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Desde la bonificación de 20 céntimos al combustible al límite a subidas de alquileres 

Estas son las medidas del Plan de Respuesta a la guerra, que movilizará 16.000 millones

Alberto Ortega/ EP
29/03/2022 - 

VALÈNCIA. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el 'Plan de Respuesta' al impacto económico de la guerra en Ucrania, que incluye el 'veto' a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.

Las tres vicepresidentas del Gobierno --Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera-- han sido las encargadas de desgranar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las principales líneas del real decreto-ley aprobado este martes y que se extenderá hasta junio, con el objetivo de frenar el impacto económico y social que ya está provocando la guerra.

"El impacto de esta crisis en el PIB y la inflación dependerá de la respuesta que demos", ha advertido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha remarcado la voluntad del Gobierno de preservar "al máximo" la senda de recuperación iniciada en 2021.

Por ello, espera el apoyo unánime del Congreso al plan de choque, para lo que ha pedido a los "partidos estén a la altura". Ante las críticas de la oposición por la falta de medidas fiscales, la vicepresidenta ha afirmado que el plan ya incorpora la prórroga de las bajadas de impuestos vinculados a la factura de la luz y ha informado de que incluso algunos de los sectores afectados pedían explícitamente no rebajarlos.

El Gobierno contempla la movilización 16.000 millones de euros con este plan, de los que 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajada de impuestos y otros 10.000 al impulso de una nueva línea ICO. Este despliegue de recursos públicos tendrá un impacto fiscal "importante" en los presupuestos, según ha reconocido la propia vicepresidenta primera, aunque ha indicado que hay margen porque el déficit de 2021 ha sido menor del estimado.

Ayudas a familias, trabajadores y desplazados

Entre las medidas más importantes que ha esbozado la vicepresidenta primera para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas destaca la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas.

El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos, aunque algunas compañías ya han anunciado rebajas superiores. El objetivo es que esta medida sea efectiva ya desde este mismo viernes, 1 de abril, y ha defendido la decisión de que esta bonificación se dirija al conjunto de la población y no se aborde por niveles de renta. "No podemos pedir al gasolinero que solicite nóminas o declaraciones de la renta", ha argumentado.

El impacto presupuestario de esta medida asciende a 1.423 millones de euros. Los suministradores de carburantes y combustibles podrán solicitar mensualmente la devolución de los descuentos que implica esta bonificación y también tendrán la posibilidad de pedir un adelanto a la Agencia Tributaria.

En este sentido, desde el Ejecutivo se ha asegurado que se estará atento para evitar que se produzca ningún tipo de práctica fraudulenta por parte de las petroleras en torno a esta rebaja en combustibles. El Gobierno recuerda que existe un sistema de supervisión que lo lleva a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y han remarcado que cualquier mecanismo que lleve consigo una bonificación o ayuda requiere que se persigan posibles prácticas fraudulentas.

Este eje también incorporará la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% en los próximos tres meses. Esta medida será obligatoria para grandes tenedores, mientras que los pequeños propietarios podrán negociar el incremento con los inquilinos. En caso de no haber acuerdo, solo se podrá subir la renta hasta el 2%.

También se incluye el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables.

Prohibido despedir por la subida energética

Además, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares; se prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz, y se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohiben los despidos objetivos en los sectores que reciban ayudas, como ya sucedió durante la pandemia. Pero, además, ahora se añade una nueva prohibición: el despido estará injustificado por causas que tengan que ver con el encarecimiento de la energía.

Díaz ha señalado que las empresas que incumplan estas prohibiciones tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas y ha advertido a los empresarios de que, habiendo mecanismos como los ERTE, "no hay que despedir" trabajadores.

"Tenemos todos los mecanismos de protección social, los ERTE ordinarios y el mecanismo RED para que esto no se produzca. No tiene sentido recurrir a un ERTE si luego la vocación de los empleadores es despedir (...) No tiene sentido destinar y darles recursos públicos si luego se les permite despedir", ha enfatizado.

También se ha dado 'luz verde' al Plan Nacional de Ciberseguridad que, finalmente, estará dotado con una inversión de más de 1.200 millones de euros, frente a los 1.000 millones anunciados previamente.

Ayudas al tejido empresarial

En cuanto a las medidas para apoyar al tejido económico y empresarial, el plan contempla una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Estos avales se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses, según ha explicado Calviño.

