VALÈNCIA. El clamor en la calle está en aumento. Los jubilados ya no esconden su descontento y el debate por la gestión de las pensiones está en boca de casi todo el mundo. ¿Por qué ahora? Cuando la soga le llega al cuello, el ser humano empieza a rebelarse…
El problema no es tanto si está justificado o no aumentar las pensiones. La cuestión está en el poder adquisitivo real que te brinda aquel ingreso (o pensión) y en este sentido debo decir que España, frente a otros países europeos, es país de sueldos bajos y pensiones bajas debido a un coste de vida en teoría más bajo. Digo ‘en teoría’ porque el coste de vida de cada uno es relativo y depende de su estilo de vida. En este sentido puedo entender a pensionistas descontentos porque el que no dispone de ahorros complementarios se ve abocado a vivir de manera bastante austera con lo que son las pensiones en España.
Lo que cada uno de nosotros debe tener claro es que el problema de las pensiones es un problema estructural y demográfico y no solo español sino un gran desafío al que se enfrentan todos los países del mundo. España solo es una parte pequeña del problema. Tal y como han hecho otros países, España haría bien en poner las bases estructurales necesarias para que las futuras generaciones estén mejor arropadas para hacer frente al problema – y mejor pronto que tarde!
Cuando la hucha de las pensiones está casi agotada, los estados pueden compensarlo temporalmente emitiendo más deuda, pueden recortar presupuesto en otros ámbitos (por ejemplo las inversiones) o incrementar impuestos. Pero todas estas medidas son poco recomendables para que sirvan de soporte estructural para hacer frente al problema. Recortar en inversiones estatales reduce las posibilidades de expansión, un país más endeudado lo hace más vulnerable frente a recesiones y aumentar impuestos es altamente impopular y probablemente acabarían pagándolo los más honestos.
Pero vayámonos al grano. Con todo que sabemos hasta la fecha parece inevitable que para garantizar las pensiones de los próximos 10 años el Estado español tendrá que hacer uso de alguna de las medidas antes comentadas. En este sentido usted puede estar tranquilo: tendrá su pensión y hasta tal vez el Gobierno asumirá un incremento. Pero insisto es una solución a medio plazo. Para los que necesitaremos pensión más allá de los 10 años es fundamental implementar un buen sistema estructural que en futuro pueda desahogar algo las arcas del estado.
Un sistema así pasa por el ahorro privado a la jubilación de cada individuo como también por un obligado plan empresarial al que todos los empleados estarían suscritos. En cada nomina tanto empresa como empleado aportarían una cantidad idéntica al plan de jubilación del trabajador. A lo largo de la contratación el trabajador iría acumulando un saldo a su favor y cuando cambia de empleo se traspasaría dicho saldo al plan de jubilación de la nueva empresa donde continuaría aportando y acumulando dinero hasta su jubilación.
Con este sistema cuando se jubila el trabajador, el saldo acumulado en su nombre estaría a su disposición y puede pedir un rescate con pagos de renta mensuales que complementarían la pensión pagada por el Estado. Si además el trabajador tuvo la posibilidad de ahorrar a través de un plan privado dispondría de hasta tres fuentes de ingreso durante la jubilación: la estatal, la del plan empresarial durante su vida laboral y la del ahorro privado.
Sin duda, este último escenario suena a mundo perfecto y si me preguntan pienso que lo realista sería pensar en un sistema de futuro que se apoye cada vez más en planes empresariales o planes de ahorro privados y cada vez menos en ayudas estatales. La ayuda estatal solo debería centrarse en asegurar que desempleados de larga duración tuvieran establecido un plan estatal similar al plan empresarial de los trabajadores en activo y garantizar las aportaciones de estos.
Las alternativas que comento en este artículo no son nada nuevas porque otros países vienen practicándolas desde décadas. Aunque con ello no esquivan el problema, al menos están mucho mejor preparados para hacer frente a el y sobre todo hacen ganar más tiempo al aparato estatal para explorar nuevas fórmulas que evitan tener que tomar medidas reactivas por falta de tiempo o recursos.
El desafío de las pensiones exige que tanto las empresas como las personas pongamos de nuestra parte. La primera piedra la debe poner el Estado y debe buscar una fórmula que implica a empresas y a las personas. Una vez el Estado nos muestre el camino, empresas y personas haremos que el sistema mejore y que funcione.
Christian Dürr es responsable Asesoramiento Patrimonial en Ética Patrimonios EAFI