VALÈNCIA. (EP) España ha apoyado este martes la propuesta de Bruselas para empezar a aplicar un impuesto de sociedades mínimo del 15% para las grandes empresas a partir del 1 de enero de 2023, como parte de un nuevo acuerdo impositivo global para las multinacionales acordado entre los países de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el pasado octubre.
"La adopción de esta directiva es una prioridad para España. Queremos que se haga rápidamente y de modo eficaz", ha apuntado el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, en la sesión pública de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, Ecofin, la primera del año bajo la presidencia francesa.
"Los plazos son ambiciosos y la transposición compleja", ha expuesto Cuerpo, sobre una propuesta que aún necesita el visto bueno de los Veintisiete para ser aprobada, algo que el Ejecutivo comunitario espera que pueda llegar en el mes de marzo.
Cuerpo ha instado a avanzar en la transposición de un impuesto de sociedades mínimo del 15% para empresas con una facturación superior a 750 millones de euros --pilar dos del proyecto de fiscalidad internacional-- sin que el desarrollo de la tributación de los gigantes digitales ---pilar uno--, "sea un obstáculo".
El eje del debate público mantenido esta mañana entre los ministros de Economía y Finanzas de la UE se ha centrado en si los tiempos de desarrollo del acuerdo sobre la reforma fiscal internacional alcanzado entre los países de la OCDE eran ajustados y si la implementación de la tributación de los gigantes digitales y el impuesto mínimo de sociedades del 15% para grandes empresas deberían ir de la mano.
El ministro francés de Economía y Finanzas y nuevo presidente del Ecofin, Bruno Le Maire, ha resaltado: "Políticamente hemos sido los primeros en hacer que la tributación mínima internacional se debatiese y sería bueno que fuéramos los primeros en aprobarla". En un paso más, ha recordado que se trata de un asunto "prioritario" para la presidencia francesa de la UE.
Pese a que una mayoría de países se han mostrado favorables, aún hay cinco países que han manifestado sus reservas a la propuesta, que necesita la unanimidad de los 27 para salir adelante.
Polonia, Hungría y tres Estados miembros más han expresado dudas sobre cómo un impuesto mínimo para las multinacionales afectará a las empresas establecidas en cada país, si afectará a su competitividad o si generará una carga administrativa excesiva.
"Nuestra principal inquietud ahora es la aplicación obligatoria de un impuesto mínimo en todos los Estados miembros, en una aplicación obligatoria que repercutiría sobre las empresas multinacionales y que afectará las reglas internas", ha apuntado el ministro de Finanzas de Estonia, Keit Pentus-Rosimannus.
El ministro de finanzas húngaro, Mihály Varga, ha puesto el acento en cómo esa tributación puede afectar a las multinacionales que operan en el país. Respecto al calendario, Varga ha solicitado que se tenga en cuenta que "la complejidad del tema requiere que los Estados miembros tengan tiempo para analizar y ampliar la directiva".
El ministro de Finanzas y Empleo maltés, Clyde Caruana, ha expresado, por su parte, "fuertes reservas sobre algunos temas" sobre los que no han recibido respuesta "de ningún tipo". En este sentido, ha agregado: "No retiramos el apoyo al proceso, pero no puedo ignorar las graves preocupaciones sobre cómo esto afectará a mi país".
En respuesta a ello, Le Maire ha agradecido el compromiso de Irlanda para avanzar en una tributación internacional porque supone una "evolución importante" del sistema irlandés, al tiempo que ha querido dejar claro que "no es una injerencia sobre la soberanía fiscal" de los Estados miembro.
La iniciativa propuesta por la Comisión Europea el pasado diciembre recoge el compromiso de la Unión Europea con la reforma pactada en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que incluye un tipo mínimo de Impuesto de Sociedades a nivel global del 15%. El objetivo es tener un marco fiscal transparente, equitativo y estable.
El plan de Bruselas, que tiene que ser ahora adoptado por los Veintisiete, establece una exención a las empresas para el pago del impuesto complementario de una cantidad de ingresos que sea al menos del 5% del valor de los activos fijos de la empresa y el 5% de los gastos en nóminas.