Foto: EDUARDO MANZANA

Además, se flexibiliza el código de buenas prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondiente a los créditos Covid, de forma que se rebajan los requisitos para la extensión de vencimiento. "Ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo", ha avanzado la vicepresidenta primera.

Además, se habilita un periodo de carencia de seis meses a petición de los deudores de los sectores más afectados y se establece la obligatoriedad a las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.

Asimismo, el Plan contempla un paquete de ayudas directas de 430 millones de euros para el sector agrario, de los cuales 68,18 millones de euros se destinarán para la pesca extractiva y acuícola. En concreto, habrá ayudas directas para buques y empresas armadoras por valor de 18,18 millones de euros para compensar por el incremento, sobre todo, del precio del gasóleo, tras el inicio de la guerra de Ucrania. Estas ayudas a buques oscilarán entre los 1.550,52 euros por barco (con un tonelaje bruto de menos de 25) hasta un máximo de 35.000 euros para los buques a partir de 2.500 de tonelaje bruto.

También se destinarán más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad, 125 millones para la industria gas-intensiva y 450 millones para empresas del transporte de mercancías. Las ayudas directas para este sector se traducirán en una cuantía de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, que incluye taxis, VTC y ambulancias. Respecto a las medidas consensuadas con los transportistas, el Gobierno ha impulsado un paquete de medidas que asciende a 1.000 millones de euros.

Foto: EDUARDO MANZANA

Energía

En cuanto al eje vinculado a la energía, el objetivo del Gobierno es negociar con la Comisión Europea "el precio más bajo posible" para el gas, con el fin de abaratar de forma significativa el precio de la electricidad. 

Además, el Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de junio las medidas fiscales aplicadas a la electricidad y ha prorrogado el recorte temporal a las centrales no emisoras de gas por sus 'beneficios caídos del cielo'. Esta medida se aplicará a las revisiones y renovaciones de contratos, así como para los nuevos, con un tope de entre 67 y 70 euros.

En cuanto al bono social, se amplían las empresas obligadas a sufragarlo y se aplica una extensión automática para las personas que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Respecto a las empresas con un consumo intensivo de energía, se aplicará una rebaja del 80% de los peajes, con un coste de 250 millones de euros, se aumentará la dotación para compensar los impuestos al CO2 y se establecerán ayudas específicas a los sectores más afectados. 

Otra medida es la actualización del sistema de retribución para las renovables acogidas a subvenciones (Recore), con una rebaja de cargos del sistema de 1.800 millones de euros. En este sentido, el Gobierno estima que la factura de la luz para un consumidor medio podría reducirse en 6 euros con los ingresos obtenidos por adelantar un año el ajuste a las instalaciones del régimen de retributivo a las renovables.

El gas para electricidad, al precio más barato posible

Por último, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han destacado que el Ejecutivo desea que el precio tope que se ponga al gas para generación eléctrica sea lo más bajo posible a fin de reducir los precios en el mercado mayorista eléctrico. En relación a ello, España y Portugal mandarán en próximos días su propuesta conjunta de mecanismo para desacoplar el gas de la formación de precios en el mercado mayorista ibérico.

Entre los precios límite de 50 euros/MWh y de 35 euros/MWh que han circulado, España intentará que el límite sea lo más bajo posible. Según las mismas fuentes, el mecanismo para el que pedirán autorización a la Comisión Europea evita una intervención directa en el mercado eléctrico a través de la limitación del precio del gas, a fin de conseguir que las tecnologías que no lo utilizan para generar luz cobren por debajo de los precios mayoristas que hay en la actualidad, que, por ejemplo, hoy está en 255 euros/MWh.

Estas tecnologías que no utilizan gas, las denominadas inframarginales, perciben por el sistema marginalista que rige el mercado mayorista la misma cantidad que la última tecnología que casa precio, la más cara, lo que hace que, con el encarecimiento del gas que hay, se dispare el coste de la electricidad.

El mecanismo consistiría en poner un precio al que el gas oferta en el mercado eléctrico, de forma que con lo obtenido en el mercado los ciclos combinados cubrirían una parte de su coste y lo que no se alcanzara por esa vía se ajustaría entre el resto de tecnologías, con lo que toda la energía cobraría sólo hasta el máximo del tope que se fije.

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