Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València se dispone a adjudicar el 'megacontrato' de jardinería de la ciudad para los próximos cinco años. La mesa de contratación ya ha hecho sus valoraciones y ha propuesto la adjudicación del servicio en diferentes lotes a las compañías Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Vivers Centre Verd y la Compañía Especial de Empleo e Integración.
Así, FCC y SAV serán adjudicatarias de los dos primeros lotes, referentes al cuidado de zonas ajardinadas, parques y bulevares de la zona norte y sur respectivamente del Cap i Casal. Servicios que, cabe recordar, ya venían prestando en virtud del anterior contrato suscrito en 2015. En total, son casi 280 hectáreas de la ciudad, donde no se incluye el gran Jardín del Turia, del que se encarga el Ayuntamiento directamente
Sus ofertas, ganadoras en sus respectivos lotes, ascendieron a 33,8 y 26,9 millones de euros, que serían a priori los precios de adjudicación. Y aunque no eran las ofertas más baratas, gracias a otros aspectos como la maquinaria, los vehículos, los planes de mejora o la organización técnica, vencieron en la puntuación total -86 y 84 puntos, respectivamente- a otras aspirantes como Valoriza (Sacyr), Légamo o Centre Verd.
Un tercer lote estaba dedicado exclusivamente al mantenimiento del arbolado viario de toda la ciudad. Aquí ha sido Centre Verd la que se ha llevado el gato al agua con 85 puntos, por encima de otras compañías concurrentes como SAV, Valoriza o Aguas de Valencia en conjunto con Qualitas y Paimed. En total, tendrá que hacerse cargo de 64.100 árboles: riego, abonado, poda, conservación, tratamiento sanitario vegetal, etcétera. Y ello por 22,8 millones de euros.
Por otro lado, el consistorio había incluido un cuarto lote de menor tamaño, relativo a los cuidados para el jardín de la Rambleta y el jardín central del Campus de Tarongers -unas 7,5 hectáreas- y que se ha desgajado del resto de jardines para que concurrieran centros especiales de inserción social. En este caso ha ganado la Compañía Especial de Empleo e Integración frente a Albanta Jardines, y se le adjudicará por 1,3 millones.
El gobierno municipal incrementó considerablemente la partida dedicada a este gran contrato consistorial. Se prevé adjudicar, sumando el conjunto de los lotes, por valor de 84 millones de euros frente a los 45 que se gastó en el anterior contrato. El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, señaló en su momento que este aumento presupuestario se debe, en parte, al crecimiento de las zonas verdes en la ciudad, como el Parque Lineal de Benimàmet, el Parque de Malilla y otras zonas para niños y para perros creadas en diferentes distritos, lo que "hacía imprescindible más recursos".
En el proceso, además de la baja económica de las ofertas, se han tenido en cuenta los puestos de trabajo, así como los vehículos y el gasto en suministros, la presentación de un plan de mejora, la organización técnica del servicio y los programas de trabajo, además de otros como la promoción interna de los empleados, la gestión informática y la sostenibilidad en las praxis ambiental.
El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, explicó que "se quiere premiar la oferta de más calidad, no la oferta más barata". De hecho, las vencedoras en los primeros tres lotes no fueron las más económicas. Campillo también indicó que el nuevo contrato supondrá la contratación de al menos un 20% más de personal para pasar de los 274 puestos de trabajo de este momento a un mínimo de 328. También se fomenta la contratación de mujeres -al menos la mitad de los nuevos empleados han de ser mujeres- y la profesionalización.
Hay que recordar que la licitación, una de las adjudicaciones estrella del Ayuntamiento, ha superado dos recursos sindicales, de UGT y CCOO, que pedían que en los requisitos para la adjudicación del contrato primara la aplicación del convenio colectivo de empresa y no el sectorial, ya que el primero contiene condiciones más favorables a los empleados de las contratas.
En ese sentido, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, concluyó que las referencias a los colectivos sectoriales que recogen los pliegos no implican que se esté "imponiendo el cumplimiento de un determinado convenio" porque la naturaleza de esta cuestión es "estrictamente laboral" y no se circunscribe al ámbito de la contratación pública.
Al final, dijo el Tribunal, "la obligación de la contratista lo será con relación al convenio colectivo que resulte de aplicación (el ordinario, el sectorial de la actividad y, en caso de existir, el convenio de empresa, que resultará de preferente aplicación)". Así pues, el organismo confirma "la falta de vinculación" del pliego con los efectos en cuanto a normativa laboral se refiere, por lo que acabó desestimando sendos recursos y reactivando el proceso de contratación, que ahora sigue su curso.
