VALÈNCIA (EFE/Mercedes Salas). Los extranjeros representan el 30 % de los trabajadores de la agricultura española, con una importancia creciente por la necesidad de mano de obra, lo que pone de manifiesto la necesidad de cambios para que se facilite su contratación, se regule mejor y se evite los abusos laborales.
La presencia de inmigrantes en el campo es patente y está asentada, con 227.000 hombres y mujeres que trabajan en la agricultura, aparte de los empleados en la industria agroalimentaria.
Los empresarios y los sindicatos coinciden en su importancia y admiten que hay hueco para ellos en el sector, pero advierten de que hacen falta reformas para garantizar su inserción en las zonas rurales y lograr que su contratación sea regulada.
En el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social hay cerca de 200.000 afiliados extranjeros (199.669 a 31 de julio), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que supone un 32,3 % del total; de ellos 149.353 son hombres y 50.316 mujeres.
Por comunidades autónomas destaca Andalucía, con 64.149; Murcia tiene 41.432; Cataluña, 20.651; la Comunidad Valenciana, 17.746; Aragón y Castilla-La Mancha, 14.964, respectivamente -aunque en el campo castellanomanchego hay más mujeres-; Castilla y León, 8.553, y Canarias que cuenta con 2.536.
Por provincias, Murcia es la primera, seguida por Almería (31.093) y Huelva (17.293).
De los afiliados extranjeros, 158.797 proceden de fuera de la Unión Europea (UE) y 40.872 son comunitarios y los principales orígenes son: Marruecos (79.691), Rumanía (32.746), Senegal (14.891) y Ecuador (7.889).
A estas cifras hay que añadir los 27.239 afiliados extranjeros dedicados a la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca dentro del Régimen General de la Seguridad Social y del régimen de trabajadores autónomos RETA.
Entre los trabajadores extranjeros en la agricultura hay que distinguir entre los que vienen con oferta de trabajo y contratación en origen y los que están ya dentro de España, muchos en situaciones que complican su reclutamiento, según el sector.
La vicesecretaria general de la organización agraria UPA, Montserrat Cortiñas, ha subrayado a EFE que la contratación en origen funciona.
Como ejemplo, ha citado la campaña de frutos rojos de Huelva, a la que acuden temporeras marroquíes y que se ha abierto a otros países, con experiencias de empresarios que viajaron a Honduras y Ecuador para contratar en anteriores campañas.
Los procedimientos de migración circular otorgan a los extranjeros una autorización que habilita a trabajar un número de meses al año, permite que vengan a España a las cosechas y después vuelvan a sus países.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado acuerdos con Mauritania, Gambia y Senegal en su visita a África para agilizar esos procesos.
Pero en la agricultura trabajan también extranjeros que están en España en situaciones más irregulares y cuya contratación es difícil para el empresario.
El Gobierno ha iniciado una reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, en consulta pública, con el fin de simplificar el esquema de autorizaciones, que ha movido a las organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones) a reivindicar soluciones para solventar sus problemas de personal.
Entre las demandas destaca la revisión del criterio de "arraigo", para el que se piden pruebas difíciles de obtener por los emigrantes.
Cortiñas ha defendido una regularización que proporcione mano de obra extranjera y familias a las zonas rurales, y ha precisado que los pequeños y medianos productores tienen más difícil asumir los costes de contratación, sobre todo en casos de cosechas que "con una granizada" pueden cambiar en un día.
El secretario sectorial agroalimentario de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Sebastián Serena, ha explicado que la importancia de los inmigrantes en el campo es pública, y valora experiencias como las que se tienen con África y Latinoamérica.
La cara negativa, apunta, es la presencia de trabajadores ilegales en España, que son sometidos a abusos laborales.
Al respecto, ha abogado por dotar a los sindicatos de las herramientas necesarias y para controlar y supervisar que se cumplen las condiciones laborales.
Muchos trabajadores inmigrantes del sector agrario, ha explicado Serena, se han pasado a la industria alimentaria, donde su presencia es notable en el ámbito cárnico y los mataderos; en algunas cárnicas españolas hay "más de 20 o 30 nacionalidades".
"La diferencia en estas empresas industriales es que trabajan con contrato legal, con una jornada regulada y convenio colectivo", ha apuntado Serena.
La agricultura no cuenta con convenio estatal sectorial y se rige por convenios provinciales, algunos en suspenso.