una renuncia de este tipo hasta la fecha?", pregunta Bruselas, quien también reclama saber para qué utilizó el Consorcio los 319 millones del préstamo del ICO. "¿Qué obras de infraestructura se cubrieron exactamente con dicho préstamo? ¿Se financiaron con él también otros gastos no relacionados con la infraestructura de la Marina?", insiste la carta.

Mesa técnica

Además, pide saber si el Estado, la Comunitat o el Ayuntamiento han renunciado a sus derechos frente al Consorcio (en los tribunales, contractualmente o extrajudicialmente) para reclamar la devolución de los plazos del préstamo concedido: "Les rogamos aporten pruebas de las medidas adoptadas hasta la fecha".

Por el momento, ni el Ministerio de Hacienda y ni la Conselleria de Vicent Soler han precisado cómo se llevará a cabo esa condonación.

Fuentes de la Generalitat explicaron a este periódico que está previsto que próximamente se constituya una mesa técnica entre el Estado y la Generalitat para definir la fórmula jurídica mediante la que se podría llevar a cabo la condonación de la parte de deuda del Consorcio que corresponde a las administraciones valencianas.

Por el momento, el primer paso para que se pueda constituir este órgano debería ser el nombramiento por parte del consejo de ministros de este viernes de la secretaria de Estado de Hacienda como representante del Estado en el consejo rector del Consorcio València, un puesto que está vacante desde la llegada del PSOE al Gobierno central.