Aurelio Martínez. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El Puerto de Valencia se prepara para sacar a concurso la gestión de los 700 amarres del puerto náutico de La Marina. Lo hace después de que la Comisión Europea haya dado la razón a una denuncia por competencia desleal al considerar que las ayudas recibidas por la dársena permiten que sus precios sean más reducidos.
Por ello, la gestión del espacio, que ahora depende de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), tendrá que salir a concurso. El Puerto ya trabaja en el diseño de este proceso, que según su presidente, Aurelio Martínez, se prevé lanzar el mes de septiembre, para tenerlo resuelto en 2023, previsiblemente a mitad de año. Martínez dio cuenta de este asunto este viernes después del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, y relató que Europa ha estado insistiendo en la necesidad de sacar a concurso esta gestión.
El espacio náutico afectado estaba cedido al Consorcio Valencia 2007. Pero desde que el ente se encuentra en proceso de liquidación, la secretaría de estado de Hacienda, que era la representación estatal en el consorcio, ha instado al Puerto a sacar el concurso. Debido precisamente a la liquidación del consorcio, el Puerto ha recuperado este enclave y por eso es ahora la Autoridad la que debe lanzar el concurso de la gestión de los 700 amarres.
Hay que recordar que este espacio es uno de los que ahora la Generalitat Valenciana, y en concreto la Conselleria de Obras Públicas y Territorio que dirige Rebeca Torró, reclama que pase a ser propiedad de la administración autonómica. Sobre ello, Martínez recordó que para llevar a cabo la segregación del puerto náutico del puerto comercial, la Generalitat Valenciana debe llegar a un acuerdo con Puertos del Estado, quien -dijo- "tiene la última decisión" sobre esta cuestión.
La lámina de agua de la dársena interior pertence a la Autoridad Portuaria pero la Ley de Puertos permite segregarla y traspasarla a la Comunidad Autónoma siempre que cumpla algunos requisitos como que posea infraestructuras portuarias y espacios terrestres independientes o que no afecte a los servicios del Puerto. Características que se darían en este caso, si bien la segregación de un puerto deportivo es una herramienta que hasta ahora no se ha utilizado y que requiere ser aprobada mediante decreto por el Gobierno.
Unos primeros contactos habrían dado resultados favorables en este sentido, según la Generalitat, pero mientras ocurre todo eso, e independientemente de si la administración autonómica acaba consiguiendo la segregación de la dársena, el Puerto está obligado a sacar a licitación la gestión de los amarres.
Por otro lado, el Puerto negocia ahora con los impulsores de la ya conocida como Torre Eólica. Un proyecto de gran infraestructura diseñado por el despacho de arquitectura del valenciano Fran Silvestre con el respaldo financiero de Net de Gerrers, y cuyos promotores estaban en conversaciones con el Consorcio Valencia 2007. Pero al entrar en proceso de refundación y volver los terrenos a manos del Puerto, han tenido que reactivar el proceso con la Autoridad Portuaria.
En ese sentido, el presidente del Puerto señaló que, dada la situación de impás jurídico del Consorcio, los promotores "han vuelto otra vez al puerto" para ver si desde la APV pueden "facilitar la construcción". Martínez indicó que se encuentra en "negociaciones con ellos" sobre ubicaciones y cánones, entre otras cuestiones, y subrayó que para la Autoridad "no hay inconvenientes si se cumplen las condiciones".
"Por nuestra parte, ninguna pega. Todo lo contrario", dijo, para añadir que intentarán dar "todas las facilidades" para que salga adelante el proyecto. Con todo, uno de los trámites que deberá hacer el Puerto con el Ayuntamiento será presentar una propuesta de modificación puntual del Plan Especial del Puerto. "Es solo un trámite", señaló Martínez, quien evitó referirse a ningún plazo en concreto por el momento.
