VALÈNCIA (EP). La Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval) ha propuesto, a través de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que el Plan Simplifica, impulsado por la Generalitat Valenciana, contemple la eliminación de la tasa de los proyectos de obra pública.
El gobierno autonómico valenciano presentó este plan hace unas semanas con el objetivo de lograr la simplificación y la eliminación de burocracia. En la actualidad, todas las licitaciones de obra pública incluyen una serie de tasas, cuyo coste ronda el 4% de su presupuesto: de dirección, de redacción del proyecto, de obras e informes, según ha apuntado la entidad en un comunicado.
El presidente de Fecoval, José Luis Santa Isabel, ha explicado que esta tasa "es como hacerse trampas al solitario ya que, por ejemplo, si la administración adjudica a una empresa un proyecto por valor de 100 millones de euros, la adjudicataria solo cobrará 96, pues los otros cuatro los retiene la administración a través de tasas”.
En su origen estos pagos se utilizaban como "prima" al personal funcionario, "algo que ya no ocurre a día de hoy, ya que esa recaudación la realiza la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria (AEAT)", ha indicado la entidad.
El problema surge cuando hay que hacer una revisión de precios y actualizar el valor del proyecto, ha precisado. “La controversia es que hay administraciones que dicen a que la cantidad revisada hay que aplicarle la tasa y otras entienden que no”, ha añadido el presidente de Fecoval.
Existe además una tasa de revisión por los trabajos que hace la administración y, en este caso, a la controversia anterior se une la aplicación o no de este canon. “Ante una revisión tenemos infinitos escenarios que varían según la administración: se cobran las dos tasas, se aplica solo la de la revisión o no se aplica ninguna", ha explicado.
Por ello, ante "tal locura interpretativa, y sabiendo que estas tasas hoy no tienen ningún sentido finalista", los contratistas defienden que se deben anular "y evitaríamos así conflictos a las empresas contratistas de obras públicas”, ha argumentado José Luis Santa Isabel.