Estado de desecho

Los últimos días han sido un no para sobre las posibles fechas de publicación de la sentencia del dichoso ‘prusés’, es decir, la sentencia que debía fijar las penas para los máximos responsables de los acontecimientos que de manera clara y palmaria violentaron la vida pública, las calles, plazas y pueblos de Cataluña, en definitiva, la convivencia entre españoles, guiados por unos motivos tan indignos como falsarios. 

Desde que los responsables de hostigar, manipular, engañar y arengar a la ciudadanía catalana están en prisión provisional a la espera de la decisión del máximo tribunal de la justicia en España, era obvio que habría una condena por los hechos que se produjeron y las tipificaciones que recoge el Código Penal, por lo tanto, la única duda era el grado de severidad y la consideración de los magistrados respecto a considerarlo delito de rebelión o de sedición. En consecuencia, no había motivo para la sorpresa ni para el “llanto y rechinar de dientes” bíblico, que de alguna forma intentan trasladar a la calle los independentistas.

La realidad ha sido profundamente triste para las personas civilizadas, para quienes saben contener y expresar sus emociones como toca y cuando toca, para quienes cumplen escrupulosamente con las obligaciones que impone la vida en un estado de derecho, para la inmensa mayoría de españoles que a su manera quieren a su patria y sienten orgullo de formar parte de una nación común. Por cierto, el eterno mantra de la pluralidad y diversidad de los pueblos de España es algo así como decir la pluralidad y diversidad de los pueblos de la Comunitat Valenciana, y de los de la provincia de Valencia, y los de la comarca de La Safor porque hasta los arroces se hacen con matices diversos. Todo ello no elimina ni un ápice la forma de vida y la cantidad de similitudes y parecidos entre todos los españoles. 

Hablo de triste, pero creo que muchos también sentimos pena y rabia contenida al ver como las hordas, mayoritariamente de jóvenes, gente que ya nació con el independentismo gobernante del clan Pujol, salían a las calles henchidas de odio y rencor, para alterar el orden público. Especialmente cuando contemplamos como la masa tumultuaria bloquea infraestructuras básicas de una nación democrática y civilizada como el aeropuerto de Barcelona o las vías del tren de alta velocidad española, entorpeciendo a miles de personas su derecho a la libre movilidad, a trabajar, a viajar y a desarrollar su vida con normalidad. 

El hecho más grave y que sorprendentemente suele pasarse por alto, es que el nacionalismo independentista no tiene reparo en proclamar que el pueblo, es decir la masa, el gentío, el grupo está por encima de la ley y el derecho. Justamente la conquista del estado actual, el sometimiento a la ley que nos hace a todos iguales, la separación de poderes teniendo el poder judicial como poder clave para dirimir en nuestros conflictos, y el respeto a las normas para facilitar la convivencia se lo cargan proclamando la justicia tribal y popular, propia de regímenes dictatoriales.

El estado de derecho en la comunidad autónoma catalana parece estos días un estado de deshecho, un lugar donde sacar la bandera de la nación es una provocación que la propia policía te pide retirar y salir a cortar carreteras, vías de tren y aeropuertos es una manifestación libre y pacífica por un descontento social. La gravedad de la situación se suma a la pre-campaña electoral que provoca que los representantes de los partidos estén intentando encajar su opinión sobre dicho problema, a lo que las encuestas puedan reflejar sobre el sentimiento del electorado. La situación de excepcionalidad en la que vive una parte de España requiere no solo mayor firmeza por parte del gobierno en funciones sino una coalición y cooperación por parte de todos los partidos que se consideren constitucionalistas dejando cualquier tipo de diferencia por posiciones políticas al margen y generando seguridad en la inmensa mayoría del pueblo español que espera que este virus desaparezca de la sociedad española.