Foto: LU YANG/ZUMA PRESS/CONTACTOPHOTOVALÈNCIA (EFE). Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) inician este lunes una nueva etapa de disciplina fiscal, en la que buscarán sanear sus cuentas públicas después de cuatro años en los que desplegaron ayudas e inversiones sin el corsé de las reglas que limitan déficit y deuda.
Los titulares de Finanzas del euro mantendrán, en concreto, un debate sobre la política fiscal de la zona euro en 2025, el primer año en el que los presupuestos nacionales tendrán que basarse en las nuevas reglas fiscales que entrarán en vigor en mayo, salvo sorpresa, una vez sean aprobadas formalmente.
La economía se frenó en 2023 con un crecimiento anual del 0,4 %, muy inferior al 3,4 % de 2022 y al 6 % de 2021, pero los países del euro lograron esquivar una recesión técnica que se daba por segura en los últimos compases del pasado año.
Las últimas previsiones de la Comisión Europea apuntan a una aceleración de la actividad en la segunda mitad del año que previsiblemente estará acompañada de las primeras bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), a medida que la inflación se acerca al objetivo del 2 %.
Aunque reconocen que es "un reto" porque esta fase también requerirá de inversiones en las transiciones verde y digital, fuentes comunitarias asumen que "el año que viene será el momento de la consolidación fiscal", aunque remarcan que "algunos Estados miembros tendrán que dar esfuerzo de consolidación más ambicioso que otros".
"Está clara la necesidad de reconstruir colchones presupuestarios", subraya un alto funcionario, para quien esta orientación de la política fiscal no es "controvertida" puesto que ya se daba por segura desde hace meses.
La base para que los socios del euro preparen sus presupuestos de 2025 será el nuevo marco fiscal. Aunque los gobiernos de la moneda común valoraron la posibilidad de retrasar un año su aplicación, finalmente concluyeron que "sería extraño aplazarlo después de tanto debate".
El calendario que se maneja en la capital europea pasa por que las nuevas reglas sean votadas en abril y entren formalmente en vigor en mayo. Esto obligará a los gobiernos a enviar a Bruselas para el 20 de septiembre sus planes de reducción de déficit y deuda con un horizonte temporal de 4 años o 7 si se comprometen a realizar una serie de reformas e inversiones.
En el caso de los países que, como España, tienen un déficit público superior al 3 % que marca el Tratado, las sendas presupuestarias tendrán que estar basadas en una "trayectoria técnica" propuesta por la Comisión Europea.
Como hasta ahora, los Estados miembros tendrán después que remitir antes del 15 de octubre sus borradores presupuestarios de 2025 al Ejecutivo comunitario, que tendrá un mes para evaluarlos.
Además, y ya acompañados de los países que no tienen el euro, los ministros de Finanzas debatirán sobre los próximos pasos para completar la Unión para el Mercado de Capitales, continuando con los debates que ya tuvieron en su reunión de febrero en Gante (Bélgica).
Los socios europeos tienen previsto adoptar una declaración que "identifique" medidas que generan mayor consenso en todas las capitales para que la Comisión Europea que se forme tras las elecciones de junio pueda incluirlas en su programa de los próximos cinco años.
Los aspectos más controvertidos del proyecto, apuntan las fuentes, son los relativos a la supervisión centralizada, la titulización de activos y la reducción de la carga burocrática y el debate tendrá lugar pocas semanas después de que el galo Bruno Le Maire lanzara la idea de avanzar en grupos pequeños si no es posible que los Veintisiete se pongan de acuerdo.
