VALENCIA. Unos a favor de la reversión a la sanidad pública de la concesión del hospital de La Ribera y otros más escépticos. Así se mostraron los sindicatos en la jornada“Aspectos jurídicos y laborales del rescate o finalización de las concesiones administrativas”, celebrada este martes en el Hospital de Alzira y organizada por Ribera Salud.
Moderados por Eusebio F. Ortiz Font, director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, explicaron sus inquietudes pero también hicieron un llamamiento a la calma a los trabajadores.
Andrés Cánovas, secretario General de CESM Comunidad Valenciana, apuntó a la exigencia del sindicato a la conselleria de tres parámetros: mantener las condiciones de los trabajadores contratados, mantener las especialidades del hospital y que los desembolsos económicos de la reversión justifiquen la medida. No obstante, se mostraron partidarios de la reversión.
Daniel Matoses, presidente de CSIF Comunidad Valenciana, explicó que cuando la consellera de Sanidad les informó de la voluntad de internalizar el departamento de Alzira, le exigieron para poder pronunciarse saber qué pasaba con el profesional, con la calidad de los servicios que se prestan y con el impacto económico para la ciudadanía. "Esto continúa estando vigente porque todavía no han dicho nada", aseguraba y señaló que Montón aludió al mantenimiento de los puestos de trabajo pero no quién los ocupará, si los mismos trabajadores u otros.
"Nos preocupa que Sanidad previamente no haya tenido en cuenta estas tres premisas y si no lo ha hecho sería una temeridad", señalaba. "Uno puede pensar que lo que se nos quiere decir no nos va a gustar y quieren agotar plazos para que tengamos menos tiempo de reacción". Instó a la conselleria a que les diga qué va a hacer. "Si la reversión significa echar a 1800 personas a la calle, la calidad va a ser peor y si el impacto económico va a ser mayor que el interés público no estamos a favor", recalcó.
Javier Aznar, presidente de la Comisión Gestora SATSE-Valencia, destacó que su posicionamiento por la Sanidad es que sea universal, de gestión directa y de fondos finalistas. "Siempre hemos sostenido que el modelo de concesión administrativa es una decisión política pero la reversión también y si estas decisiones políticas no se hubieran tomado no estaríamos aquí", reconoció.
"En todo este tiempo con Ribera Salud, siempre hemos defendido que las condiciones se equipararan en las concesiones con las de la administración. En el último convenio la empresa ha hecho un esfuerzo importante para que todos lo firmaran", apuntó, sin embargo insistió en que lo que ocurra a partir de ahora no depende de una decisión sindical.
"A la administración le hemos trasladado tres cuestiones muy claras. Que no se mermen las condiciones laborales, que no se destruya empleo, que se abra un proceso paulatina de negociación con la máxima seguridad jurídica", apuntó y recordó que la consellera aún no ha especificado el modelo de gestión: si será un empresa o fundación pública, por ejemplo.
Además, quiso ver la parte positiva de esta situación. "Hay que tener la mente abierta. Durante todos estos años habéis estado puntuando para la administración pública. Lo podríais aprovechar para puntuar en una oposición que no podríais tener si no estuvierais aquí".
Lourdes Ramírez de Arellano, secretaria de Acción Sindical SAE-Valencia, insistió en que los servicios que se están dando e la sanidad pública valenciana son de "primerísima calidad". También recordó la internalización en el Hospital General de la unidad de UHD "proceso en el que los trabajadores han estado respaldados".
De hecho, apuntó a que la preocupación no está totalmente justificada. "Los sindicatos nacen para garantizar los derechos de los trabajadores y los sindicatos trabajarán para que sean mantenidas. Muchos incentivos que están cobrando revertirían en la sanidad pública y los derechos laborales los tenéis garantizados, cada uno en su situación jurídica", apuntó.
Luis Lozano, secretario General de la Federación Servicios Públicos UGT-PV, apuntó a que las dos primeras intervenciones de la jornada, realizadas por un socio de Cuatrecasas y un magistrado del Tribunal Supremo habían añadido más confusión que certeza. En primer lugar, destacó que es la primera vez que una concesión administrativa revierte.
Vio coherente que el personal que pasa de la empresa a la administración no pueda ser personal estatutario, pero sí laboral. Sobre los salarios del departamento de salud, señaló que son prácticamente igual por categorías que la Generalitat, excepto por los incentivos, algo que la empresa "nunca ha querido meter en convenio colectivo". "Eso va a ser difícil que se reconozca".
"Yo creo que no hay ninguna incertidumbre. Sus puestos de trabajo no entrarán en concurso con el personal estatutario. Y en el futuro, cuando la gente quiera ser estatutaria, tendrá que acudir a una oferta pública de empleo como todos los estatutarios", reconoció.
Por otro lado, aseguró que lo que más claro le había quedado del magistrado del Tribunal Supremo era la necesidad pactar, pero que habían sido conocedores de una serie de personas identificadas con puestos de gestión directivos que planteaban reunirse con la conselleria. "Romper la unidad de los trabajadores y el comité de empresa es lo peor que puede ocurrirle a la plantilla de este hospital".
Luis Arturo León, secretario General de la Federación Sanidad CC.OO.-PV, señaló que el modelo Alzira siempre ha tenido contestación social como la plataforma de defensa de la sanidad pública de La Ribera. También señaló que Ribera Salud opera en otros hospitales con distintos convenios colectivos pero que los de Alzira.
"El modelo Alzira lo ampara la ley, y durante muchos años ha venido prestándose con legalidad. Ahora, un Gobierno legal nuevo plantea que quiere gestionar los recursos de una manera directa, porque introducir el lucro dentro de la sanidad no convence a todos", aseguró.
"A mí la intervención primera me ha parecido un poco tétrica. La situación que es real es mucho más alentadora y no hay que tener tanta preocupación. Hay una expiración del contrato. Hay tiempo suficiente y la consellera tiene que plantearlo con un año de antelación, según el contrato", aseguró Arturo León.
"En cuanto a los trabajadores, esto no va a desaparecer. La subrogación del personal también está el ámbito de la administración pública", destacó, pero reconoció la imposibilidad de hacer estatutario al personal "algo que se ha llegado a decir en elecciones".
