VALÈNCIA. (EP). Miguel Ángel Ferri, uno de los ex cinco altos cargos del PSPV-PSOE cuyas contrataciones en la empresa pública Divalterra investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de València, ha declarado que quien le ofreció el puesto directivo fue Ricard Gallego, el entonces jefe de gabinete del expresidente de la corporación provincial y actual alcalde en funciones de Ontinyent, Jorge Rodríguez, mientras que otro de ellos, Salvador Femenía, ha explicado que fue contratado por el exgerente y exdiputado socialista Josep Ramón Tiller.
Según ha podido saber Europa Press, Ferri ha respondido de este modo al fiscal Anticorrupción Pablo Ponce, a cuyas preguntas sí ha respondido, además de a las cuestiones planteadas por el juez y su defensa. La misma estrategia ha seguido Femenía, mientras que el resto de los investigados citados este viernes se han acogido a su derecho a no declarar.
Tanto Ferri como Femenía han manifestado ante el juez que no sabían de que sus contrataciones supusieran ningún tipo de irregularidad y solo se enteraron de ello cuando lo vieron en prensa y en el sumario.
También han negado ser conocedores de que existían informes en contra de sus contrataciones y han apuntado que la entonces cogerente de la firma pública por parte de Compromís, Agustina Brines, les dijo que únicamente había irregularidades de tipo administrativo.
Los exdirectivos de la antigua Imelsa que han comparecido este lunes ante el juez que instruye el conocido como 'caso Alquería' son los cinco que nombró el PSPV: los responsables de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, que desempeñó tareas de asesor socialista; Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l'Alqueria de la Comtesa; del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil en funciones del PSPV de Rocafort, y de Regeneración de Zonas Verdes, Vicente Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y que renunció a los 15 días de ser nombrado para el cargo.
El pasado lunes fue el turno de los cargos investigados que corresponden a Compromís, quienes se negaron a declarar. Según dijo uno de ellos, José Luis Melero, tomaron esta decisión porque desconocían de qué se les acusa. En principio, con esto todas las diligencias previstas en la instrucción del caso ya habrán sido completadas.
A preguntas del fiscal sobre si disponían de firma en la cuenta bancaria de Divalterra o capacidad de firmar contratos han dicho que no. También han negado haber participado en los llamados Consejos de Dirección, el órgano que, según un informe pericial incluido en el sumario, no estaba contemplado en los estatutos de la empresa pública y al que asistían los consejeros de PSPV, Compromís, el asesor Jorge Cuerda y los entonces gerentes de Divalterra y que ejercía funciones de "dirección y control" de la sociedad al margen del de Administración.
Por estas contrataciones están investigados por prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines, además de los nueve directivos contratados supuestamente de manera irregular.
