Foto: A.Ortega.POOL / Europa PressBRUSELAS. La Comisión ha aprobado el Plan de Recuperación y Resiliencia EU Next Generation de España para hacer frente a la crisis post pandemia, con una prefinanciación del 13%, que equivale a la entrega de 9.000 millones de euros a finales de julio, cuando lo apruebe el Consejo Europeo. Se trata de una primera fase, en la que se deben cumplir los hitos y metas establecidos hasta finales de 2021 tras una auditoría de dos meses que comenzará en otoño.
Lo singular de este Plan es que España sólo ha pedido ayudas directas y no ha echado mano de los préstamos, alertado por la experiencia de la crisis de 2008, de la que aún está devolviendo los 66.000 millones del rescate bancario. En este caso, además, “el 13% que va a recibir como financiación, no se deduce de la primera entrega hasta diciembre, sino que se deduce de todo el plan”, explican fuentes de la Comisión Europea.
Con una vigencia hasta agosto 2026, España desarrollará 211 reformas estructurales y 109 planes de inversiones por valor de 69.500 millones de euros, divididos en 406 hitos y metas. La reforma del sistema de pensiones para hacerlo más sostenible y del mercado laboral para hacerlo más seguro están en estos programas, que fuentes de la Comisión no han detallado porque España sigue negociando con los agentes sociales de cada sector. Lo más destacable es que se pretende que el trabajo en España vuelva a primar los contratos indefinidos para acabar con la precariedad.
El mercado laboral recibirá 2.400 millones para su modernización. Y se primarán los contratos indefinidos tanto la Administración Pública como en el sector privado. En este sentido, hay un compromiso para reducir el desempleo temporal en el sector publico. La reforma de la fiscalidad y del sistema de pensiones van de la mano, aún sin detallar por estar en proceso de negociación con los sectores implicados. El sector del turismo recibirá 3.400 millones para su transformación y las medianas empresas recibirán 3.000 millones para transformarse digitalmente y favorecer su internacionalización.
Los planes de igualdad de género y la modernización de la educación primaria y universitaria entran en los criterios del Plan con 1.600 millones y 1.500 más para dependencia y servicios sociales. Se implicará el sistema de acceso a la renta de inserción mínima con unas políticas reales de formación y reingreso de los ciudadanos en el mercado laboral.
Los criterios de evaluación que se han tenido en cuenta se contienen en las seis primeras claves del Reglamento. Un 28 por ciento de los objetivos debe dedicarse a la transformación digital, con inversiones en la estrategia del 5G, inteligencia artificial y un plan nacional de ciberseguridad. Por ejemplo, para la instalación de las conexiones de 5g se dedican 13.200 millones de euros. Hay 4.600 millones para las medianas empresas digitales y 3.600 para la formación de los trabajadores en habilidades digitales. La Administración Pública, en especial sanidad y justicia, recibirá 4.300 millones para su reconversión electrónica. Otros sectores favorecidos por la transformación digital son la cultura, el turismo, la educación y los servicios sociales.
La transición verde es otro de los criterios a cumplir por estas reformas, con un 40% de la ayuda en los objetivos del clima. Para ello, se modificará la legislación con nuevas leyes de cambio climático, residuos sólidos y el impacto de la agricultura en el medio ambiente. Hay 13.200 millones para movilidad sostenible y 6.100 para invertir en energías limpias. Otros 7.800 millones irán a reformar el mercado inmobiliario con inversiones en eficiencia energética. Los proyectos transfronterizos, como el corredor ferroviario TENT-T, entran en esta partida.
Fuentes de la Comisión han explicado que “el Consejo sólo tiene un mes para aprobar estas evaluaciones, en el ECOFIN -Consejo de Ministros de Economía y Finanzas- del 13 de julio. Una vez firmados los acuerdos de financiación, la Comisión podría hacer el primer pago de la primera asignación a fines de julio". El primer desembolso incluye reformas e inversiones ya realizadas por el Estado desde febrero de 2020, siempre que se ajusten a los requisitos del Reglamento del Plan EU Next Generation.
A finales de año se comprobará que se han alcanzado las metas presentadas para esta primera fase. “En el caso de España, es fácil que se hayan cumplido, explican porque ha incluido reformas muy amplias e inversiones, como los ERTE, que arrancaron en febrero de 2020”, explica la Comisión, y que se pretende se queden en la legislación laboral. “Por eso ha pedido una solicitud de desembolso para finales de verano, como un anticipo, ya que son reformas ya realizadas”, añaden. Se trata de una potestad de cada Estado.
Si hubiese un retraso en la aplicación de alguna reforma, el Estado puede aplazar su solicitud y que se le otorgue un plazo o bien puede pedir un desembolso parcial. Ambas situaciones se deben discutir en su momento. Lo que no puede hacerse es pasar esa reforma a otra fase, ya que el desembolso depende de que se haya alcanzado los hitos y metas. Además, un Estado no puede dar marcha atrás a las reformas que se han cumplido durante el mecanismo de recuperación de la crisis hasta 2026. Si decide hacerlo, puede haber suspensión de pagos adicionales.
Los planes deben cumplir los seis pilares o requisitos básicos de reformas con un porcentaje determinado en inversiones: el 37% en transición climática y el 20% para la transformación digital. Se trata de abordar las necesidades específicas de cada país r y alcanzar el equilibrio adecuado entre reformas e inversiones. Estos planes están respaldados por un sólido sistema de auditoría y control que garantiza la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
